Resumen: El Sistema Financiero español está en crisis, se ha utilizado el endeudamiento tanto con el público nacional como extranjero, de forma irresponsable. El Banco de España no ha sabido fiscalizar como debía la actividad bancaria, favoreciendo el auge especulativo y el elevado riesgo bancario. En la última década, el Gobierno de España ha basado su política de crecimiento en la especulación financiera y del sector de la construcción, en vez de favorecer la economía productiva. En la situación actual se necesitan políticas económicas que favorezcan la estabilidad y medidas urgentes para evitar la quiebra no sólo de la banca, sino también, la de muchas empresas y de las propias familias españolas.
La crisis financiera ha obligado al Gobierno socialista a tomar una serie de medidas con el objetivo de salvar a las entidades bancarias de una posible quiebra, de evitar el crecimiento de la morosidad y la falta de liquidez, así como que el crédito llegue a la economía productiva. No obstante, la falta transparencia a la hora de hacer efectivas las medidas, amenaza la credibilidad del Gobierno, fundamentalmente porque los planes de ayuda al sector bancario, pueden utilizarse únicamente para que éstos puedan hacer frente a los vencimientos de sus deudas y no para generar nuevos créditos. Además, la restricción del crédito ya está pasando factura a la economía productiva.
Los ciudadanos se sienten rehenes del sistema financiero, y ven cómo sus rentas están cada día más amenazadas y se les exige cada vez mayores sacrificios, mientras que, los grandes empresarios se jactan de obtener pingÁ¼es beneficios y los sindicatos están prácticamente desaparecidos. Hace unos años probablemente este mismo problema hubiese significado más de una huelga general. Además, el principal partido de la oposición, el PP, se alinea con las tesis del Gobierno y deja que el Ministro de Economía Pedro Solves se salga con la suya, teniendo que acudir al Congreso únicamente a informar cada cuatro meses sobre qué bancos o cajas han accedido a los fondos de préstamo, para obtener liquidez vendiendo sus cédulas hipotecarias y otros activos (con el compromiso de volverlos a comprar), en teoría de «gran calidad».
Las familias pueden ser finalmente las más afectadas por esta crisis si la restricción del crédito acaba con el cierre de muchas empresas, y, aumentando aún más si cabe las cifras del desempleo. El exceso de confianza de algunas familias en el crecimiento de la economía y en la evolución de los precios de las viviendas, les ha conducido a un callejón sin salida, o pagan las hipotecas o se quedan sin ellas y sin el resto de su patrimonio, embargándoseles inclusive hasta la nómina del mes hasta cancelar su deuda. El aumento de los tipos de interés como consecuencia de la crisis de petróleo y del mal funcionamiento del sistema bancario, han elevado los costes de sus hipotecas y de otros créditos al consumo, que se actualizan al euribor (tipo de interés de mercado al que se prestan dinero las instituciones bancarias) por encima de sus posibilidades.
El problema para las empresas radica en que no pueden encontrar liquidez en el sistema financiero español, ni tampoco en el extranjero. Por un lado, las grandes compañías que hasta hace bien poco conseguían financiación directamente mediante la emisión de deuda que colocaban en el mercado, ya no lo consiguen, o en el mejor de los casos se ven obligados a pagar intereses mucho más elevados. De otra parte, las pequeñas y medianas empresas (aquellas que generan más del 80% del empleo de nuestro país), aún lo tienen más difícil, pues están supeditadas a los créditos que les otorguen los bancos y cajas, y éstos, porque no tienen suficiente liquidez para todos, o quizás, porque tengan más dificultades de las que aparentan debido a la crisis financiera mundial, han volatilizado sus posibilidades de otorgar créditos. Tanto es así, que algunos empresarios esperan que, a pesar de las ayudas que puedan recibir los bancos y cajas por parte del Estado, los problemas para acceder al crédito persistan, y no les faltan razones pues el Gobierno del PSOE ha perdido buena parte de su credibilidad.
Los pequeños y medianos empresarios, ante esta coyuntura económica tan adversa, y, para evitar el cierre de muchas empresas, se han planteado solicitar al Gobierno una prórroga en el pago del Impuesto de Sociedades, y del IVA, todo con el fin de obtener liquidez a corto plazo, al menos hasta que el tan anunciado crédito llegue a sus empresas. De otra parte, algunas grandes empresas pretenden, como en el caso de las compañías eléctricas, y debido a la dificultad de colocar deuda privada en el mercado (porque las subastas de deuda quedan desiertas), buscar otras fórmulas muy arbitrarias e irresponsables de financiación a corto plazo: elevando las tarifas que pagan los consumidores en más de un 31%. Más arbitraria si cabe aún, cuando debido a la crisis, las rentas de las familias están resultando bastante perjudicadas. Las compañías eléctricas hablan de déficits y que no cubren sus costes reales, y sin embargo, por otra parte, obtienen importantes beneficios (en los tres primeros trimestres de 2008 obtuvieron la friolera suma de 10.000 millones de euros). Mientras tanto, las familias que ya están lo suficientemente afectadas con la crisis, que no ha hecho más que empezar, pueden no estar dispuestas a que se les intente repercutir los problemas de liquidez de las grandes empresas. El Gobierno y la oposición deberían tomar cartas en el asunto e impedir cualquier intento de incrementar las tarifas eléctricas por encima de la inflación prevista, si lo que se quiere es garantizar que el consumo privado no retraiga aún más el crecimiento de la economía y les devore la recesión. Más aún, cuando las familias ya han soportado un incremento en el recibo de a luz de más de un 9% en total durante el 2008.
Otras grandes empresas pretenden que el Estado avale su deuda, como lo ha hecho con los bancos, para así hacerla más atractiva y conseguir liquidez más fácilmente en un mercado que hoy mira con recelo cualquier tipo de deuda que no esté garantizada. En cualquier caso, de no conseguir liquidez colocando sus títulos en el mercado, el problema se podría agravar si finalmente las grandes empresas deciden competir con las pequeñas y medianas empresas acudiendo a los bancos y cajas para obtener créditos. Esta es una de las razones, aunque no la única, para pensar que si se utilizan fondos de dinero público, debe exigirse una total transparencia para conocer los destinos de los créditos que otorguen los bancos y cajas a las empresas, y de esta manera garantizar que estos créditos no vayan a financiar a las grandes empresas. No vaya a ocurrir lo mismo que en Francia, cuyas instituciones financieras han congelado los créditos a las familias y las pequeñas y medianas empresas, o como lo que ha ocurrido en EE.UU. que algún banco ha utilizado el dinero público para financiar adquisición de otro banco más pequeño con dificultades.
Si los fondos públicos en forma de préstamos tienen el destino apropiado, no habría porqué temer que se desvelen los nombres de las entidades bancarias que recurran a la subasta pública de dinero. Muy al contrario, si existe opacidad, o se intenta ocultar qué bancos o cajas reciben el dinero en forma de préstamo (a cambio de cédulas hipotecarias o bonos de «alta calidad»), es posible que los ciudadanos llegen a pensar, que los destinos finales de ese dinero público puedan ir a compensar a las grandes empresas y no a los pequeños empresarios y las familias, quienes percibirían que la política emprendida por el Gobierno habría fracasado, sencillamente porque no les llegue el dinero para financiar sus requerimientos o el de sus negocios. O lo que es peor aún, que el dinero público haya servido para pagar favores a los banqueros y grandes empresarios; con mucho más razón cuando ambos hacen alarde de sus beneficios y cuando no existe obligación de informar qué entidades han acudido a las subastas para solicitar préstamos. Por ello nos preguntamos, si ¿no hubiera sido más eficaz que parte del dinero público se ofertara con total transparencia a través del ICO (Instituto de crédito oficial) para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, que entregarlo en su totalidad a los bancos?.
La Champion League de la economía de Zapatero ha sucumbido al endeudamiento externo, a la economía especulativa con la que se había engalanado, y ahora que se ha reducido la liquidez mundial, ahora que resulta tan difícil seguir endeudándose en el extranjero, todas nuestras vergÁ¼enzas salen a la luz. La economía entra en recesión sin lugar a discusión, ya no se habla de simples «dificultades de la economía». Ya hay dictamen sobre las causas de la crisis: la elevación de los precios del petróleo ha originado una crisis financiera mundial, que ha reducido drásticamente la liquidez y ha afectado al crédito de los países que vivían por encima de sus posibilidades, y que no tenían un sistema bancario seguro, como España. Sin ahorro no hay crédito, sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento, ni empleo, ni consumo, ni futuro.
Sólo la economía productiva es la que realmente nos va a permitir recuperar el crecimiento, para ello hay que acabar con la economía especulativa, la que busca el dinero fácil. Hay que regular el mercado financiero y sus sofisticados instrumentos financieros, reducir la dependencia financiera y el endeudamiento con el extranjero, dejar de penalizar con tantos impuestos y con tan poca rentabilidad a los ahorristas del ahorro interno clásico.
Medidas que hacen falta:
– Recuperar parte del poder perdido sobre la política monetaria cedida al Banco Central Europeo (BCE), mediante la posibilidad de utilizar como instrumento para controlar los excesos de liquidez bancaria la tasa de encaje o coeficiente de reservas (tanto por ciento de los depósitos que los bancos y cajas deberían guardar como reservas requeridas en el banco de España para garantizar la liquidez), y también, como instrumento de política monetaria interna más allá del 2% actual.
– Transparencia y mayor regulación en la gestión del riesgo de los bancos y cajas sobre la concesión de créditos, de modo que el valor de los créditos nunca exceda el valor del bien. En el caso de las viviendas hipotecadas, que los préstamos no se extiendan al patrimonio personal del prestatario, sino más bien, a únicamente la vivienda hipotecada.
– Vincular los créditos hipotecarios por ley al tipo de interés del BCE, y no al euribor, porque éste, se puede ver sometido a elevados tipos de interés por los problemas de liquidez bancaria, cuyo origen está en los riesgos asumidos por el sistema bancario.
– Regular el negocio bancario para que recuperen su actividad tradicional: la función de intermediación bancaria como la parte fundamental de su negocio, trasladando al resto de instrumentos de ahorro financiero (fórmulas de ahorro especulativo) a una categoría distinta de los simples depósitos (fórmulas de ahorro tradicional), y que estos sofisticados instrumentos puedan ser controlados y supervisados y aprobados por el Banco de España.
Crisis Financiera y crediticia I
Crisis Financiera y crediticia II
Gunther Zevallos
