La creación de empleos por medio de infraestructuras se convertirá en parche si no se crean empleos de calidad, se mejora la formación y de desechan “valores” como el máximo beneficio a toda costa.
Ochenta millones de pobres. La cifra no corresponde a un país africano, asiático ni latinoamericano, sino esa Europa “social” que forma parte del imaginario colectivo. Sin cuestionar las conquistas sociales y del Estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, Europa corre el peligro de convertirse en lo que no es “para competir en el mercado”, como han hecho países de América Latina y de Asia.
Esta pobreza está presente a pesar de la existencia de redes de protección social que otros lugares no conocen. Aún así, la cifra de pobreza en Europa merece la consideración de pocos titulares en medios de comunicación y de escaso debate político. Ni siquiera ha servido para denunciar que la década de “bonanza” económica que precedió a la crisis no ha servido para mitigar sus efectos empobrecedores debido a la codicia de pocos.
En ese debate, quedan mal parados grandes bancos, inmobiliarias y Gobiernos que han consentido la especulación sin fronteras no sólo en Europa y en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. El fenómeno de la crisis actual demuestra que los gobiernos son parte del problema, pero no los únicos culpables.
En el centro del problema están las exigencias del modelo de “desarrollo” que gobiernos y sector privado insisten en defender. Se trata de un modelo que imponen oligarquías que controlan riquezas naturales, las fuentes de energía, las rutas de transporte, redes comerciales, las finanzas y las tierras, tanto las cultivables y las que se destinan a la construcción.
En el Foro Social Mundial celebrado en Madrid, organizaciones como la European Anti-Poverty Network (EAPN) reflexionan sobre la pobreza. Consideran que la falta de acceso a la comida diaria y a la vivienda son rostros visibles de la pobreza, pero quedan ocultos los rostros de futuras generaciones, que arrastrarán el empobrecimiento de generaciones jóvenes de hoy por culpa de la precariedad del empleo. Es decir, por la falta de imaginación de gobiernos y del sector privado al no buscar alternativas e invertir en sectores que repercutan en el bienestar de miles de millones de personas y del medioambiente que destruyen con su obsesión del máximo beneficio a toda costa.
Son precisos remedios que vayan más allá de crear empleos en obras públicas y en la construcción. No se trata de “recuperar la confianza en las bolsas” si eso perpetuará una distribución de la riqueza que permite que directores de grandes entidades financieras se repartan ganancias millonarias mientras millones de personas se quedan sin trabajo, como sucedió en 2009.
Causa estupor la manera en que algunos analistas hablan de una supuesta “necesidad” de restablecer el consumo para que se recupere la economía, como si no previeran un tropiezo “con la misma piedra” y la repetición de un sistema que permite que menos del 20% de la población mundial controle el 90% de las riquezas.
Pretenden que vuelvan las facilidades para consumir que se ofrecían antes de la crisis, pero sin abordar la necesidad de invertir y conseguir mejoras en Investigación y Desarrollo, en la educación primaria, secundaria, universitaria, así como de las desvalorizadas carreras técnicas.
Si no se abordan estas necesidades y se cumplen las previsiones de recuperación, dentro de poco tiempo los bancos volverán a regalar las tarjetas de crédito, ofrecerán “facilidades” para comprar un coche nuevo, para comprar una casa por medio de una hipoteca, para viajar, para consumir sin límites. Una vez más, la capacidad real para afrontar esos gastos no importará, pues ya se irán “refinanciando” las deudas. Lo importante será consumir para mantener esa nueva burbuja.
Cuesta creer que los ciudadanos querrían, como en el pasado, perder aquello que creen tener pero que, en realidad, los posee a ellos, pues pertenece a los bancos: casas, coches, sillones… La ciudadanía no puede consentir que los gobiernos vuelvan a tapar los agujeros de los bancos con el dinero de los contribuyentes para ver cómo luego niegan préstamos a pequeñas y medianas empresas que podrían crear puestos de trabajo de mejor calidad que los que ofrecen sectores como el inmobiliario.
Los ciudadanos de todo el mundo están a tiempo para exigir a sus gobernantes que debatan estas cuestiones, que son las que en realidad les importan. Para eso está la democracia.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
