Democracia y Crisis Socio-Económica en América Latina

 

ENTREVISTA AL DR. BELISARIO A. RODRÁGUEZ GARIBALDO

 

Dr. Belisario A. Rodríguez Garibaldo

Jurista, Periodista, Analista Político, Profesor y Escritor

E-mail: brodgari@hotmail.com

Web: http://www.pa/secciones/escritores/rodriguez_belisario.html

 

Revista ‘Mercados & Tendencias’ | Marzo. Panamá, Centroamérica. | Por: Boris Ríos.

Enlace: http://www.revistamyt.com/

1. ¿Qué tipo de democracia cree usted se ha alcanzado en Panamá y en Centroamérica y Republica Dominicana?

‘América Latina: Las Democracias Inciertas’, es un termino acuñado en el titulo de un libro de la analista política española Ana Sofía Cardenal.  En América Latina, a finales de los años 80, terminan las ultimas dictaduras militares del sub-continente Latinoamericano y se inicia a la pacificación de los conflictos políticos internos (acuerdos de paz de Centroamérica), se van estrenando a las nuevas democracias, los pueblos tiene esperanza de ver resolver sus problemas sociales. Sin embargo la corrupción política, así como la falta de respuesta sensitiva a las necesidades de la ciudadanía, sumado a una crisis estructural económica y social, llevan a nuestros países a males endémicos, de un laberinto de problemas políticos, sociales y económicos que no son de fácil resolución, aun con voluntad política del gobernante, pues nuestros Estados están diseñados desde la época colonial para la prevalecía de unos pocos (oligarquía), convirtiendo al Estado en lo que el escritor norteamericano Noam Chomsky denomina ‘permanente administración de estados de crisis’, apaga fuegos permanente de problemas sociales, mediante reactivos paliativos pasajeros que no resuelven el problema estructural de nuestras naciones.

En aras de justicia social es que los pueblos se organizan, surge una sociedad civil y  movimientos sociales que han de aumentar su demanda a la clase política dirigente. Las crisis sociales, políticas y económicas, aunada con la desesperación de los pueblos, les hacen prisioneros de los cantos de sirena de los falsos profetas políticos que prometen un cambio, aupados están las tradicionales fuerzas populistas que emergen de salvadoras del pueblo, en otros casos surgen políticos emergentes no tradicionales provenientes de la sociedad civil o el sector privado que apuntalan a la esperanza de un cambio, y en las sombras hay un silencioso ruido de sables en los cuarteles, que esperan su momento de volver al viejo caudillismo militar de otra época, emergiendo como salvadores de la patria, preparando el camino para reeditar viejas tiranías y corruptelas infinitas, del cual seguro que no lograran la resolución definitiva de nuestros problemas sociales y económicos,  mas contribuyendo a incrementar a nuestros laberínticos problemas estructurales. Es mas de lo mismo, pero nuestras democracias aun inmaduras, con el clientelismo político electoral, el caudillismo político, la corrupción endémica y el autoritarismo secular, emergen nuevamente a los antiguos fantasmas de la guerra fría, derecha contra izquierda, en virtud de la manifiesta debilidad de nuestras instituciones republicanas, en consecuencia a la inmadurez y falta de cultura política de nuestros ciudadanos, que en medio de sus desencantos por la clase política, terminar abriendo mediante sus votos y apoyos a la caja de Pandora del populismo de izquierda y derecha, que amenaza con desvertebrar a los incipientes procesos democráticos.

Sólo cuando nuestros pueblos alcancen el desarrollo económico y social, se consolidaran entonces a las instituciones políticas y a la democracia, tal como ocurrió en Europa después de finalizar la segunda guerra mundial, pues estos pueblos maduraron con las guerras, después de la tiranías fascistas y comunistas, encontrando un punto medio en la democracia pacifica en donde todas las fuerzas políticas puedan expresarse libremente y dirimir sus diferencias en el parlamento mediante el voto ciudadano, además que el Plan Marshall de ayuda económica norteamericana, contribuyo bien administrado a promover el desarrollo económico, con instituciones fuertes y equidad social. Nosotros pudimos seguir un camino parecido con la Alianza para el Progreso de Kennedy, pero la corrupción política convirtió a la ayuda en botín de nuestros corruptos gobernantes. En todo caso nos cuesta aprender de otros pueblos y naciones que pasaron por iguales etapas, queremos aprender por nuestra propia forma, pues nadie aprende de cabeza ajena, editando nuevas formas de tiranías y corruptelas históricas, hasta que alcancemos a la plena madurez institucional y social de Republicas funcionales, una vez encontremos el camino del método mejor hacia el desarrollo económico, que es el que a la larga produce una estabilidad política y social.

A pesar de la convulsionada historia de Panamá, al igual que el resto de América Latina, se está desarrollando un proceso de consolidación del sistema democrático panameño, así como la paulatina modernización de sus instituciones políticas y la redefinición de las políticas públicas que permitan el desarrollo económico con equidad social. El reinicio de la democracia en Panamá desde el periodo 1978-1984 significo un reacomodo para las fuerzas políticas del régimen militar, y las fuerzas opositoras se definían por alcanzar el poder; en esa entonces la democracia panameña nació tutelada por el ejército, quien actuó como juez y parte en el desarrollo del proceso electoral. La crisis política de 1987-1990 generan un conflicto político electoral, con la injerencia militar en las elecciones, la anulación del triunfo opositor, la radicalización nacional de polarización política y finalmente la invasión militar norteamericana. Luego de la invasión norteamericana de 1989, la estabilización económica y política permitió abrir el camino a la consolidación democrática, con el respeto a las leyes y la libre alternancia del poder por las fuerzas políticas, en que las distintas instituciones políticas partidarias se acomodan al sistema democrático nacional, respetando mejor las reglas electorales. En la actualidad se puede concluir un intento de adecentamiento de las instituciones políticas y la cultura democrática, pero afectado por las fluctuaciones de la estabilidad socioeconómica, que empiezan a generan un malestar social con mayor incremento de demandas ciudadanas, lo cual puede conllevar inestabilidad social y política en el futuro, por lo que se requiere una reforma de nuestras instituciones políticas y el desarrollo de nuestra cultura democrática, así como el desarrollo económico con bienestar social, que conduzca a la mejoría de la situación política, económica y social del país, en aras de perfeccionar las instituciones políticas, el sistema económico y la cultura democrática nacional.

2. ¿Qué lección cree usted dejó a las democracias de Centroamérica y Republica Dominicana el golpe de Estado en Honduras?

Lo cierto es que se debe distinguir entre la hegemonía de poder (factores reales de poder) y la legitimidad política (legal, institucional, constitucional, democrática), que no siempre van de la mano. La comunidad internacional esta por quien ostenta la legitimidad política. Aquel gobierno de facto de Honduras de Roberto Micheletti, alcanzo el poder con el apoyo del ejercito, en medio de una fractura institucional, un impasse entre la Presidencia, con el Parlamento y la Corte Suprema, con intervención arbitral de las Fuerzas Armadas, a favor del gobierno interino de facto. El gobierno de facto se caracterizo por una real represión política y social, aduciendo que la constitución política le permitía posesionar a Roberto Micheletti, como sucesor del entonces presidente de la Republica, José Manuel Zelaya, por ser el presidente del Parlamento.

Sin embargo el presidente constitucional de la Republica, José Manuel Zelaya, fue electo en elecciones generales, no renunció a la presidencia de la Republica, tampoco renuncio el vicepresidente de la Republica, quien es el que puede sucederle, ni tampoco fue removido de la presidencia por una causa constitucional, legal y judicial comprobada, sentenciada y ejecutada legalmente. Mas bien la oposición conservadora, a la que pertenecía Roberto Micheletti, hicieron uso de las instituciones publicas, es decir, la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento y las Fuerzas Armadas (pronunciamiento del Estado Mayor comandado por el General Romeo Vásquez), para derrocar al presidente electo del país, José Manuel Zelaya. Sin mencionar la forma en que fue secuestrado y expatriado, además de la represión política contra sus seguidores políticos, con prisioneros políticos y desaparecidos, heridos y muertos en manifestaciones, además de la represión contra periodistas, restricciones a libertad de expresión, de manifestación y reunión, atentados contra representantes diplomáticos, etc. Es claramente un Golpe de Estado: un hecho de facto, de fuerza e ilegitimo.

Es cierto que en la actualidad no se puede culpar a EE.UU. de todos los problemas de América Latina, que tienen una raíz histórica de vieja data, además de una base estructural socioeconómica, político-institucional y cultural que nos antecede, sin negar que desde el siglo XIX y XX, tuvimos a muchas intervenciones de EE.UU. en los asuntos internos de América Latina. Empero existen hechos notorios en la situación de Honduras, el vinculo desde los años 50 del Pentágono con los militares hondureños, con las bases militares norteamericanas en Honduras (Base Militar de Palmerola – Fuerza de Tarea Conjunto Bravo – Comando Sur de EE.UU.), desde donde se planificaron intervenciones militares a otros países centroamericanos en el siglo XX (Guatemala, Nicaragua y El Salvador). Son hechos notorios que sectores empresariales, políticos y judiciales hondureños vinculados al gobierno de facto de Roberto Micheletti, estuvieron reunidos en Washington con personalidades vinculadas a grupos conservadores norteamericanos, del exilio cubano-americano y el exilio venezolano. En EE.UU. existen sectores conservadores que apoyaron al Golpe de Estado de Honduras y que buscaron una salida negociada favorable para el gobierno de facto de Roberto Micheletti, además están sectores del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que actúan encubiertos con cierta autonomía oficial frente a quien dirige la Casa Blanca, en este caso el presidente demócrata Barack Obama, que a su vez intento lograr un acuerdo que culminase hacia una salida negociada de la crisis política hondureña, con la intermediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que se tradujo en el acuerdo de San José (Costa Rica), que establecía tres puntos principales: 1º La restitución de la presidencia a José Manuel Zelaya hasta el termino de su mandato y/o antes de las nuevas elecciones presidenciales; 2º Amnistía general a todos los sectores políticos, tanto del gobierno de facto de Roberto Michelleti, como de los sectores afines a José Manuel Zelaya, en aras de la concordia nacional; 3º Un proceso electoral transparente, justo y con observadores electorales internacionales imparciales. 

Finalmente ocurrió que José Manuel Zelaya volvió a Honduras, pero no fue restituido en la presidencia de la Republica, estuvo asilado y sitiado en la Embajada de Brasil, protegido por la Organización de Estados Americanos (OEA); en las elecciones de noviembre se elige a un candidato opositor conservador del Partido Nacional, Porfirio Lobo, como nuevo Presidente de Honduras, con acusaciones de José Manuel Zelaya y su Partido Liberal de la existencia de faltas en la transparencia electoral, abstencionismo electoral y obstaculización de la labor de los observadores electorales y la persecución policial – militar contra los sectores políticos afines a José Manuel Zelaya, finalmente sin la posibilidad de retomar el tema de la consulta hacia una constituyente, con limitación de las opciones políticas de las izquierdas del Partido Unificación Democrática y el Frente de Resistencia Nacional, aliados de José Manuel Zelaya, que surgen como fuerzas políticas emergentes.

La tensión política se mantiene en Honduras, la polarización política en Honduras fue un hecho notorio y no se ha determinado responsabilidades por el Golpe de Estado, además que el nuevo gobierno del presidente Porfirio Lobo goza de serios cuestionamientos de legitimidad de una gran parte de la comunidad internacional. 

3. ¿Cree usted que este golpe podría alentar otras intentonas en el futuro en los países de Centroamérica y Republica Dominicana?

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha mostrado ser un instrumento relativamente eficaz, para movilizar a la comunidad internacional cuando sucedan eventos en la región, que ponen en riesgo el legítimo ejercicio del poder ejercido de un Presidente democráticamente electo. En este sentido ningún gobierno de facto puede aspirar a integrarse al sistema interamericano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante su acción se ve limitada cuando se produce la ruptura de la institucionalidad democrática, provocada por esos mismos Presidentes que conducen a sus países a regímenes caudillistas autoritarios. El reciente Golpe de Estado en Honduras contra el Presidente José Manuel Zelaya, es sintomático de la lectura parcial de la Carta Democrática.  Se observa que el Presidente democráticamente electo desconoce a los otros poderes del Estado y convoca a un referéndum para reformar a la constitución, sin que el sistema interamericano se pronuncie para garantizar la separación de los poderes, establecida en la Carta Democrática como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa de los países miembros del sistema interamericano.  El Sistema Internacional se movilizó con la comunidad internacional cuando se produjo el Golpe de Estado contra el Presidente José Manuel Zelaya.

No es justificativo romper el hilo constitucional con un Golpe de Estado, como el de Honduras para reponer la institucionalidad como argumentaron sus gestores. Por el contrario, el sistema interamericano debería ser garante de todas las formas de acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho y las normas constitucionales vigentes. La ausencia de mecanismos previstos en la Carta Democrática de la OEA, para enfrentar la interrupción de la democracia institucional por parte de un gobierno democráticamente electo o de parte unilateral de alguno de los órganos del Estado (Ejecutivo, Judicial, Legislativo; Consejo Electoral o las Fuerzas Armadas), fue denunciada  durante la discusión de la Carta Democrática Interamericana, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en San José Costa Rica en junio del 2001.

La ruptura de la institucionalidad democrática en Latinoamérica, se convierte en práctica cotidiana de los gobiernos de la región a partir de argumentaciones que van desde la consolidación de procesos revolucionarios, la lucha contra la corrupción, la emergencia del terrorismo o la consolidación de gobiernos de fuerte base de respaldo popular. Los resultados han sido inestabilidades políticas (y socio-económica) con manifestaciones sociales y políticas, saldo de muertes, presos políticos, exilios, Golpes de Estados, conato inicial de guerras civiles, hasta el debilitamiento paulatino del sistema democrático representativo en la región.

4. ¿A qué atribuye usted la capacidad de los países de Centroamérica y Republica Dominicana y en general de América Latina, para resistir la actual crisis económica?

La crisis económica – financiera mundial tuvo como epicentro a Estados Unidos, extendiéndose por interdependencia al resto de los países, en especial países desarrollados como en la Unión Europea. El origen de la crisis económica surge en EE.UU., por la mala gestión y regulación de fondos de inversión y de créditos hipotecarios suprime (alto riesgo) del sistema financiero y corporativo de Wall Street, y esta crisis contagio a países de Europa y otros países por la interdependencia financiera y comercial con EE.UU. Los países de América Latina están poniendo en marcha una variedad de políticas contra-cíclicas para enfrentar la crisis financiera y económica mundial, según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas denominado ‘La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional’ . El documento resume las políticas comunicadas por 32 países de la región: “Las medidas incluyen aumentos de subsidios, disminuciones de impuestos e  incrementos del gasto público, en especial en infraestructura, entre otras.  América Latina experimenta una reducción de la demanda a sus exportaciones y, en muchos casos, un deterioro de los términos de intercambio. Además, enfrenta crecientes dificultades para acceder al financiamiento internacional. Esto se da en un contexto de incertidumbre que deteriora los mercados de trabajo y afecta negativamente al consumo y la inversión. En un primer momento la mayor parte de las iniciativas buscaba garantizar la liquidez de los mercados financieros locales, pero paulatinamente el eje de los anuncios se ha ido desplazando al área fiscal”.

En Panamá aun no hemos logrado desarrollar un estudio detallado de análisis de predicción económica de los efectos de una crisis económica mundial en la economía panameña. El dirigente empresarial, el banquero Edgardo Lasso, anoto en una entrevista periodística durante el acto de financiamiento de la Ampliación del Canal: “… que el impacto de la crisis financiera norteamericana en principio afectara relativamente a Panamá por el ultimo crecimiento económico nacional registrado y las previsiones económicas de la Ampliación del Canal, pero puede contraer la inversión externa y negocios inmobiliarios, el turismo, las exportaciones y el consumo por un aumento de la inflación general”.  Marcos Fernández de la consultora INDESA expreso en un Foro sobre la ‘Crisis Financiera, Génesis y Consecuencias’ organizado por la Fundación Libertad – Panamá: “… durante los próximos dos años, Panamá enfrentará un ambiente deflacionario, es decir que se producirán caídas generalizadas en el precio de los bienes y servicios… que en un país sobre-endeudado como Panamá, una deflación – que aunque muchos dicen que no nos tocará -, aumentaría enormemente el valor real de la deuda, situación que pondría en peligro los patrimonios. Según Fernández, “durante este año y el 2010 se percibirá una fuerza contra de la globalización comercial”.

En palabras del economista y político del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ramiro Vásquez Chambonet, en un articulo de opinión en La Estrella de Panamá ‘Los Encantadores de Serpientes’: “… A lo largo de todos estos meses se había ido revelando una profunda grieta en el sistema económico mundial. La quiebra de las bolsas de valores, sumada a la gigantesca estafa de la pirámide de Maddof, había desaparecido, en pocos meses, un cuarto de toda la riqueza del planeta. Eso significo para los empresarios locales, acostumbrados al juego especulativo, pérdidas calculadas en el orden de los 300 millones de dólares… Los economistas locales se apresuraron a lanzar una cortina de humo y declarar que Panamá estaba inmunizada frente las repercusiones de la crisis. Un nuevo acto de aventurerismo ideológico de los defensores del modelo como sí nuestro país no estuviera aferrado a la globalización….

… Sin embargo hoy se conocen las proyecciones del impacto de esa crisis. No creceremos igual que el quinquenio que esta por terminar. Se producirá una gran disminución de la mano de obra en la construcción, el crédito al consumo disminuirá, los intereses en el crédito aumentaran producto de las restricciones de financiamiento. Habrá una franca caída de las exportaciones hacia USA. El comercio marítimo disminuirá y con ello la disponibilidad de financiamiento. Se prevé una disminución de las recaudaciones tributarias. Con ello la deuda pública se elevara para mantener el ritmo de la economía. En otras palabras: El Estado tendrá que iniciar políticas conservadoras en materia del gasto…”

Es de importancia notoria observar un recuento de los cambios económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo. Es certero que el monetarismo expresado en los planes de ajuste estructural promovidos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS’s) en los años 80, y luego con el Consenso de Washington impulsor de apertura de mercados de los años 90, promovía sus medidas de reducción del Estado y del gasto publico-social, la libertad arancelaria, el libre flujo de capitales y libre comercio internacional, que aventajo a los países desarrollados que lograron expandir sus mercados hacia el tercer mundo, el cual se vio afectado por los mismos organismos financieros internacionales que condicionaron sus prestamos al desarrollo cuando se aplicará dicho modelo económico, conllevando problemas laborales y sociales, de producción nacional y gasto publico, cercando a los países tercer mundistas a un ciclo de pobreza, subdesarrollo y crisis cíclicas, ciclo económico de auge mundial a partir de los 90 que parece tocar techo actualmente, con la reciente crisis financiera norteamericana, sumiendo a países como EE.UU. y Europa a crisis recesivas recientes, lo que puede contagiar al mercado mundial, sin descartar una caída de los mercados internacionales mas una subida de los precios del petróleo, sobre todo en el dilema de una crisis geopolítica internacional con epicentro en medio oriente.   

Empero en la actualidad moderna, mas allá de los esquemas macro de filosofía económica que nutren a la ciencia económica, como a toda ciencia social, en términos actuales de la economía publica, la idea de mantener un necesario equilibro fiscal, en que la cuenta corriente anual del presupuesto publico mantenga niveles adecuados entre el ingreso tributario con respecto al gasto publico  y social, obedece a un mecanismo corrector de algún exceso de la administración publica, que debe permitir a la mejor asignación de recursos públicos en una actividad permanente de la administración publica, sin embargo en los Estados modernos estos altos presupuestos públicos solo se logran a través del desarrollo económico que se permiten observar con los indicadores de crecimiento económico, porque cuando existe una pujanza económica, con el impulso a la inversión privada (y publica) mas generación de empleo, se permitirá el logro de metas financieras hacia la permanente búsqueda de la bonanzas de recursos públicos (superávit), los cuales debe permitir que el Estado administrador de la cosa publica (Republica) traduzca esto en la calidad de la administración publica, en las políticas publicas de Estado, en las políticas sociales, de seguridad social, infraestructuras publicas, vivienda social, seguridad policial, salud, educación, cultura, servicios públicos-administrativos, dependencias publicas y locales, etc. Parece ser esta la medula diferencia (democrática) entre las diversas fuerzas políticas ideológicas-programáticas (izquierdas, centros o derechas) sobre en que radica el método mejor para alcanzar este fin, el desarrollo económico y social. He allí la madre del cordero, el fundamento sobre el método mejor de un buen gobierno. Así de simple (y complejo) es un Estado moderno.

Existe una racionalidad en que se debe mantener un equilibrio entre el gasto publico y social con respecto a los recursos públicos recaudados en una situación de crecimiento para consolidar este crecimiento con medidas macroeconómicas de desarrollo que no revierta a una situación de desaceleración económica.  Es decir, en términos simplificados, que debe haber un equilibrio entre lo que ingresa (recaudo impositivo) con lo que se gasta (gasto publico y social) en una situación de cierto éxito económico (crecimiento) acompañado de medidas macroeconómicas de desarrollo (expandir el éxito o  crecimiento económico con planes adecuados) para que no revierta en desaceleración económica (actividad lenta o estancamiento). Ahora bien, es certero que el Estado requiere una reforma publica que incluya una política económica adecuada acompañada de unas políticas sociales definidas, toda vez que la situación de desigualdad social aconseja una política de cohesión social en la región iberoamericana, y Panamá. Aun América Latina ensaya su propio camino, inédito y propio, de autodeterminación política y económica sub-regional, donde todo parece indicar que América Latina sigue a su propio modelo de integración latinoamericana (demarcándose de la Alianza de Libre Comercio de las Américas – ALCA, pro-norteamericano; o negociación bilateral de Tratados de Libre Comercio – TLC’s con EE.UU. y otros bloques regionales internacionales), con una aplicación posible en las ultimas discusiones de la Cumbre de Río de Janeiro hacia la reforma de los marcos actuales de integración (Sistema de Integración Centroamericana – SICA, Comunidad del Caribe – CARICOM, Mercado Común del Sur – MERCOSUR, Grupo Andino, Unión Sudamericana – UNASUR, Alternativa Bolivariana de las Américas – ALBA, Grupo de Río de Janeiro) que termine generando los marcos de cooperación hacia una posible Comunidad Económica Latinoamericana, que tal vez pueda dar paso a largo plazo a una Unión Latinoamericana, situándose unida en un nuevo espacio emergente de posición de decisión entre la comunidad internacional en el actual mundo multipolar del siglo XXI, siendo en este momento Brasil quien ocupa un liderazgo regional integrador de Latinoamérica, pero también son de importancia el liderazgo de Venezuela y de México. América Latina parece camina hacia su propio espacio conjunto en la comunidad internacional, cada vez mas lejos del Washington, pero aun con las naturales incertidumbres del subdesarrollo económico y social.

5. ¿En qué medida ha contribuido la democracia para ese logro? ¿Puede decirse que las democracias de nuestros países sí son funcionales, efectivas y fuertes frente a estos hechos?

Panamá, como otros países de Latinoamérica, son países subdesarrollados, con instituciones publicas disfuncionales, controladas por grupos de poder económico o intereses creados, con fallas de un estado de derecho congruente en donde las reglas de leyes no se aplican realmente o se aplican parcial y selectivamente, convirtiéndole en un estado de cohecho de los factores reales del poder dominante (hechos fácticos de poder económico y control institucional), faltas de transparencia en la gestión publica y concurrencia de intereses de corrupción en el sector publico y sectores políticos con en el sector privado (negocios ilícitos, tráficos de influencias, cohecho, lavado de dinero, etc.), con el control de una oligarquía burguesa que parece no tener clara una visión estratégica nacional, en sus acciones de control de poder de las empresas corporativas y los gremios civiles, los partidos políticos y las instituciones publicas del Estado. Durante toda la era republicana nacional de nuestras naciones, la elite político-económica mantuvo la practica del clientelismo político-electoral como medio de control político territorial y de posiciones en la administración publica y en sus empresas, de igual forma con la corrupción que se hizo patente a lo largo de la era republicana, donde el peculado, el latrocinio, el cohecho, el soborno, negocios ilícitos y muchas formas de corrupción publica y privada, incluyendo lavado de dinero, contrabando o defraudación fiscal, ha sido parte de la practica de la elite política-económica oligárquica.

En este sentido en Latinoamérica somos Estados subdesarrollados, con una asimetría económica y social, con un modelo económico que general inequidad social entre sectores específicos, áreas urbana frente a las periferias semi-urbanas y áreas rurales, con un gran nivel de exclusión social en donde una gran parte de la población esta por debajo de la línea de pobreza (cuyo ingreso no cubre el costo de la canasta básica alimentaría familiar: alimentación y vestido, educación y salud, vivienda y servicios públicos: electricidad, telecomunicación, aguas, transporte y limpieza de desechos), un alta tasa de desempleo y subempleo (empleomanía negativa), además de una marginalidad social de grupos vulnerables, con un corolario aumento anual de la tasa de criminalidad: mafias, pandillas, sicarios, narcotráfico, etc. Es claro que son necesarias metas definidas en aras de la cohesión social, así como hacer un diagnostico de cuales segmentos poblacionales son excluidos, tales como ancianos, discapacitados, indígenas, jóvenes, mujeres, afro-americanos, sectores rurales, periferia urbanas, desempleados, etc., de la población por debajo de la línea de pobreza, para entonces intentar a corregir a un problema socio-estructural por medio de la aplicación de unas permanentes políticas sociales de Estado (no paliativos pasajeros de ayudas sociales coyunturales), establecida por leyes que tenga continuidad en cada administración, para corregir a la crisis socioeconómicas por falta de cohesión social en aras que el crecimiento económico registrado sea percibido por la mayoría ciudadana en la redistribución de la riqueza nacional en la mejoría de los indicadores de desarrollo humano (IDH). Así mismo que es notoria una institucionalidad publica disfuncional, con un estado con derecho selectivo, crisis continuas de gobernabilidad e inestabilidad políticas, incluso de legitimidad de los sectores y actores políticos en la percepción ciudadana de faltas del Estado y de corrupción publica.

En un Estado moderno es importante un Ejecutivo eficaz y trasparente, sino además también un cuerpo Legislativo deliberativo y fortalecido en sus funciones de control político, y una Justicia capaz de investigar y sancionar.  La existencia de voluntad política en los poderes públicos es esencial para las funciones del Estado.  Para que un Estado sea un Estado de Derecho se necesitan una serie de requisitos:  Imperio de la Ley; División de Poderes y Legalidad de los Actos de los Poderes Públicos; Derechos y Libertades Fundamentales;  Sufragio Universal.   La constitución es un texto solemne que contiene el estatuto supremo, es decir la ley superior que por una parte contiene disposiciones que regulan la estructura básica del Estado, comprendiendo la organización, establecimiento y atribuciones de sus poderes y órganos públicos, y por otra regula las normas de reconocimiento y protección de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Es así como la concordancia de la organización administrativa con la Constitución Política del Estado tiene como consecuencia al Estado de Derecho. Dado de esta forma los servicios públicos deben respetar los principios constitucionales, y ellos deberán hacer efectivas las garantías constitucionales, procurando que su acción, no coarte los derechos de los administrados.

En relación a una recta administración publica es sabido que la eficacia de la Administración Pública está estrechamente vinculada con las metas y sistemas que se utilicen para su control. Entre ellos el respeto a los principios generales de la probidad administrativa adquiere un relieve singular. En un Estado de Derecho se impone que la actuación de la Administración Pública se haga en base a criterios de probidad administrativa. La Administración Pública no puede limitarse sólo al cumplimiento de sus fines, pues a su vez debe verificar sus logros con la mayor economía y eficacia, pero dentro de la normativa legal vigente y con el respeto debido a los principios de la ética administrativa y una eficiente procuración de justicia y procedimiento administrativos.

El fundamento ético que conlleva el control de la actuación administrativa en cuanto a que ella sea efectuada siguiendo principios de regularidad legal, contable y de eficiencia. La razón de la existencia del control se basa en el principio general del Derecho que impone al administrador de bienes ajenos la necesaria rendición de cuenta y razón de su gestión. El Control Público dentro de este contexto, se basa en la soberanía, ya que la nación es la depositaria de esa soberanía, quien tiene interés de saber cómo se invierten y administran los fondos públicos que ha aportado y cómo las autoridades y funcionarios de las distintas instituciones de gobierno han cumplido la gestión encomendada. Los gobernantes son representantes de los ciudadanos y éstos tienen derecho a exigir una conducta moral y ética, y a pedir rendición de cuentas de los gobernantes. En general, la legislación define cuatro tipos de responsabilidades a las que puede estar sujeto un servidor público: la responsabilidad política, la administrativa, la penal y la civil. La ley debe fijar a los servidores públicos, un código de conducta que defina las obligaciones políticas, las administrativas, las penales y las civiles; los medios eficaces para identificarlas, las sanciones y procedimientos para prevenirlas y corregirlas.

6. ¿Pese a su avance, qué tipo de reformas cree usted siguen pendientes en la democracia de su país?

Se requiere un sistema tributario moderno basado en la equidad fiscal, sin mas incentivos y reducciones tributarias a empresarios, y cargas tributarias de renta a profesionales y trabajadores, con aumentos a impuestos indirectos al consumo general de los ciudadanos (mejor basado en la premisa fiscal de un pago impositivo equitativo de acuerdo a la renta percibida). Hace falta el uso racional y efectivo de los recursos del Estado, el presupuesto del Estado que pagamos los ciudadanos, cuyo monto fijo en salarios de funcionarios, mantenimiento de edificio, infraestructuras y entidades publicas, equipos y materiales para entidades publicas, mas el pago al servicio de la deuda externa, empero poco menos destinado a obras e infraestructuras publicas y gastos sociales (educativo, salud, políticas sociales, etc.). Hace falta una indexación salarial de subida anual de salarios, pensiones y jubilaciones de acuerdo al aumento de índice de precios al consumidor con respecto el costo de vida por la inflación general de precios y el costo de los servicios públicos, como medidas redistributivas de la riqueza nacional.

En este sentido en un Estado moderno, los empresarios deberían tener mayor responsabilidad social empresarial, eso forma parte de la responsabilidad empresarial en el ámbito fiscal, laboral, ambiental, social y publica. Así como el gobierno debe administrar los recursos del Estado para el servicio de los ciudadanos, a través de políticas de Estado de leyes permanentes que no deberían variar en cada gobierno: salud y ambiente, educativas y culturales, seguridad social y prestaciones sociales, políticas sociales y comunitarias, vivienda social y urbanismo, seguridad pública y policial, obras publicas e infraestructuras, servicios públicos y dependencias públicas, etc. En un Estado moderno desarrollado un alto presupuesto público se logra con el desarrollo económico pues cuando existe pujanza económica, inversión y empleo, el Estado recauda impuestos que se traducen en las políticas públicas, económicas y sociales antes mencionadas. De esa forma el desarrollo económico garantiza el bienestar social, consolidando a las instituciones, la leyes y la democracia; entonces será cuando los países subdesarrollados alcancen al desarrollo económico y social, que se consolidaran debidamente a las instituciones, el estado de derecho y la democracia.

Además en una democracia de un Estado moderno, todos los cargos de los servidores públicos de la administración publica estén sujetos a un régimen especial de una real carrera administrativa indistintamente de cada gobierno de la administración del Estado (asesores y funcionarios, personal y servidor público, profesores y catedráticos, servicio exterior y diplomáticos, notarios y registros, jueces y magistrados, policial y militar, etc. y etc.) sea por medio de concursos de selección (en base al puntaje sobre la hoja de vida, títulos, ejecutorias, experiencia y meritos), en quien obtiene una plaza tendrá permanencia en el cargo (además de ascenso de escalafón y aumento salarial por méritos y experiencia), con estabilidad como garantía de imparcialidad y competencia, en que el servidor publico tiene el deber de aplicar a las leyes de servicios y dependencias públicas en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, siendo su desempeño sujeto a evaluación continua de la calidad de la gestión publica. Será excepto con los cargos de elección popular (presidente, diputados, alcaldes, concejales) y los cargos políticos de la administración (ministros, directores, secretarias superiores, etc.), que son de confianza y libre nombramiento del gobierno electo u órgano Ejecutivo, que tendrán el deber de dirigir el gobierno de la Republica siendo responsables de cumplir y hacer cumplir a las leyes y la Constitución Política Nacional.

La cierto que la infancia y la juventud debe tener acceso a salud y educación publica gratuitas, además fondos asignados para becas completas de estudio. Hemos subestimado el rol de la microempresa en el empoderamiento a un amplio sector de la población nacional en los programas sociales de oportunidades por medio de la amplia creación de pequeñas empresas, que cuente con fondos financieros para el micro-crédito y apoyo institucional, bancario y privado. Así mismo es siempre importante a la promoción gubernamental de la generación de la inversión privada responsable. Las políticas económicas modernas propone a un mercado relativamente regulado por el Estado, el cual permita inversión económica, empleo y superávit publico, a la vez que bienestar y equidad social, corrigendo a las naturales contradicciones del mercado libre, con medidas reguladoras que permitan una inversión privada responsable, mediante una tasa de impuestos racionales en el marco de un equilibrio fiscal publico y equidad fiscal impositiva, acompañado de un gasto publico-social adecuado y necesario que permita a un estado de bienestar social, con derechos sociales de garantía para todos los ciudadanos. Dicho gasto publico-social se enfoca en políticas sociales, infraestructuras, servicios públicos y en un debido equilibrio fiscal, además de impulsar una inversión privada que sea cumplida en sus deberes públicos y generadora de empleo de calidad. Es necesario impulsar mayores proyectos de inversión publica, social y privada en las zonas rurales, donde cada de provincia o departamento sea un gran polo impulsor del desarrollo de su provincia o área. Existen muchos formas para impulsar a la cohesión social en metas definidas, lo cual será menester de la debida aplicación de las políticas publicas del gobierno nacional.

Según las teorías del desarrollo es de crucial importancia a la promoción social a través de la educación – y la ciencia – por medio de la inversión publica, social y privada en el capital humano, lo que permite la consecución hacia el desarrollo económico de una nación. Los países que han apostado a tal aspecto, como Singapur (a la que Panamá alguna vez ha aspirado a emular), Unión Europea, Japón, China, EE.UU., Canadá, Australia o Neozelandia, dieron el salto al desarrollo en un periodo entre unos 50 a 25 años.

Por lo cual es necesaria una reforma a la educación para la mejoría nacional de la calidad educativa que promueva a la capacidad generadora de los recursos humanos en un accionar transformador y productivo de los ciudadanos en la sociedad actual y con una ética cívica de responsabilidad social, además de la optima inversión publica educativa para resolver a las actuales carencias innegables del sector educativo publico nacional en infraestructuras, recursos económicos, administración de gestión, calidad del docente e investigador, actualización de programas de estudios, además del establecimiento de una real carrera docente basado en concursos de selección que genere a la estabilidad por años de servicio, mayor evaluación y actualización continua de docentes, que permita a la actualización permanente, evaluación de competencias pedagógicas y de especialización académicas que permitan a la producción investigadora científica nacional que genere respuestas certeras y congruentes a las realidades sociales, económicas, productivas e institucionales del país. Se debe garantizar fondos suficientes que permita la ayuda, financiamiento y becas para otorgar el derecho a seguir su educación al estudiante que lo necesite. La misma debe contar de un estipendio periódico que le garantice pago de matricula, compra de libros y materiales educativos, manutención de vida (alojamiento, alimento, vestido, transporte, salud) y otros gastos adicionales.  Según las modernas teorías del desarrollo, solamente en la necesaria inversión en educación y ciencia, la inversión en el capital humano y desarrollo científico, es que funciona la premisa de la ecuación hacia el crecimiento económico basado en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), la cual es la que conduce a los países hacia el desarrollo económico productivo que genera el bienestar social y la estabilidad política e institucional del Estado Nacional.            

Para lograr alcanzar a la independencia plena, económica y política, además de llegar alcanzar el desarrollo económico y social, se requiere mejorar el desarrollo cultural que permita cambiar a una mentalidad cultural dependiente con modelos culturales importados por los medios de comunicación, que ha incoado una idiosincrásica subcultura de anti valores, hacia la promoción de una cultura nacional generadora de un desarrollo sano en aras de una autonomía nacional integral.  Una cultura de desarrollo será aquella que genera altos valores, cultura productiva e innovadora, enfocada en el desarrollo educativo de las ciencias, artes y comercios, cultura de paz, civismo ético y respeto a la ley, cultura de participación ciudadana critica y reflexiva, sentido comunitario de solidaridad humana y social, desarrollo por la lectura, el arte y las manifestaciones culturales. Una cultura de desarrollo que permita consolidar a los Estados Nacionales con instituciones fuertes con desarrollo económico y social, para alcanzar a ser Republica funcionales, como debe ser.

Los ciudadanos tenemos el derecho de recibir un servicio publico o servicio social del Estado, la libertad de ejercicio de a una profesión, oficio y actividad, no como una gracia discrecional que otorga el señor feudal desde el gobierno y sus corporaciones, sino como  un derecho adquirido establecido en leyes para todos los ciudadanos de una Republica democrática, en este sentido, ser una nación libre, un Estado Nacional moderno, con democracia real, estado de derecho e instituciones estables, y es decir, un Estado y Republica funcionales. Los gobernantes y políticos, empresarios y sociedad civil, deberán resolver con seriedad, responsabilidad y urgencia a estos problemas sociales, económicos, institucionales y políticos del país, pues la exclusión social y falta de cohesión social que existe, con una demanda social y una reforma institucional aplazadas por décadas, va terminar por generar, mas temprano que tarde, un gran terremoto social, una verdadera gran explosión social generalizada, tal como ocurrió en otros países latinoamericanos. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿Esto lo entiende o le importa realmente su consecución a la clase política, empresarial y civil del país, o sólo les importa sus intereses concretos, así conlleven al país hacia una involución general? Tal vez aquellos ciudadanos críticos, estamos como dijo Simón Bolívar “arando en el mar” de la indiferencia general, donde “a la sombra de la ignorancia, trabaja el crimen”. 

7. ¿Cómo evitar que se busque caminos hacia estas reformas por la vía del cuartelazo?

En materia de Seguridad Publica y Defensa Nacional todo Estado debe tener instituciones de Seguridad y Defensa. Cuando un país tiene Fuerzas Militares, tiene Ejercito (Tierra), Armada (Naval), Fuerza Área, Inteligencia, Fuerzas Especiales (Fronteras), Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Investigación Criminal, Protección Civil, etc. La Seguridad y Defensa como interés de orden publico es deber del Estado, es decir, de sus autoridades legítimamente constituida y elegidas. El Estado esta compuesto por instituciones de diversas niveles. Una de sus instituciones son los organismos de Seguridad y Defensa, en que el Estado delega al Instituto Armado o Policial la facultad de protección del orden publico y la defensa territorial del Estado. Estas no suplen ni sustituyen el poder de las autoridades legitimas, las autoridades legitimas les delegan competencias para el mejor ejercicio de las funciones de la administración del Estado, en que tienen la competencia de la protección de la Seguridad Publica, la custodia y Defensa territorial de las fronteras, tiene el ejercicio de las armas, pero en una estricta subordinación a las autoridades civiles debidamente constituidas y electas, así como en respeto a los derechos ciudadanos, con servicio de protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

En el caso de Panamá tenemos una Fuerza Publica Civil desmilitarizada, por mandato constitucional, que esta compuesta por una Policía Nacional (tierra), ahora tenemos a un Servicio Aeronaval Nacional (aire y mar), Servicio de Fronteras (Fuerza Especial de Fronteras), además de un Vice-Ministerio de Seguridad Publica adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia (que busca convertirse en Ministerio de Seguridad Publica), Servicio de Protección Institucional, Dirección de Investigación Judicial (Investigación Criminal), Sistema de Protección Civil y Cuerpo Nacional de Bomberos, todos coordinados en el Consejo de Seguridad Publica y Defensa Nacional. Cada organismo es dirigido por un miembro de carrera y escalafón de los mismos, pues sólo un experto sabrá bien dirigir cada organismo de su área de competencia, todos están representados en coordinación en el Consejo de Seguridad Publica y Defensa Nacional, bajo coordinación general del Vice-Ministerio de Seguridad Publica, que responde al Ministro de Gobierno y Justicia, y este responderá al Presidente de la Republica. Ese es el orden de mando constitucional, la Fuerza Publica supeditada a la autoridad civil de la máxima magistratura de la nación, en preservación del orden democrático. En los Estados Modernos se observa a una estructura similar en instituciones de Seguridad y Defensa, siempre subordinadas a las autoridades elegidas, por lo cual no debe existir ninguna forma de militarismo autoritario en los países democráticos, pues las Fuerzas Armadas y Policiales están siempre subordinados al poder del gobierno civil electo, siempre respetuosos de los Derechos Humanos de los ciudadanos y del orden democrático constitucional.

En el caso de Panamá, nuestra democracia representativa es de carácter presidencialista de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, al igual que en todos los países americanos. Las instituciones de Seguridad Publica y Defensa Nacional tienen la misión de brindar un servicio a la nación y a los ciudadanos, debidamente supeditada a las autoridades civiles electas, como en todo sistema democrático, pero para que no surja nuevamente el militarismo autoritario en el contexto de la instituciones de Seguridad Publica y Defensa Nacional adscritas al Estado Nacional, no debe existir una concentración de competencias y poderes en materia de Seguridad, es decir evitar la concentración del poder de mando de las instituciones de Seguridad Publica y Defensa Nacional en forma de una sola jerarquía central o colegiada de mando que concentre el mando general de poder jerárquico central de las instituciones armadas del Estado Nacional.

En este sentido su estructura interna debe distribuirse debidamente a las ramas de las diferentes competencias en materia de Seguridad Publica y Defensa Nacional con su propio sistema de mando, escalafón y promoción interna (además de las normas de sanción a las infracciones disciplinarias de sus miembros), empero con un órgano central de coordinación de jerarquías de mandos (a través de un Ministerio de Seguridad Publica y Defensa Nacional, o un Consejo de Seguridad Publica y Defensa Nacional, o un Consejo del Estado Mayor General) que este adscrito al Árgano Ejecutivo de la Presidencia de la Nación como máxima autoridad, a su vez siempre sujeto a los controles fiscalizadores legales y constitucionales del Árgano Judicial (Corte Suprema, Procuradurías, Tribunal Electoral, Contraloría de Cuentas) y en especial del Árgano Legislativo (Asamblea Nacional del Parlamento por medio de una Comisión Parlamentaria de Seguridad Publica y Defensa Nacional). En este sentido, la Presidencia de la Nación, como máxima magistratura de la Republica, debe siempre actuar en todo momento bajo el prisma constitucional de la separación de poderes y la armónica colaboración entre los Árganos del Estado, establecidas claramente en la estructura de relación política e institucional consagrada en la Constitución Política Nacional de la Republica a través de las funciones, deberes y faltas de los representantes de los Árganos del Estado.  Así se evita que no sea utilizada a la Fuerza Publica para la persecución política de los opositores políticos del gobierno nacional de turno, en debida salvaguarda de la garantía constitucional de la libertad de ideas políticas, con el debido respeto constitucional de las garantías fundamentales y las libertades publicas del sistema democrático, y el respeto a cada una de las autoridades electas, sea de gobierno y oposición, así como a los derechos ciudadanos fundamentales.

De igual forma, las Academias Policiales y las Academias Militares, tanto de tropas, como de oficiales y suboficiales, debe contar con una instrucción de currículum académico moderno, ya sea enmarcado en una carrera policial – o en una carrera militar, bien para una formación profesional en Ciencias Policiales o en Ciencias Militares, pero basado en concepciones modernas sobre las funciones, competencias, acciones y ejercicios de los organismos de Seguridad Publica y Defensa Nacional en el marco de los Estados democráticos modernos, como apoyo institucional de Seguridad Publica y Defensa Nacional de las autoridades democráticas electas en cumplimiento de las leyes y Constitución Nacional, cuya misión de formación profesional sea para mejorar a la coordinación y competencias de estos organismos de Seguridad y Defensa, con profesionales expertos conformando y dirigiendo cada uno de estos organismos de Seguridad Publica y Defensa Nacional, con una jerarquía de escalafón de promoción a los mejores oficiales profesionales con un historial impecable, con mayor experiencia y mando, con años de servicio a la democracia, que cuente con adiestramiento de especialización para altos mandos oficiales en Estudios Estratégicos de Seguridad Publica y Defensa Nacional, debidamente subordinados al poder civil electo, como en todo sistema democrático constitucional moderno, con formación especial al respeto a la protección de los derechos ciudadanos y garantía de los Derechos Humanos, de cumplimiento del estado de Derecho, así como en la implementación de programas especiales de acción cívica, social y comunitaria de integración y trabajo en la comunidad ciudadana.