Hace un mes tuvo lugar una nueva oleada de manifestaciones contra la nueva ley del aborto. Sólo en Madrid asistieron unas 600.000 personas, pero en total hubo 100 manifestaciones en todo el país. En apariencia parece ser un clamor popular contra esta nueva ley promovida y aprobada por los progres del PSOE y sus aliados, pero en realidad todo este debate no es más que expresión de dos bandos ideológicos irreconciliables, mientras que no se analiza el problema de fondo.Como es ya habitual, los socialistas creen que resuelven los problemas dictando leyes controvertidas. Pero lo cierto es que con una ley no se soluciona nada si no va acompañada de medidas concretas. En este caso concreto, lo que se pretende es dar el máximo de libertad para abortar sin asumir otras responsabilidades como son la educación, la información exhaustiva, la asistencia psicológica y toda una estructura para apoyar a quienes no desean abotar, pero que optan por esta medida tan drástica por razones primordialmente económicas.
Lo que las organizaciones pro vida quieren vendernos es el derecho a la vida como una imposición ideológica, igual que los socialistas nos venden el derecho al aborto como un logro en derechos sociales. Pero ambos bandos parecen olvidarse de los derechos del no nacido, cada uno a su manera.
Tener que dar a luz un niño no deseado puede suponer para muchas mujeres la obligación a la «no vida», es decir, a dar fin a un desarrollo personal que se ve truncado por tener que hacer frente al coste que supone criar y educar a un niño y tener que adaptar la vida a esta nueva circunstancia. Este aspecto es especialmente grave en las clases bajas, cuando las mujeres no disponen de medios para financiar una familia. Y a pesar de que hoy en día existe muchísima información sobre la prevención de los embarazos, la falta de medios y de conocimientos unida a la inconciencia es muchas veces causa de embarazos no deseados. Y cuanto más joven sea la mujer, más grave puede ser el impacto del embarazo no deseado.
Para las clases altas los embarazos no deseados nunca han supuesto un problema, pues siempre han podido viajar a países donde el aborto estaba permitido, y con dinero todo se puede hacer. Incluso teniendo hijos no deseados sus vidas no tenían por qué sufrir las consecuencias de la nueva responsabilidad.
La legislación restrictiva, que en el fondo apunta a imponer a toda la sociedad unos criterios morales o éticos hasta cierto punto discutibles, además nunca ha tenido un efecto real sobre el número de abortos realizados. Este y otros aspectos de la problemática se resumen muy bien en un estudio sobre la legislación sobre el aborto en Sudamérica y que confirma la opinión expuesta más arriba. A ello hay que añadir el impacto económico del aborto mismo sobre las mujeres de estratos sociales desfavorecidos, como muy bien se explica en otro estudio sobre el tema y del que cito el siguiente párrafo muy ilustrativo:
Cabe esperar que la morbilidad asociada del aborto ilegal disminuya tras la liberalization de los instrumentos legales correspondientes y la prestación de buenos servicios de aborto. Ya se dispone de datos procedentes de diversos países que confirman esta hipótesis. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América), el número de ingresos por aborto ilegal con complicaciones en los diez hospitales municipales disminuyó en un 50 % aproximadamente durante los años que siguieron a la liberalization de la ley en 1970 (17). También se ha comunicado de Yugoslavia una disminución del 50 % en el número de ingresos por esa razón durante el decenio que siguió a la liberalization de la ley sobre el aborto (18). En Gran Bretaña y otros países de Europa Oriental se han observado reducciones análogas.
Lo que no veo acertado es permitir el aborto más allá del tercero o cuarto mes de gestación, ya que a partir al menos del quinto mes y gracias a los avances tecnológicos el no nacido / nacido prematuro tiene grandes posibilidades de supervivencia, lo que también justifica considerar que tiene ciertos derechos como futura persona humana que nadie debería poder quitarle. Toda mujer que quiere abortar debería tener claro qué hacer en el plazo de los primeros tres meses. Aún así, es finalmente la mujer la que debe decidir y es ella la que tiene que vivir con lasd posibles (y probables) consecuencias psicológicas y físicas que tiene un aborto voluntario, y es precisamente en este punto en el que corresponde al estado, a la sanidad pública o privada, dar el mejor consejo y un máximo de información y asistencia psicológica a quien esté en la difícil situación de decidir sobre la vida del no nacido. El aborto voluntario no deja de ser un acto cruel por el que se quita la vida a un nuevo ser humano por razones principalmente egoístas.
Pero al margen de las consideraciones anteriores, hay mucho más que dejan de lado las organizaciones pro vida. El derecho a la vida también supone el derecho a una vida digna. ¿Cuál es la vida que espera a un no nacido en el seno de un entorno social deprimido y sin expectativas de poder darle una educación y una formación suficientes para poder llevar una vida digna? Obligar a un niño a vivir en condiciones infrahumanas o en un entorno que no le ofrece garantías de una prosperidad mínima crea tanto problemas al futuro miembro de la sociedad como a la sociedad misma como pueden ser la marginación y la delincuencia. Además, obligar a sus progenitores a cargar con el coste que supone tener un hijo impide que éstos puedan vivir en mejores condiciones.
En Nueva York se comprobó que la legalización del aborto y su financiación para las clases desfavorecidas ha tenido una incidencia muy positiva sobre los barrios marginales, ya que la disminución de embarazos no deseados ha mejorado las condiciones de vida de este grupo social en su conjunto.
En todo el debate alrededor de la nueva ley del aborto lo que ha faltado ha sido una información objetiva y completa. Los diferentes grupos a favor y en contra sólo han polemizado y han hecho gala de mucha hipocresía. Y aunque las organizaciones pro vida ofrezcan alternativas y ayudas para las mujeres que llevan a buen fin los embarazos no deseados, lo que falta es todo un sistema de apoyo del estado que facilite la gestión de los trámites para adopciones y de ayudas durante el embarazo a mujeres socialmente desfavorecidas. Y, finalmente, lo que no pueden pretender las organizaciones pro vida es que sea el estado y con ello toda la sociedad quienes financien los embarazos no deseados y la vida de las nuevas familias para salvarlas de la ruina sólo porque se imponga la prohibición del aborto por supuestas razones morales o éticas. La irresponsabilidad de algunos por no tomar precauciones cuando procede no puede ser financiada con justificaciones ideológicas y a costa de todos los contribuyentes.
En cualquier caso, tratándose de un tema de envergadura, lo que sería deseable es que el pueblo entero decida sobre la cuestión en un referéndum. Pero un referendum exige una información exhaustiva y equilibrada, algo que no interesa a los promotores de la nueva ley.
