El recientemente elegido presidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano ha abierto un debate dentro de las filas del partido de gobierno, la coalición de izquierdas Frente Amplio, al proponer “superar las instancias del pasado» y «construir un nuevo vínculo con militares y policías, para no quedar presos de la historia».
Las últimas elecciones presidenciales en Uruguay ocuparon grandes titulares en la prensa internacional. No era para menos. El nuevo presidente cuenta con una historia muy poco común en comparación con la casi absoluta totalidad de presidentes a lo largo y ancho del mundo. Ex guerrillero, fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, uno de los movimientos armados más famosos de la posguerra o si se quiere, de la Guerra Fría.
Las acciones del MLN – T, entre 1966 y 1972, se distinguieron por su espectacularidad y su precisión, al tiempo que carecieron, la mayor parte de las veces, de consecuencias sangrientas. Esto hizo que las acciones se volvieran simpáticas y populares. Eso no significa, por otra parte, que no haya quienes, y más en estos tiempos, que consideren al MLN –T como una organización terrorista.
En Uruguay entonces, la presidencia de la nación es ocupada, a través de elecciones libres y democráticas, por un ex dirigente guerrillero. Es comprensible que el resultado de las elecciones en Uruguay, ese pequeño país apretado entre Argentina y Brasil, hayan tomado mucha notoriedad.
Por otra parte, a ojos del gran público continental, que recuerda las acciones del MLN – T, así como el final que tuvo la organización a manos de la policía y el ejército uruguayos a principios de los 70 del siglo pasado, se ha dado la notable paradoja de que los derrotados hace casi 40 años llegaran al final, a ocupar los máximos cargos de gobierno.
Algunos periódicos en Montevideo publican las fotos viejas y las fotos nuevas: 1972, Juan María Bordaberry Presidente (el dictador) y al lado, José Mujica preso por guerrillero; 2010, José Mujica Presidente y al lado, Juan María Bordaberry encarcelado por varios delitos, entre ellos el de secuestro y asesinato de parlamentarios uruguayos en Buenos Aires.
Ahora las manifestaciones del “Pepe” Mujica, vuelven a provocar expectativas e interrogantes. Hasta ahora era todo muy entendible. Lo muy difícil de entender, aparece con la propuesta de Mujica a todo su equipo de gobierno diciendo que «la izquierda tiene un problema de comprensión para con las Fuerzas Armadas y la Policía, por ello es imprescindible crear una nueva cultura al respecto».
Lo primero que despertó una ola de críticas a nivel popular y en particular entre los familiares de los detenidos desaparecidos, fue la idea de Mujica de posibilitarle a la Justicia uruguaya, un mecanismo por el cual los presos de más de 70 años pudieran continuar cumpliendo sus penas en arresto domiciliario. Mujica no se refería en primer término a otros presos que los militares y policías que luego de haber sido procesados como responsables de crímenes de lesa humanidad, cumplen hoy largas penas de cárcel.
La prisión de estos delincuentes ya había sido fuente de polémica en su momento, porque la cárcel donde se alojan, fue construida especialmente para ellos dentro de un predio militar, por orden del gobierno anterior encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez.
Son conocidas a nivel internacional, las graves carencias que ha tenido y tiene Uruguay en cuanto a capacidad carcelaria, lo cual se ve agravada día a día con la interminable ola de delitos contra la propiedad o más graves aún como son las rapiñas a mano armada, que día a día suceden en el país. Los presos –y Uruguay ha sido seriamente criticado por ello por parte de autoridades a nivel internacional-, viven hacinados. ¿Cómo es posible entonces, que se construya una “cárcel de lujo”, -como fue denominada por la gente común-, para los que violaron los derechos humanos en la dictadura, mientras que los ladrones de gallinas han tenido más de una vez que “dormir por turno” en alguna celda de las cárceles comunes por carecer de lugar para tirarse en el piso?
Esto es algo que también ha sido aprovechado por los partidos de derecha que, siendo los principales responsables de haber causado la situación extrema de exclusión que termina provocando los actos delictivos, critican al gobierno de izquierda por “violar los derechos humanos”, luego de haber pasado por las cárceles de la dictadura.
Con mayor o menor vehemencia, la propuesta de Mujica de suavizar las condiciones de prisión de los antiguos represores de la dictadura, ha sido rechazada por diversos integrantes de la coalición de izquierdas en el gobierno. Las negativas más notorias han sido expresadas por el Partido Socialista y el Presidente mismo del Frente Amplio, Jorge Brovetto.
No conforme con la respuesta obtenida, José Mujica se dirige a todo su equipo de gobierno y plantea la «imperiosa necesidad» de que el gobierno atienda las expectativas y requerimientos de los militares y policías y en particular de los mandos medios hacia abajo –es de pública notoriedad por ejemplo, el alto porcentaje de policías y militares de bajo rango que sobreviven por debajo de los índices de pobreza-, cuestionando ciertas actitudes reticentes de parte del Frente Amplio para con ese sector de la sociedad.
En el Uruguay «nos pasa que hemos vivido una dictadura muy dura, entonces, en los hechos tendemos a endilgarles a estas Fuerzas Armadas de hoy la responsabilidad de cosas que pasaron hace muchos años». El mandatario dijo que con esta actitud «dejamos al costado, como despreciados, a nuestros cuerpos armados».
«En todo caso, los tenemos como a un perro peligroso, atado en el fondo, no lo queremos ni mirar mucho y, sin embargo, está integrado y hecho por hombres de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que en los hechos tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar las armas del país», remarcó Mujica.
«Creo que asumimos una actitud torpe, torpe con el futuro, con el porvenir, porque la gran garantía de todas las luchas del pueblo uruguayo, por mejorar, por distribuir mejor, se va a poner a prueba, no sé cuándo, algún día, cuanto más lejos mejor, cuando alguna crisis mundial nos traiga una crisis de reparto».
«Y en esa hora tendrá un inmenso valor que los cuerpos armados de nuestro país obliguen a respetar la democracia, a que no existan aventuras, a que tengamos las tensiones que tengamos que tener, pero sin cataclismos institucionales».
Y Mujica expresa su principal argumento: «Hay que discutir a fondo estos temas comprendiendo las partes de un proyecto nacional y democrático, porque las Fuerzas Armadas son claves para la estabilidad de la democracia».
«¿Cuál es la última garantía en una sociedad, del juego y de la existencia institucional de la democracia de derecho que conocemos?” (…) «La verdadera garantía para una nación es que sus cuerpos armados, en los grandes momentos de tensión, cuiden y respeten el funcionamiento institucional; esto no tiene vuelta y no hay que disimularlo».
Parece como que para Mujica, el rol de las Fuerzas Armadas es el del “hombre fuerte” de la familia, que cuida de la integridad de la misma frente a los peligros que puedan surgir ó, “en los grandes momentos de tensión”.
Pero hay un detalle importante soslayado por Mujica. Y es que la sociedad uruguaya como en la inmensa mayoría de las naciones, está compuesta por clases sociales. Hay clases sociales poderosas económicamente (¡caramba!) y clases que, si bien son mayoritarias en cantidad, son desposeídas económicamente.
Los ejércitos existen, desde la primera vez, para conquistar o defender conquistas en la posesión de valores económicos: territorios, yacimientos minerales, terrenos cultivables, acceso al mar o al agua potable, etc. Todo lo demás que se diga es para justificar. Los dueños de los ejércitos, los que se amparan en ellos, los que mueven los hilos detrás de ellos, también han sido a lo largo de la historia, los mismos, es decir, los que disponen en beneficio de quién, irán a parar las utilidades de lo que se posea.
Las fuerzas Armadas en este mundo en que vivimos, no están para garantizar la integridad de la democracia, sino la integridad de los dueños del poder económico. En nuestro continente, el primer lugar (y por mucho tiempo el único) donde el ejército fue y es garantía de la defensa de la integridad del pueblo todo es la República de Cuba. Y eso porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias, profundamente arraigadas en el pueblo, son la garantía del sistema político de administración de la economía o sea, de la integridad del sistema socialista en la isla.
Fuera de Cuba, en los demás países del continente, con la salvedad de la República Bolivariana de Venezuela, que desarrolla un nuevo proyecto de administración detrás de la idea del “Socialismo del siglo XXI”, las Fuerzas Armadas permanecen siendo defensoras de los dueños del poder económico nacional y/o extranjero. Y si no, miremos a Honduras.
El 28 de junio de 2009 las fuerzas Armadas de ese país, al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso, allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño.
Las fuerzas Armadas hondureñas respondieron supuestamente a las órdenes de quien ocupó ilegalmente el cargo de Presidente: Roberto Micheletti pero, se sabe que el avión en que se trasladó al presidente Zelaya secuestrado, aterrizó en una base norteamericana antes de seguir vuelo a Costa Rica, donde Zelaya (en pijamas), sería abandonado a su suerte. Evidentemente los lineamientos del golpe, fueron dados mucho más al norte de Tegucigalpa, más concretamente en Washington, como ha sucedido en todos y cada uno de los golpes de estado que se han perpetrado en el continente.
Muy que le pese a Mujica, las Fuerzas Armadas hondureñas, lejos de garantizar la democracia, respondieron a sus mandos naturales o sea, al Pentágono, “fuente de inspiración” de las Fuerzas Armadas de todo el continente.
Uruguay ni escapa a ello ni ha habido voluntad política por parte de la coalición de izquierdas (que con José Mujica llegó a un segundo gobierno), en modificar esencialmente el estado de cosas. Se ha hablado de un debate acerca del papel que deben jugar las Fuerzas Armadas, pero no más allá de efectivizarlas y proveerlas de mejores recursos.
Pretender que las Fuerzas Armadas uruguayas, que han sido entrenadas, armadas y ”asesoradas” por el Pentágono, que siguieron los lineamientos de sus “mandos naturales” al igual que las otras Fuerzas Armadas del continente a la hora de dar los golpes de estado, defendiendo, no los intereses nacionales sino los intereses del Imperio y la oligarquía nacional cipaya, vayan a ser “ la última garantía en una sociedad, del juego y de la existencia institucional de la democracia”, parece un tanto ingenuo, para un veterano ex-guerrillero como Mujica.
Porque lejos de apartarse de las funestas prácticas golpistas, muy lejos de reconocer sus crímenes, y de mostrar algún síntoma de arrepentimiento dando a conocer, al menos, el destino de los detenidos desaparecidos, los altos oficiales al mando de las fuerzas Armadas Uruguayas, no dejan pasar oportunidad en reafirmar el convencimiento de que “hicieron lo correcto”.
El viernes 5 de agosto de 2005, apenas unos meses después que asumiera como presidente de Uruguay el Dr. Tabaré Vázquez, cuando los uruguayos pensaban que la justicia por los crímenes de la dictadura por fin llegaría, el diario matutino La República publicaba en tapa:
“El 2 de agosto de 2005 es una fecha que de ahora en más debería ser incorporada en los libros de historia como un día trascendente y quizás, algún día, señalada en rojo en el almanaque por su significación desde el punto de vista de la institucionalidad uruguaya: ese día culminó definitivamente la transición iniciada con las elecciones nacionales de 1984 tras 11 años de dictadura militar.”
“El 2 de agosto de 2005, por primera vez en las palabras y en los hechos, un jefe militar, en este caso el comandante en jefe del Ejército, teniente general Ángel Bertolotti, cumplió e hizo cumplir cabalmente una orden del Presidente de la República en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.”
Es que ese día, el General Ángel Bertolotti, jefe del Ejército, le señalaba a Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, el lugar donde supuestamente estaban enterrados los restos de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, secuestrada en Buenos aires en 1976 y traída clandestinamente por militares al Uruguay para que diera a luz y luego ser asesinada y desaparecida.
El Uruguay entero contuvo la respiración. La odisea de Macarena parecía llegar a su fin. Pero allí, en ese lugar que señaló el jefe del ejército no estaban los restos de María Claudia y hasta ahora, no se sabe dónde están, porque los asesinos continúan manteniendo silencio. Los uruguayos apretaron los dientes, el general Bertolotti se hizo el tonto y el presidente Vázquez miró para el costado…
El día 14 de Septiembre del 2006, el diario La República titulaba en tapa: “De espaldas a la democracia: los 3 comandantes homenajearon al terrorista que se quitó la vida”.
Luego de que varios de los más connotados criminales, responsables de una larga lista de crímenes realizados en los tiempos de la dictadura cívico-militar fueran encarcelados, dichos tres comandantes, Tte.Gral. Carlos Díaz, Tte.Gral. aviador Enrique Bonelli* y el Contralmirante Oscar Debali, participaron el 13 de septiembre del 2006, de un acto de homenaje a uno de ellos, Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien (supuestamente, sin testigos) se suicidó en momentos en que era arrestado. El acto se celebró en la Sede del Centro Militar.
El orador del acto fue el Cnel. Carlos Rivarola que señaló que “el mejor homenaje que podemos tributarle al Cnel. Rodríguez Buratti es aportar nuestra mayor contribución para fortalecer la siempre vigente unidad de la familia militar”.
El día lunes 28 de enero del 2008, el diario La República tituló en primera plana: “Actual Jefe de Policía justificó Golpe de Estado”.
El periódico daba a conocer un documento fechado en 1979 perteneciente a la Escuela Departamental de Policía del Dpto. de Soriano, en el cual dicho comisario aseveraba que “la sedición estaba en la calle” y era necesario “tomar las riendas” del Estado.
Ese policía, entonces a cargo en de las jefaturas de dos departamentos en Uruguay en 2008, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, desarrolló y dio a conocer entre sus alumnos aspirantes a policía, una teoría en la cual justificaba las acciones golpistas.
Estas son sólo algunas “perlas”, del largo collar de anécdotas que se podrían mencionar, respecto a la actitud que han mantenido los mandos -debe aclararse- militares uruguayos. Por si todavía quedara alguna duda, está lo expresado por dos generales del ejército el día 14 de abril del corriente año 2010. Como cada año, el 14 de abril se recuerda a los «Caídos en la defensa de las instituciones democráticas y de la libertad», aludiéndose con ello a uniformados que cayeron abatidos por la guerrilla.
En dicho acto, realizado en la Plaza de la Bandera, actuó como orador el General Raúl Mermot, que se retirara en 1997 con la jerarquía de teniente general y que en su momento advirtió públicamente que no dejaría pasar a los jueces al interior de los cuarteles, para investigar las desapariciones. En su discurso del día, Mermot criticó a la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, «cuando en la plenitud de su mandato (…) permitió que la fiscal actuante, doctora Mirtha Guianze, enviara a prisión a militares dependientes de su propio Ministerio», refiriéndose a los delincuentes que cumplen penas de cárcel hoy por haber cometido crímenes durante la dictadura.
En otro acto realizado en la fecha, dentro del Centro Militar, refiriéndose a los mismos delincuentes, el presidente del instituto castrense, el general (r) Manuel Fernández Vergara, señaló: «En esta fecha queremos tener un recuerdo especial para las víctimas actuales de la guerra revolucionaria en la cual seguimos inmersos, que están desterrados en Chile, en Argentina, en Italia y a los ‘prisioneros de guerra política’ que están en Domingo Arena (la “cárcel de lujo”), o en Cárcel Central o en sus domicilios, a todos ellos nuestros respetos y sepan que no los hemos olvidado; sepan que no descansaremos hasta ver que logren plenamente su libertad y sus derechos y sepan además que la suerte de ustedes es también la nuestra». A este acto concurrieron los ex presidentes, impulsores y defensores a ultranza de la “ley de Impunidad”**, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.
Contra lo que dice el presidente Mujica, la izquierda ha considerado históricamente que la única garantía que tiene la democracia, está basada en la unidad de las clases trabajadoras. Los ejércitos del mundo capitalista, o sea la mayoría de los ejércitos, están educados para cumplir órdenes pero no precisamente de indios, obreros harapientos o estudiantes, sino de los “señores poderosos” aconsejados históricamente -no olvidarse-, por la jerarquía eclesiástica.
Tampoco es muy sano pensar en el papel de las Fuerzas Armadas como cosa interna, dentro de fronteras, por más que Mujica y algunos de sus viejos compañeros hablen de la necesidad de custodiar el territorio y en particular el extenso territorio marítimo del país. Parece ser un pensamiento de aldeanos y, como decía Martí, “Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde (…) ya da por bueno el orden universal, sin saber que los gigantes llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, (…)”.
Las Fuerzas Armadas uruguayas, son segura y lógicamente un elemento a poner en juego por “los verdaderos mandos”, en su afán de controlar el mundo. Todos los mares de la tierra están siendo patrullados por las nueve flotas norteamericanas, con el fin de “defender sus intereses”, ocupando o bombardeando “cualquier rincón oscuro del mundo”. Y por si acaso ya hay integrantes de las Fuerzas Armadas Uruguayas cumpliendo “misiones de paz”, delineadas por la Naciones Unidas (léase el Pentágono), en África pero por sobre todo, en Haití (muy cerca de Cuba).
Se supone que a esta altura de la historia no cabe hacerse ilusiones pensando en lo bueno que significa que haya un afro-americano al mando de las fuerzas Armadas más poderosas de la historia de la humanidad. Obama, bien lo dijo Fidel, “es un producto del Imperio”.
La integración de las Fuerzas Armadas uruguayas en el mejor contexto general de la nación, no puede realizarse antes de su replanteamiento total, respecto a sus formas y cometidos esenciales. Eso es algo que fue firmemente expresado en el II Congreso del Pueblo, que se realizó en el año 2008, con la participación de la inmensa mayoría de organizaciones sociales y sindicales uruguayas provenientes de todo el país, encabezadas por la Central Obrera, el PIT-CNT pero que, al parecer, no es tenido en cuenta..
El presidente uruguayo propone “superar las instancias del pasado». No es la primera ni será la última vez en que la gente trate de explicarse qué fue lo que quiso decir en su muy particular lenguaje. Si lo que quiso decir significa no guardar rencores puede estar bien. En todo caso, se trata solamente de hacer justicia. Si el “Pepe”, que fue perseguido, baleado, torturado, aislado y amenazado de muerte durante años en oscuros calabozos, quiere perdonar a sus verdugos, tiene todo el derecho a hacerlo, pero en su fuero íntimo. Mujica no puede pretender, que lo haga la nación que circunstancialmente preside y menos, que ella le de paso al olvido.
Perdonar, para aquellos que lo puedan hacer, tal vez sea muy beneficioso. La vida es tan corta. Pero olvidar, es histórica y definitivamente, muy peligroso.
* Enrique Bonelli, Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya bajo el gobierno de Tabaré Vázquez hasta su jubilación, confeso cohechor (copiloto) en el llamado “Segundo vuelo” (vuelos de la muerte), en el cual fueron transportados alrededor de una veintena de prisioneros políticos uruguayos desde Buenos Aires, entre ellos Juan Pablo Recagno, Ary Cabrera, María Emilia Islas Gatti, Juan Pablo Errandonea y Armando Arnone y que continúan desaparecidos.
** «Ley de Impunidad»: Ley tras la cual se ocultan muchos de los que cometieron crímenes en la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Ley que ha sido plebiscitada en dos oportunidades y continúa vigente, bajo el nombre real de Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Dicha Ley ha sido impugnada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Parlamento uruguayo estudia la posibilidad de anularla y evitar así, las sanciones que puedan venir por parte de dicha Comisión.
