Dedicado a la Memoria del Compañero Antonio Smith Montezuma.
Primer Mártir de la Lucha Contra la Ley 30. ¡Tod@s Somos Antonio Smith!
En estas breves líneas más allá de realizar una cronología de los hechos, plantearemos algunas reflexiones de lo que ocurre actualmente en el país con respecto a la lucha contra la Ley 30. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines SITRAIBANA de la provincia de Bocas del Toro declaró una huelga exigiendo la derogación de la Ley 30 mejor conocida como “Ley Chorizo.” Con protestas y cierres de calles los trabajadores bananeros y el pueblo bocatoreño ha resistido la violenta represión y persecución por parte de Unidades del Control de Multitudes UCM de la Policía Nacional con apoyo de tropas del Servicio Nacional de Fronteras SENAFRONT y del Sistema de Protección Institucional SPI. El centro y bastión de lucha principal ha sido la ciudad de Changuinola donde se han escenificado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. La Policía Nacional ha hecho uso indiscriminado y excesivo del material antidisturbios, lanzando bombas lacrimógenas en gran cantidad y el disparo de perdigones que ha causado varios muertos y heridos, muchos de los cuales han perdido la vista en alguno de los ojos. Se han dado gran cantidad de arrestos.
El compañero Antonio Smith, bocatoreño de sólo 25 años de edad se constituyó el pasado jueves 8 de julio del 2010 en el primer mártir de la lucha popular y social panameña contra la Ley 30 mejor conocida como «Ley Chorizo» y del gobierno autoritario, abusivo y represivo del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Ese día miembros de la Unidad de Control de Multitudes UCM de la Policía Nacional comenzaron a reprimir salvajemente a los manifestantes con el fin de sofocar a sangre y fuego la protesta y la huelga de los trabajadores bananeros y el pueblo de Bocas del Toro. El joven trabajador bananero laboraba en la Finca Independiente 72 COBANA las 30, afiliado al sindicato SITRAPBI, que a su vez forma parte de Convergencia Sindical. El gobierno nacional sólo ha reconocido dos muertos oficialmente, mientras el movimiento popular y social estima la cantidad de muertos entre 6 a 10 manifestantes.
Se han recrudecido, sobre todo en estos 10 últimos días trascurridos, los arrestos, las órdenes de conducción, detención y la intimidación por parte del gobierno en contra de manifestantes, militantes, cuadros y dirigentes populares, sociales, sindicales, campesinos, docentes y ecologistas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas como de la ciudad capital de Panamá, entre los cuales están los compañeros Jaime Caballero, Saúl Méndez y Genaro López Directivos del Sindicato Ášnico Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares SUNTRACS, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI y del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales FRENADESO; de la compañera educadora Dalia Morales de la Asociación de Profesores de la República de Panamá ASOPROF, del compañero educador Mario Almanza Secretario General de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos AMIA y del compañero educador Juan Ramón Herrera Secretario General de la Asociación de Educadores VeragÁ¼enses AEVE; de la compañera Priscila Vásquez Secretaria General de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social AECSS; del compañero educador Virgilio Araúz del Partido de los Trabajadores Panameños PTP; del compañero Economista y Profesor Universitario Juan Jované de Puy del Partido Alternativa Popular PAP y de la Unión de Lucha Integral del Pueblo ULIP; de la compañera ecologista Yaritza Espinosa del Colectivo Voces Ecológicas y de los compañeros periodistas Carlos Núñez López o Paco Gómez Nadal. Estos son apenas un grupo representativo de todos los sectores, ya que son una mayor cantidad de personas las que han sido arrestadas, perseguidas, intimidadas y las que tienen órdenes de conducción y detención.
Los detenidos son enviados a la Cárcel Pública de Changuinola donde han sido maltratados e incomunicados de sus familiares, dejados sin comida y agua, sin la posibilidad de cambiarse de ropa o bañarse por varios días, según los testimonios de sus propios familiares. Se han producido abusos contra personas totalmente ajenas a las manifestaciones, las cuales sufren allanamientos a sus residencias sin permiso de autoridad competente, se han lanzado bombas lacrimógenas dentro de residencias y se han arrestado a menores de edad. Muchos de estos hechos no han sido cubiertos o trasmitidos por los medios televisivos, radiales o escritos, ya que existe una fuerte censura de los mismos por parte del gobierno, sino por personas que con el uso de celulares y cámaras han documentado todos estos hechos y los han colocado en el internet. Estos videos y fotos muestran la crudeza y dureza de la represión policial.
Estos hechos señalados son muestra clara de un gobierno autoritario, abusivo y represivo, violador de las garantías constitucionales, de las libertades, de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Se han dado varias marchas, vigilias, piqueteos, volanteos, cierres de calles parciales y totales, festivales musicales y culturales en solidaridad a la lucha y protesta en Bocas del Toro en todo el país. Las redes sociales como facebook, el canal youtube, los blogs individuales y grupales y el correo electrónico han sido los vehículos alternativos de comunicación e información de lo que realmente está pasando en la provincia bocatoreña. El abuso del poder, la extralimitación de funciones, la imposición de leyes, la intolerancia, la intimidación, la descalificación, el ataque verbal y físico contra cualquier opositor, los comentarios despectivos y ofensivos, los insultos, las falsas acusaciones y la campaña sistemática de desprestigio contra los dirigentes, cuadros y militantes, las organizaciones y movimientos populares, sociales, sindicales, campesinos, docentes y ecologistas por parte del gobierno a través de periodistas y programas radiales y televisivos financiados y dirigidos desde el poder, de los dirigentes de los partidos políticos en el poder, de altos funcionarios públicos, entre ellos Ministros, Vice-Ministros, Directores y Sub-Directores de Instituciones Autónomas y Semi-Autónomas y de los organismos de represión y persecución nos indican que estamos en franco y abierto camino a una dictadura civil y policial de la clase oligárquica-empresarial dominante y explotadora.
La denuncia interna y externa de la situación actual del país a organismos y tribunas de derechos humanos y por los medios alternativos de comunicación e información, de la difusión masiva de comunicados, análisis, artículos, reportajes, entrevistas, testimonios, grabaciones o videos de los hechos acaecidos y la participación y militancia activa, permanente y vigilante son las formas de lucha, protesta y batalla de ideas y acciones no sólo frente a la derogatoria de una Ley inmoral, injusta, incorrecta y anti-democrática, sino el cambio y transformación de un sistema y modelo de dominación y explotación del hombre por el hombre, de la cual está Ley es un instrumento del aparato jurídico-legal burgués.
