¿Recuerdan la película North by Northwest, conocida en España con el título “Con la muerte en los talones”? Hitchcock fue un maestro del suspense y un buen conocedor del grado de estupidez al que pueden llegar algunos de nuestros congéneres. En el cine, como en la vida, las apariencias engañan y siempre encontramos a alguien interesado en que un inocente aparezca a los ojos de los demás como culpable. Aun más, podemos encontrar a la víctima tratada injustamente por los poderes establecidos, acusada de un delito que no ha cometido y con la posibilidad de pasar diez años de su vida entre rejas.
Esto es lo que le ha ocurrido a Simone Righi, un ciudadano italiano que en los próximos días será juzgado en Cádiz por “intento de agresión” a la alcaldesa Teófila Martínez.
Todo comenzó el 13 de septiembre del 2007 cuando Simone y su compañera Jo Fiori, dejaron a sus tres perrros Holly ,Vito y Maggie en una supuesta residencia canina llamada Asociación para la Protección de los Animales de Puerto Real (Cádiz), un curioso nombre para un lugar de exterminio masivo y cruel de animales abandonados. Pasados cuatro días, la pareja fue a recoger a sus queridos perros y fue entonces cuando se dieron cuenta del engaño al que habían sido sometidos. Los animales habían muerto junto con otras víctimas inocentes. Simone y Jo pudieron ver el cadaver de Holly dentro de un congelador, sus otros perros habían sido incinerados en el horno crematorio de la “Asociación para la protección de los Animales”. Entonces supieron que la “residencia” había estado durante mucho tiempo bajo investigación por maltrato animal, utilizando métodos ilegales para el sacrificio. La necropsia de Holly reveló la presencia de un paralizante muscular que provoca una muerte lenta por asfixia. Esta prueba sirvió para denunciar a los responsables del centro de exterminio, los cuales, curiosamente, aun no han sido juzgados.
El 7 de octubre del 2007 se organizó una gran manifestación en Cádiz para pedir el cierre de la perrera. Alrededor de 2000 personas participaron en la protesta y entre ellas se encontraban Simone y Jo. Coincidiendo con esta fecha se festejaba el día de la Patrona de Cádiz, un acto en el que los miembros de la Junta Municipal y la alcaldesa, Teófila Martínez, acudieron a una misa celebrada en el convento de Santo Domingo cercano al lugar de la manifestación. Al finalizar la ceremonia, la alcaldesa y los miembros de la Corporación salieron escoltados por la policía. Algunos de los manifestantes, entre los que se encontraba la pareja, se acercaron a la primera edil para expresarle su indignación por lo ocurrido con sus perros. Nadie pudo preveer lo que sucedió segundos después: Simone fue reducido por la policía, golpeado y maltratado como un criminal peligroso. La víctima pasó tres días en el calabozo y dos meses en prisión preventiva acusado de “intento de atentado, resistencia a los funcionarios públicos y alteración del orden público”, a pesar de que los testigos y las imágenes grabadas demuestran la inocencia del detenido.
El 4 de octubre del presente año tendrá lugar el jucio contra Righi en la Audiencia Provincial de Cádiz. Pero éste ciudadano italiano no está solo, miles de personas de distintos rincones del mundo apoyan su inocencia y entre ellas se encuentran las que participaron con Simone en la manifestación contra la perrera, que presenciaron lo ocurrido y testificarán a favor del acusado. Resulta alarmante leer en algunos medios de comunicación una versión de los hechos en los que se niega al acusado la presunción de inocencia con estas declaraciones: “Los agentes de Policía redujeron a Simone Righi, quien habría ofrecido resistencia y llegado a agredir a cuatro policías”. Hasta en los casos de asesinato donde el agresor se confiesa culpable de los hechos, e incluso hay testigos presenciales de lo ocurrido, se califica al detenido como “presunto” homicida hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio. ¿Por qué se le niega a Simone este derecho? ¿No podemos estar ante un caso flagrante de manipulación en la opinión pública?
Simone Righi se encuentra con 10 años de cárcel pisándole los talones por haber denunciado el asesinato de sus perros, en una perrera camuflada de “Asociación para la Protección de los Animales” con licencia para matar y el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Tendrá razón quien escribió: “Todo parece estar diseñado con arte para impedir que los dos italianos participen en el juicio contra la perrera donde también el Ayuntamiento de Cádiz, que subvencionó durante años dicho centro, tendrá que responder”? Más preguntas: ¿Por qué no se ha celebrado ya el juicio contra los responsables de este campo de exterminio? Siendo testigos de la manipulación mediática ¿puede Simone Righi (y nosotros con él) esperar un juicio justo e imparcial?
