La política es una tierra sin ley, donde lo que hoy sirve mañana caerá en desuso y los mecanismos que llevan al poder hoy, mañana sólo llevarán fracaso, pero sí que se atiene a una máxima inextricable que lo gobierna todo y que se cumple una y otra vez: siempre que hay una crisis económica empieza el debate sobre la reforma de las pensiones.
Las pensiones públicas son un elemento esencial del Estado del Bienestar, y como piedra angular del mismo no se debe debatir su supervivencia, porque ésta se debe de dar por sentada, obligando a los gobernantes a tomar las medidas que sean necesarias para así conseguirlo, y en ese estado de cosas parece que nos estamos moviendo ahora.
Parece claro y evidente que la composición demográfica de las sociedades de hoy en día es muy diferente a la de hace unos años, y que no es lo mismo una persona de 65 años de hoy que otra de la misma edad hace 20 años. Por tanto, nadie se puede llevar las manos a la cabeza si el Gobierno se plantea la posibilidad de elevar la edad de jubilación, aunque algún que otro partido político se empeñe en poner el grito en el cielo con un objetivo puramente electoralista.
Sin embargo, no creo que fijar la edad máxima de jubilación en los 67 años se la solución más plausible, porque resta libertad al trabajador, salvo contadas excepciones, claro está. Desde mi punto de vista la solución pasaría más por incrementar la edad mínima de jubilación, permitiendo luego a cada trabajador decidir cuando quiere abandonar la vida laboral. Esta idea no es nueva, ya que se aplica con éxito en Suecia desde hace unos añitos. En la actualidad, en España la edad mínima de jubilación está en 61 años, por lo que esta edad se podría incrementar a los 63 o 64 años, eliminando el máximo de 65.
Otro aspecto importante es el período de cálculo para la base reguladora. En estos momentos nos movemos en los últimos quince años de la vida laboral y el Gobierno baraja modificarlo a los últimos 20 años. La teoría nos dice que es en los años finales de la vida laboral de un trabajador cuando se obtienen ingresos más elevados, aunque la práctica, sobre todo en tiempo de crisis, desdice a la teoría, ya que muchos trabajadores se están quedando desempleados precisamente en estos momentos cruciales para determinar la base reguladora de su pensión.
Sin embargo, la situación actual es puramente circunstancial, y cuando todo recobre la normalidad los últimos 15 años volverán a ser los de mayor ingresos de los trabajadores. En esta situación, ampliar el período de cálculo a 20 años lo único que hará será reducir los ingresos que percibirá la persona jubilada, aunque sí puede ayudar a la sostenibilidad del sistema por una reducción escasa. Por tanto, no veo ningún problema en incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo.
Y, por último, aparece el tema de el total de años cotizados para poder cobrar la pensión completa. En estos momentos se necesitan 35 años cotizados para poder cobrar el 100%, y se está barajando la posibilidad de llegar a los 40 años. Esta medida no me parece acertada, porque igual que se está produciendo un cambio en la composición demográfica de la población se está, a su vez, retrasando la edad de incorporación al mercado laboral, por lo que, para ser justos y equitativos y no forzar a retrasos involuntarios en la edad de jubilación, se debería de mantener en esos 35 años.
En definitiva, incrementar la edad mínima de jubilación a los 63-64 años, eliminando la edad máxima, incrementar el período de cálculo de la base reguladora de 15 a 20 años, y mantener inalterado el número de años para tener derecho a la pensión completa. Medidas que ayudarán a la sostenibilidad del sistema sin afectar, en exceso, el poder adquisitivo de los pensionistas.
