Por Eduardo R. Saguier (Investigador CONICET-Museo Roca), Joaquín E. Meabe (Docente investigador ITGD-FD-UNNE) y Jorge E. Marenco (Abogado)
Frente a la crisis política al descubierto en el escenario nacional con la muerte del ex presidente Kirchner se reabre un antiguo pleito aún no saldado vinculado con la modernización del estado argentino. Se trata de las incompatibilidades en el escenario de las interacciones políticas.
Este viejo debate, que a fines del siglo XIX se planteó con referencia a quienes ocupaban cargos en los tres poderes del estado y simultáneamente ejercían cargos dirigenciales en las universidades argentinas, en los colegios nacionales y en la administración pública, tales como la administración de correos y telégrafos, se debió haber extendido en el siglo XX a todas las estructuras y organizaciones que forman conglomerados paraestatales en los que se dispone y se concentra, con desigual extensión, poder social (Asociaciones de trabajadores, grupos empresarios, iglesias, mesas de enlace de entidades agropecuarias, asociaciones de bancos, etc.). Se trata de sociedades parciales hoy con enorme poder concentrado y a veces con ilimitada influencia en sus áreas y que operan al margen de los órganos formales como el parlamento que es el escenario básico de tratos políticos.
Hoy nos encontramos con un descontrolado avance de esas sociedades parciales uno de cuyos notables ejemplos se pone de manifiesto en la conducta del Secretario General de la CGT que se considera habilitado para dictar a la sociedad las reglas del interés particular del conglomerado que lidera. Desde ya no es el único. También la denominada Mesa de Enlace que nuclea a las entidades del campo se cree habilitada para dictar la política económica de toda la sociedad con base en una concepción del beneficio y de la ganancia personal que se manifiesta indiferente a la solidaridad social. Tampoco el lobby bancario encuentra límites en el abuso por la aplicación de tasas de interés usurarias y de condiciones leoninas en las compras a crédito. La lista es tan amplia como la de esas sociedades parciales que hoy cogobiernan desde la sombra nuestra vida social. Y lo peor es que el Poder Legislativo no parece advertir que hace falta poner límites a este despropósito. Si tenemos en cuenta los ingentes recursos materiales y humanos con que cuentan los dirigentes de esas sociedades parciales dentro del estado, tolerar sus prácticas y la impudicia de sus propios poderes para adueñarse de las mejores posibilidades de acceso a los cargos legislativos y ejecutivos significa en la práctica una tremenda competencia desleal en desmedro del ciudadano común que se vuelve así rehén de estas sociedades parciales.
Los partidos políticos y en particular los actuales partidos de oposición, en especial la UCR, deben formular públicamente una autocrítica respecto a su conducta pasada cuando fueron gobierno. Debemos recordar que cuando en diciembre de 1983 la UCR se consagró vencedora en las elecciones nacionales, la Convención Nacional reunida en Parque Norte reformó el art.38 de la Carta Orgánica del Partido, por la cual estaba vedado detentar cargos partidarios y simultáneamente candidatearse para cargos electivos. Dicha reforma que permitía ocupar funciones del estado y partidarias al mismo tiempo, fundada en la necesidad de fortalecer el liderazgo en la transición, menoscabó la vida interna partidaria y el necesario control a la gestión de gobierno.-
Si la ciudadanía no reacciona frente a estos peligros los ciudadanos van a quedar presos del poder del dinero y del poder de las organizaciones como la CGT, la Unión Industrial, La Mesa de Enlace, la Iglesia y otras más, lo que lleva al gobierno de las corporaciones que no es más que una forma de fascismo encubierto que termina transformando al ciudadano en su títere.
