Una subcomisión compuesta por varios diputados, ha presentado recientemente un documento en el que se traza la estrategia energética a seguir durante los próximos 25 años. El colapso ecológico que vive nuestro planeta y un lisiado modelo económico basado en constante crecimiento, requerían apuestas valientes y decisiones hacia un futuro más sostenible y seguro.
Pero la realidad no fue así. Según han denunciado las organizaciones ecologistas, la energía que se consumirá en un futuro seguirá proviniendo de fuentes altamente contaminantes y peligrosas. Entre ellas destacan las originadas por los combustibles fósiles y especialmente el carbón, que contribuyen significativamente a perpetuar un efecto invernadero que repercute en modificaciones drásticas del clima.
La otra agraciada por la clase política fue la nuclear. Esta energía, aparte de su peligrosidad innata, sigue presentando problemas estructurales de difícil solución. El principal de ellos son sus residuos, cuya única salida pasa por almacenarlos en complejos y caros recintos de seguridad enterrados en el suelo.
A pesar de la gran inversión y de los fuertes incentivos programados desde el gobierno central para el municipio que albergue dicho almacén, sólo once municipios presentaron candidaturas para dar cobijo en su territorio a tan peligrosa infraestructura. En todos los casos las propuestas suscitaron acalorados debates y rechazos por parte de los vecinos afectados.
En cuanto a la estrategia para los próximos 25 años, Ecologistas en Acción y Greenpeace denuncian amargamente que se ha obstaculizado el crecimiento de las energías renovables. Por eso Greenpeace recuerda que “Si Zapatero quiere crear un millón de empleos verdes, la apuesta estratégica de España deben ser las renovables, y la planificación energética debe prever cómo las viejas energías deben ceder el paso al nuevo sistema que deberá ser 100% renovable”.
A una mayor participación de las renovables y a una reducción de las energías convencionales, se suma la eficiencia energética como elemento clave para un modelo energético sostenible. Como apunta Ecologistas en Acción “Es imprescindible y perfectamente posible caminar hacia un modelo de sociedad en que disfrutemos de una vida saludable y de calidad con un consumo mucho menor de recursos, en este caso energéticos. La apuesta por la reducción del consumo de energía debe ser por lo tanto el principal objetivo a plantear, junto con una subida muy importante, muy por encima del 20%, de la aportación de las renovables en 2020…”
Ambas organizaciones apuestan por el paulatino cierre de las centrales nucleares y térmicas, especialmente las de carbón. España es desde hace años un país exportador de energía y eso da un margen para el cierre y la reducción.
Ecologistas en Acción reclama que las multinacionales implicadas asuman los costes sociales y ambientales que tradicionalmente se han externalizado. También recuerda el problema implícito que conlleva la perpetuación de este modelo, que hace de España un país dependiente de las importaciones de gas, petróleo, etc. con los riesgos asociados y más en épocas de fluctuaciones y crisis.
Cabe recordar en este punto, que el petróleo es un combustible finito y desde hace años existe preocupación ante esa situación que se ha venido denominando como el “cénit de petróleo”, entendido como el momento en el que la demanda del oro negro será más elevada que la oferta.
Y es que desde hace años la demanda se sostiene gracias a los pozos ya existentes. Las nuevas prospecciones no ofrecen grandes bolsas de petróleo y los procesos de extracción se prevén costosos. La impotencia de las grandes corporaciones petroleras es evidente y años atrás, alguna fue sorprendida mientras inflaba sus reservas para mantener sus cotizaciones.
El asunto es serio. Desde la perspectiva ecológica, la generación de energía por métodos contaminantes crea fuertes impactos ambientales y sociales. Pero además, no se puede especular con un factor tan importante como es la energía en nuestra sociedad. Habida cuenta de cómo está el mundo en los últimos años, cualquier tormenta financiera puede originar un cataclismo. Desde el punto de vista ambiental y social, hace muchos años que los gobiernos debieron haber iniciado la transición hacia un modelo más seguro y limpio.
Con las renovables, sí se puede.
A pesar de las decisiones políticas, Javier García, Presidente de la Fundación Renovables, se mostraba más optimista con el futuro del sector. Informaba en una entrevista en la Revista Daphnia, que en 2009, el 60% de la capacidad de producción instalada en Europa tenían origen renovable.
García, siguiendo prácticamente los argumentos de las agrupaciones ecologistas, advertía que “Un gran error de la política energética española es no reconocer los beneficios económicos, sociales y ambientales que las renovables aportan a la economía española”. Defiende sin fisuras la expansión de este tipo de energías a la vez que cuestiona los argumentos oficiales y corporativos que hacen referencia a la subida del precio en las tarifas originado supuestamente por las renovables.[1]
Jordi Miralles, de la Fundación Terra y Ana Marco, de la Fundación Ecología y Desarrollo, junto a muchas organizaciones ecologistas más, abogan por un modelo energético que defienda el derecho a la autosuficiencia energética, es decir, el derecho a producirse uno mismo su propia electricidad.
En España, hasta el momento, las energías renovables se conciben y se promocionan como un negocio más. En el fondo el modelo es el mismo: un parque eólico por ejemplo, al igual que una central térmica, genera electricidad y la introduce en la red para ser consumida. La diferencia es obvia y substancial, pues con unas fuentes no se contamina y con otras sí, aunque las renovables, en ciertos casos, han sido adoptadas por las mismas multinacionales contaminantes que actualmente gestionan nucleares y térmicas. Por lo tanto si bien hay una mejora a nivel ecológico, a nivel social son los mismos los que se enriquecen y cortan el bacalao.
Uno de los problemas del sistema actual es la gran pérdida de energía durante el transporte a través de cientos de km de redes y cables. Lo que proponen los grupos ecologistas y otros expertos, es la descentralización energética de tal manera que se fomente un modelo que sea más eficiente y en el que la ciudadanía pueda generar su propia energía e introducir los sobrantes en la red para que pueda ser usada lo más cerca posible de donde se creó. De esta manera se podrían reducir las pérdidas por el transporte.
Miralles y Marco ponen un ejemplo. Un edificio plurifamiliar de 20 viviendas puede alcanzar los 20.000 kWh, con un coste económico de unos 3000 euros y la emisión de 10 toneladas de CO2. Con una central fotovolcaica de 15 kW se podría compensar el consumo eléctrico. Su inversión oscilaría de 45.000 euros que se rentabilizarían en 15 años mientras que la vida media de la instalación sería de 25.[2]
[1] http://www.istas.net/daphnia/articulo.asp?idarticulo=1021 [2] http://www.istas.net/daphnia/articulo.asp?idarticulo=1022
