El verano pasado, el gobierno francés expulsó a cientos de gitanos, violando sus derechos en una actuación claramente xenófoba. Hoy, la Asamblea Nacional francesa prepara la supresión de cinco autoridades en defensa de los derechos civiles para concentrar sus competencias en un Defensor de Derechos nombrado a dedo por Sarkozy. Cincuenta organizaciones de derechos humanos se oponen.
Una nueva ley de prensa húngara controla qué se puede publicar o no. Y amenaza con multas superiores a 700.000 euros a quienes atenten contra el interés público, el orden público y la moral… según un comité de políticos del partido del primer ministro húngaro.
La Unión Europea facilita a Estados Unidos hasta 34 datos personales de cada europeo que viaje a ese país. Y hace poco el gobierno estadounidense forzó a Twitter a revelar información confidencial (direcciones de email, números de teléfono, mensajes privados y dirección IP) de cinco personas inscritas en esa red relacionadas con Wikileaks; su fundador Julian Assange, la diputada islandesa Brigitta Jonsdottir y otros tres ciudadanos. Y Guantánamo no se cierra…
Es una muestra de actuaciones autoritarias y violaciones de derechos, pero hay muchas más. Vamos hacia atrás.
Stefano Rodotá, profesor emérito de derecho en Roma, asegura que hoy Italia es un laboratorio de totalitarismo, en tanto que The Economist considera el modo de gobernar de Berlusconi una nueva forma de fascismo. En Rusia, Vladimir Putin “tiene montado un chiringuito de poder y corrupción cuya Justicia manda a la cárcel a sus adversarios, políticos o magnates de la economía, si se cruzan en su camino”, denuncia el periodista Miguel Bastenier.
Pero no sólo Italia y Rusia.
Tras el atentado contra las Torres Gemelas, Trent Lott, senador de los Estados Unidos, aseguró impertérrito que “en tiempos de guerra hay que abordar de manera diferente las libertades públicas”. Y la juez del Tribunal Supremo de ese país, Sandra Day O’Connor, advirtió que “vamos a conocer las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”.
Desde entonces, gobiernos presuntamente democráticos han invadido el poder legislativo y judicial y han restringido y violado derechos civiles y políticos. Intervenciones telefónicas e irrupciones en Internet sin autorización judicial, encarcelamientos sin intervención del juez, ausencia de garantías procesales a acusados de terrorismo, recortes de libertad de expresión así como del derecho a la información, aceptación de la tortura…
Los desmanes contra derechos humanos y las sangrientas dictaduras del siglo XX se perpetraron en nombre de la lucha contra el comunismo. Desaparecido el comunismo, se violan derechos en nombre de la seguridad contra el terrorismo. Hoy, también en nombre del crecimiento económico.
El nuevo autoritarismo no utiliza mascaradas con uniformes pardos o negros, liturgias delirantes, brazos en alto, oleadas de banderas y símbolos totémicos. Este autoritarismo controla medios de comunicación para desinformar, engañar, hipnotizar y manipular. Mentira y desfachatez son sus reglas para mantener ignorante, desorientada y adormecida a la ciudadanía y vaciar la democracia.
Este autoritarismo, camuflado de democracia disminuida (casi reducida a ritual electoral), se agudizó al inicio de la lucha contra el terrorismo a principios de siglo. Este autoritarismo ha sido y es violación de derechos cívicos y políticos. Pero hoy, la crisis ha dado alas y pretextos a los poderosos para asaltar también los derechos económicos y sociales. Y reducen o eliminan derechos laborales, disminuyen pensiones, recortan presupuestos de salud y educación públicas, hacen inalcanzable la vivienda, desahucian en masa a ciudadanos pobres…
Este asalto a derechos económicos y sociales, que a principios del XXI no podían justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, hoy lo perpetran con desfachatez en nombre del crecimiento económico. El crecimiento (dicen) es estabilidad y disminución del desempleo. Algo cada vez más lejos, por cierto.
El caso es que entre el temor a atentados terroristas y el pánico a una catástrofe económica, vivimos inmersos en el miedo. Miedo promovido y manipulado al servicio de intereses concretos, que busca hacer posibles unas conductas y actuaciones políticas que son claras violaciones de derechos, inadmisibles hace veinte años.
En vez de miedo, Stéphane Hessel propone indignación ciudadana (que no ira). Hessel, único redactor vivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, convoca a la ciudadanía indignada a la insurrección civil pacífica. Para conseguir que los intereses particulares de la minoría privilegiada se subordinen al interés general de la mayoría.
Es una buena propuesta.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
