El pasado lunes 5 de septiembre de 2011, en el acto de celebración del 32 Aniversario de la fundación de la Policía Nacional de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del Presidente Daniel Ortega Saavedra daba a conocer el Acuerdo Ejecutivo que prorroga el mandato de la Comisionada Aminta Granera como Jefe Nacional de la Policía Nacional para un segundo período.
Más allá de las emociones positivas o negativas que pueda general tal decisión, reafirma una tendencia o estilo de gobernar por la vía de facto, vía «decretazos».
Esta es la segunda decisión presidencial que viola la Ley 228 de la Policía Nacional, la primera fue que por Vía Decreto, el Presidente de la República no estaba obligado a pasar a retiro al Jefe Nacional de la Policía, y este segundo, consecuente con el anterior, se atribuye la facultad de prorrogar el mandato violando la ley reguladora de la materia.
La Comisionada Aminta Granera, que hasta este momento gozaba de prestigio y popularidad en amplios sectores de la población nicaragÁ¼ense, ha sido declarada el funcionario de facto número 26. Un título del cual nadie se puede sentir orgulloso. Es una lástima por que bien pudo declinar la oferta presidencial de violar la ley y retirarse a descansar y a atender sus asuntos personales y familiares con la satisfacción plena del deber cumplido.
