Cuando estalla la crisis financiera de liquidez, el sobreendeudamiento privado y público se convierten en la «titadine» que hace saltar por los aires toda la estructura económica en la que se apoyaba la economía española; es decir, el sector de la construcción. La falta de ahorro de la economía española y las nefastas políticas keynesianas implementadas por el gobierno, pero sobretodo, el que nuestros legisladores (de un signo o de otro) estén pensando siempre en el corto plazo y no en el largo plazo, han hecho el resto.
Detrás del problema de nuestra economía, no solo está la crisis financiera, hay algo más, y los partidos mayoritarios lo saben, aunque poco quieren hablar de ello, algunos de estos problemas económicos vienen de mucho más lejos en el tiempo, como en el caso de nuestra legislación hipotecaria. Los legisladores están para anticiparse a los problemas que pueden afectar a los ciudadanos pensando en los intereses de la mayoría, pero ninguno parece ser que ha sido capaz de hacer las cosas bien, por eso ahora quienes tienen que pagar la crisis son los más débiles de nuestra sociedad.
Con esto no pretendemos decir que la normativa hipotecaria sea el único elemento a tener en cuenta como causa de esta crisis, pero probablemente también tenga que tenerse en cuenta. Es precisamente la regulación actual en esta materia, la que ha contribuido a la creación de la burbuja inmobiliaria, y de esta Ley son responsables nuestros propios legisladores y los partidos políticos que durante toda su vigencia no han hecho nada para cambiarla. Muy al contrario, nuestra ley hipotecaria sobreprotege los intereses de una minoría: constructores, promotores, bancos y cajas; y se manifiesta en contra del interés de la gran mayoría de los hogares.
La Ley Hipotecaria y la normativa en la que se apoya, la convierte en una «ley injusta» que no se justifica de ninguna de las maneras, como concluimos en estos vídeos en donde participaron distintos expertos.
En muchos casos los bancos y cajas concedieron hipotecas por un importe mayor al 80% del valor de tasación de las viviendas y por un período de hasta 40 años, e incluso 50 años, comprometiendo además el 50% de los ingresos de las familias. La facilidad de crédito barato originó un exceso de demanda de viviendas que elevó su precio. Los bajos tipos de interés originaron un sobreendeudamiento de las familias. La ratio endeudamiento sobre renta creció desde el 45% en el año 1995 al 140% en 2008, sin que hubiera habido el más mínimo rubor por parte de las autoridades que miraron para otro lado. El Banco de España se inhibió de sus obligaciones y todo quedo en meras recomendaciones cuando la situación estaba a punto de estallar.
Es necesario explicar el problema de la crisis que estamos viviendo no solo desde el punto de vista macroeconómico, sino más bien microeconómico, legal y, desde el punto de vista de los hogares. Muchos de los cuales no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca al disminuir drásticamente sus rentas. Las familias al dejar impagados algunos de los recibos de su deuda quedaron a expensas del «sistema» y muchas de ellas fueron embargadas. Las empresas también vieron recortada sus posibilidades de financiación y quebraron. Mientras tanto, nuestro gobierno, en vez de intentar proteger el interés de las familias, o la liquidez de nuestras empresas, prefirió ayudar a la banca, otorgándole dinero público que fue utilizado, más bien para desapalancarse (debido a su elevado endeudamiento respecto al exterior y a que tenían que hacer frente al pago de sus propias deudas) y no precisamente para inyectar liquidez al sistema.
El porqué la Ley hipotecaria y su ejecución es injusta a mi entender se debe a las siguientes razones:
- Nuestra legislación permite a las entidades bancarias adjudicarse la vivienda en caso de impago por tan solo el 50% del valor de tasación (después de la subasta cuando esta queda desierta). El otro 50% se convierte en deuda del ejecutado y puede acabar con el embargo de sus bienes y hasta de la nómina.
- La ley va en contra del patrimonio de los avalistas y lesiona los intereses de los herederos que se ven privados de parte de su herencia fruto generalmente del trabajo de los padres, y que va a parar a las arcas de los bancos y cajas.
- Condena a los ejecutados por la hipoteca y sus familias a la pobreza, o en el mejor de los casos a trabajar en dinero negro y en la economía sumergida, porque sus rentas pueden ser embargadas para hacer frente al 50% restante de la deuda. No cotizarán a la seguridad social y se verán excluidos o verán aminoradas sus pensiones en el futuro.
- Los ejecutados, por supuesto no tendrán una segunda oportunidad y probablemente ya no tendrán acceso al crédito, no pudiendo volver a empezar de cero.
- Desde 2007 hasta finales de 2010 los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados llegan a los 300.000.
- En ningún país de la Unión Europea (excepto España), ni en EE.UU, ni en ningún país serio, existe una Ley que defienda los intereses de las entidades bancoarias para que puedan perseguir y embargar bienes y cuentas cuando no se ha liquidado el préstamo hipotecario con la propia subasta de la vivienda.
- Cuando un banco acepta una tasación y en función de ella concede una hipoteca, no puede pretender que para saldar la hipoteca, en caso de impago del crédito, el valor de la vivienda no sea suficiente, pues una mala gestión del banco no debiera repercutir sobre el deudor.
Con estas premisas, les propongo que se vean los siguientes vídeos sobre «La Ley Hipotecaria y la Dación en Pago» que presenté en la TV44 y saquen ustedes sus propias conclusiones.
