Esta reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno, al igual que las anteriores, se queda corta, no por falta de voluntad, sino por falta de capacidad para entender uno de los principales problemas del empleo en nuestro país, que pasa, en primer lugar por la rigidez en las relaciones laborales, contra la que sí se intenta luchar, pero que pasa, sobre todo, por las trabas burocráticas y administrativas a la hora de emprender nuevos negocios o aventuras empresariales.
Este país necesita, de una vez por todas, simplificar el proceso de creación de empresas para que la maraña administrativa no ahogue ni las buenas ideas ni las ilusiones de aquellos que quieren iniciar una aventura en solitario. Desde ya se debería de implantar, pero de verdad, no sólo en la teoría, la política de la «Declaración Responsable», de manera que todo aquel emprendedor que quiera iniciar un negocio lo pueda hacer con el simple compromiso de que cumple todos los requisitos legales.
Luego ya correrá a cargo de las administraciones públicas pertinentes el realizar las inspecciones necesarias y proceder, si fuera necesario, a exigir las modificaciones que fueran menester e, incluso, incurrir en sancionar de la manera que establecieran las leyes. De esta manera se agilizaría el proceso de creación de empresas, con lo que más emprendedores se animarían a ello y se abaratarían los costes, ya que el tiempo es la más cara de las inversiones.
Si a ello le añadiéramos una compensación extraordinaria a los empresarios que contrataran trabajadores, en forma de recibir la prestación por desempleo que le quedara pendiente al trabajador contratado mediante bonificaciones a la seguridad social, e incluso, el derecho de las empresas que incrementaran la plantilla neta a tener el crédito que necesitaran de las entidades financieras, la reforma laboral sería completa, porque iría más allá de las meras relaciones laborales y se centraría en la creación de empleo, que es lo que verdaderamente necesita este país.
