La militarización de América Latina podría servir a los intereses del narcotráfico y a las empresas armamentísticas. También peligran progresos importantes en democracia y desarrollo.
El gasto militar en América Latina ha aumentado en un 90% desde 2003, según el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. El gasto incluye los 100.00 rifles AK 103 que Venezuela le compró a Rusia, los 300 tanques Leopardo de Chile y los 10 millones de dólares que Bolivia ha invertido en su Academia Militar Naval, aunque el país no tenga salida al mar.
Por otro lado, ha nacido el Consejo de Defensa Sudamericano. Este paso se podría entender como una medida para asegurar el respeto a la soberanía, a la autodeterminación y al derecho de no intervención en los asuntos internos del continente. El reciente bombardeo del ejército colombiano a campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano y las disputas territoriales entre distintos países dejan aún latente una “necesidad” que en estos tiempos se creía superada.
El gasto en armamento podría poner en peligro la seguridad y la soberanía si las metralletas acaban en manos del crimen organizado. Esta posibilidad no es descabellada si se toma en consideración la capacidad económica, la falta de escrúpulos de los cárteles del narcotráfico y la corrupción. En México, miles de soldados han abandonado el ejército para ponerse al servicio del narcotráfico, que les ofrecen sueldos diez veces superiores.
Al Gobierno de Estados Unidos le preocupan las incursiones de las bandas criminales a su propio territorio. En la medida que asciende el número de muertos en las fronteras en manos del crimen organizado, surgen nuevas voces que cuestionan la capacidad de México para hacer frente a los cárteles del narcotráfico. Hace unos días, el diputado texano John Culberson dijo que México es más peligroso que Irak. Algunas fuentes incluso hablan de un posible Estado fallido. Al presidente de México le vuelven como un boomerang sus propias declaraciones de ‘mano dura’ frente al narcotráfico cuando asumió la presidencia en 2006.
El ejecutivo de Estados Unidos empieza a barajar una posible cooperación con su país vecino para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico. Hablar de ‘cooperación’ plantea el problema como lo que es: un problema donde ambos países juegan un papel y tienen una responsabilidad.
Una solución militar por parte de Estados Unidos o de la comunidad internacional costaría miles de millones de dólares en (más) armamento y entrenamiento militar. Por eso el presidente Calderón insiste en que ‘cooperación’ no equivale a un nuevo ‘Plan Colombia’.
La parte de responsabilidad de Estados Unidos en el asunto queda expuesta por unas investigaciones de The New York Times. Á‰stas relatan cómo unas armas incautadas después de un tiroteo llevó a los investigadores hasta una tienda de armas en Phoenix, Arizona. Al dueño de la tiendo se le acusa de vender centenares de armas a contrabandistas con el conocimiento de que acabarían en manos de narcotraficantes.
En cuanto a la droga, ¿en manos de quién acaba una vez que cruza la frontera? ¿Quién la distribuye? Así como nadie fuerza a los ciudadanos norteamericanos a consumir droga, cuesta creer que la capacidad logística del FBI y de la DEA no tengan alcance suficiente para actuar en territorio norteamericano. Sin esas respuestas, quedaría en duda el papel de la policía y del poder judicial norteamericanos.
Para la cooperación que propone Obama, Estados Unidos tendrá también que replantear su laxitud en la venta de armas, algo que se presenta difícil en un país donde la facilidad para comprar armamento se considera un derecho de los ciudadanos. Además, la militarización tanto de los Estados latinoamericanos como del crimen organizado beneficia a los principales exportadores de armas: Estados Unidos, Rusia, Francia y España, entre otros.
Sin embargo, ninguno de estos planteamientos exime a México ni a los países Latinoamericanos de su responsabilidad a la hora de enfrentarse a su propia corrupción, impunidad y debilidad de sus instituciones. Cuestiones que sólo podrán erradicar profundas reformas educativas, institucionales y de lucha contra la pobreza para que no se tenga que blindar siempre a las mismas élites de la violencia, un fruto de la injusticia social.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
