Cuando los medios hablan sobre la falta de libertad en Internet se suelen referir a la censura que ejercen ciertos estados contra el acceso y la difusión de opiniones políticas en la red. A diario se publican noticias sobre las restricciones gubernamentales en China, Cuba, Irán o Siria, se organizan recogidas de firmas contra la censura a través de plataformas online y se crean campañas de sensibilización y denuncia social exigiendo libertad de expresión, información, acceso y difusión en otros países. Se contrapone la falta de libertad de los internautas en los regímenes autoritarios a la libertad que tenemos en democracia. Sin embargo en las llamadas «democracias occidentales» se está restringiendo cada vez más la libertad en la red: en Occidente también se monitorea y se censura la actividad de los usuarios en internet.
En los países democráticos la mayor amenaza contra la libertad en Internet proviene de la industria del entretenimiento, es decir, de las corporaciones que gestionan los derechos de autor y las obras con copyright. En Estados Unidos opera el «Copyright Alert System”, un sistema de vigilancia online que monitorea la actividad de los internautas y que, en caso de descarga de contenidos protegidos por copyright, tiene la potestad de advertir telefónicamente a los usuarios así como de limitar la velocidad de la conexión e incluso bloquearla. En Canadá están tratando de legalizar el spyware (software espía) para controlar lo que hacen los consumidores de productos de entretenimiento.
En Europa existe el mismo problema respecto a la libertad en Internet. En Francia la ley Hadopi permite también fiscalizar a los internautas y controlar la información y archivos que comparten en la red. En caso de infracción de derechos de autor la ley permite mandar avisos y desconectar la línea del usuario, y se está estudiando la posibilidad de poder demandarles y multarles. En España la ley Sinde-Wert tiene como principal objetivo el control de las subidas y descargas de los usuarios. La comisión se encarga de vigilar tanto las redes de intercambio de archivos P2P como de exigir el cierre de páginas de enlaces a contenidos que según ellos violen la ley de propiedad intelectual. En el Reino Unido la Ley de Economía Digital también permite bloquear la conexión a los que compartan archivos y contenidos con copyright cerrar webs de enlaces e incluso dar los datos personales de los infractores a las sociedades de gestión de derechos de autor. Lo mismo sucede en Finlandia y Suecia, en otros.
Sin embargo esta capacidad legal y tecnológica de vigilancia y monitorización de la actividad tanto privada como pública de los usuarios en Internet no parece suficiente para las entidades de gestión de derechos de propiedad. Tras los datos sobre «piratería» del 2012 las principales sociedades pro-copyright han exigido medidas más duras contra el intercambio de archivos entre particulares en la red. Teniendo en cuenta que ya existe, al menos en gran parte de los países democráticos, la capacidad de controlar la actividad de los internautas, la potestad de cerrar páginas web, eliminar enlaces, bloquear líneas e incluso demandar a los infractores, es difícil saber hasta donde llegarán sus demandas contra la compartición de obras en Internet.
La libertad en Internet tiene dos grandes amenazas: los gobiernos y la industria. En los países con regímenes autoritarios se persigue y censura la libertad de expresión y el libre acceso a información política o de actualidad. En los países supuestamente democráticos el intercambio de contenidos culturales está cada vez más restringido por la ambición de la industria de contenidos y, sobretodo, por culpa unos gobiernos incapaces de entender el nuevo paradigma cultural creado a partir de la aparición de Internet.
