Está claro que Mariano Rajoy, ha aprovechado sus primeros dos años de gobierno para, aprovechando la crisis, desmontar el Estado de Bienestar, algo que la derecha llevaba clavado como una espina en su pensamiento ideológico.
No se hizo esto en la época de Aznar porque los tiempos andaban medianamente bien y no había excusa para quitarles a los ciudadanos sus derechos sociales y económicos. De haberlo hecho hubiera supuesto un verdadero escándalo por lo que de volver a tiempos pasados no muy gratos de recordar hubiera supuesto. Pero ahora la ocasión la pintan calva. La cosa anda mal y qué mejor motivo para quitarle a los españoles algo que les costó años de lucha y trabajo conseguir. El pueblo tiene la culpa de esta situación por haber sido un manirroto y haber vivido por encima de sus posibilidades y por tanto se merece una dura reprimenda, dicen desde la derecha. Y vaya si es dura.
Está claro, a la vista está, que una vez que se ha hurtado a los españoles sus derechos sociales y económicos, lo que procede en estos dos próximos años es recortarle las libertades. Para ello tienen en marcha el proyecto de Ley de Protección y Seguridad Ciudadana y Rajoy ha dado instrucciones a la ministra de Desempleo y poco Trabajo, Fátima Báñez, fiel devota de la Virgen del Rocío a la que se ha encomendado para que le ayude en su gestión al frente del ministerio, para que ponga en marcha el proyecto de Ley de Servicios Mínimos, una norma que ya existe y que no es más que una solapada regulación del derecho a la huelga. Ambas leyes no tienen otro objeto que el de evitar la presencia en la calle de todos aquellos ciudadanos que haciendo uso del derecho a manifestarse que les otorga la Constitución Española tengan presencia activa para poner de manifiesto su descontento ante cualquier circunstancia o hecho que sea lesivo para sus intereses.
Estamos en tiempos de leyes restrictivas que más que recortar lo que hacen es suprimir derechos a la ciudadanía que prácticamente lo ha perdido todo en estos dos últimos años. Pero eso sí, no se proyectan y aprueban leyes para la lucha contra la corrupción, eso no. Eso sería tirarse piedras en su propio tejado. Si tuvieran un mínimo de decencia comenzarían por eliminar ese “derecho” al aforamiento que tienen los parlamentarios ya que el mismo no debe servir, como lo está haciendo ahora, de amparo a cargos públicos que hayan violentado las normas de la honestidad y la decencia, haciendo un uso indebido de los dineros públicos. Inmunidad para nadie, ni tan siquiera para el Jefe del Estado, si este dijo que todos somos iguales ante la justicia no se deben de arbitrar privilegios que pongan trabas a las acciones, sea contra quien sea, de la Administración de Justicia. Si de perder derechos se trata, perdámoslos todos, los políticos también, sin excepción.
Creo que todos tenemos claro por dónde va Rajoy, la derecha, por donde ha ido siempre, por el amedrentamiento y el miedo a través de leyes y normas que propicien el que la ciudadanía se muestre “prudente” y se quede en sus casas. Si como dicen Franco lo “dejó todo atado y bien atado”, está claro que Rajoy piensa reforzar esas ataduras haciéndoles unos cuantos nudos más.
