El Villarreal CF, un equipo de primera división de la liga de fútbol en España, rechazó el año pasado un patrocinio del gobierno regional de Castellón por 5 millones de euros anuales.
Foto: catorze14“Existen otras prioridades a nivel social”, dijo el presidente del equipo, Fernando Roig. Años antes, ese mismo equipo había cobrado 20 millones de euros por publicitar el aeropuerto de Castellón, que a día de hoy no ha visto despegar ni aterrizar ningún avión, que costó 150 millones de euros y que produce gastos de 300.000 euros al mes, que salen del bolsillo de los contribuyentes. Fue la obra estrella del expresidente de la localidad, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por evasión de impuestos. El fiscal pedía una condena mayor, pero el juez consideró que no se había probado la acusación de tráfico de influencias.
El presidente del Villarreal afirmó que su equipo “debe ser lo que sus aficionados y su potencial le permitan ser, sin recibir un dinero que es vital para otras cosas y otra gente que lo necesita mucho más”.
No todos los equipos han seguido ese camino en época de crisis, cuando los políticos exigen sacrificios a los ciudadanos para soportar recortes en educación, salud, servicios de atención a los dependientes y otros servicios públicos.
La Comisión Europea investiga al Real Madrid, al Barcelona y a cinco clubes más de primera división en España por posible financiación pública ilegal. El expediente abierto se sustenta en la sospecha de que estos clubes han recibido trato de favor por parte de las administraciones públicas en forma de préstamos, exenciones fiscales, concesiones de terrenos y de permisos especiales para construir. Si se confirma esta hipótesis, los clubes tendrán que devolver sumas millonarias.
En julio de 2011, el que era presidente de la comunidad valenciana, Francisco Camps, avaló préstamos al Valencia, al Elche y al Hércules por 118 millones de euros, que el gobierno tuvo que desembolsar porque los equipos no pudieron pagar sus deudas. En la misma localidad, la escasez de medicamentos en las farmacias valencianas por impago del gobierno limita el acceso a medicinas esenciales de muchas personas.
El Real Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao están también en el punto de mira; el equipo vasco por las ayudas que recibió para construir su nuevo estadio. La Unión Europea sospecha que el club se constituyó como asociación deportiva para evitar pagar el impuesto de sociedades, como también hicieron el Real Madrid y el Barcelona. Además, la construcción del nuevo estadio le costó al gobierno regional 50 millones de euros.
El 80% de la parcela de la vieja ciudad deportiva del Real Madrid pasó a propiedad pública a cambio de poder levantar en el espacio restante cuatro torres de oficinas y de quedarse con el terreno para su ciudad deportiva. En el caso del Barcelona, el gobierno de Cataluña pagó al equipo un patrocinio a través de la televisión pública por valor de 3 millones de euros anuales.
Varios ministros del gobierno han salido en defensa de los equipos con el argumento de que esta noticia perjudica la “marca España”. Pero han ido más allá. Afirman que existe una conspiración contra los equipos españoles por envidia de sus éxitos deportivos. Descalifican así cualquier argumento que cuestione la dimensión ética de dar privilegios a clubes de fútbol, entidades privadas que no ofrecen servicios esenciales ni garantizan derechos fundamentales, y que además cuentan con millones por fuentes propias de financiación: entradas, eventos, publicidad, impuestos que no tienen que pagar y derechos televisivos.
A muchos políticos patrioteros no les cabe en la cabeza que una instancia política superior cuestione privilegios de equipos que gastan fortunas en fichajes poco transparentes, como el de Neymar, investigado también por la policía.
El patriotismo que esgrimen algunos políticos en defensa de los equipos españoles choca con los recortes que han impuesto a los ciudadanos. No hay nada menos patriótico que anteponer la imagen de España en el exterior a servicios que garantizan una vida digna para los ciudadanos: derecho a la salud, a una educación de calidad, a becas, a proyectos de investigación y otras inversiones sociales.
