Tras la muerte de Franco no sólo se implantó en España una monarquía, se estableció toda una red de apoyos políticos, económicos y mediáticos que durante décadas se han encargado de tapar los trapos sucios de la monarquía y de presentarla como la opción más “razonable y sensata”. La mayor parte de los medios de comunicación, los partidos mayoritarios y también empresarios influyentes han colaborado para blindar la monarquía y marginar las iniciativas republicanas.
Los ciudadanos cometeríamos un error si nos limitáramos a indignarnos momentáneamente por los escándalos que rodean a los duques de Palma; debemos ir más allá y cuestionar la trama de mentiras y tabúes que hasta ahora ha protegido a la monarquía. Reflexionemos, hagamos preguntas incómodas, indaguemos sobre la monarquía tal como es, no tal como nos la venden.
Si seguimos esa línea indagatoria y crítica, descubriremos los siguientes defectos del sistema monárquico:
1) Dado que es un sistema hereditario, el criterio para elegir al jefe del Estado es el parentesco. El parentesco nada tiene que ver con la formación, la prudencia o la coherencia; es un dato biográfico irrelevante para valorar la competencia y la aptitud de una persona para un cargo público. La monarquía convierte ese dato irrelevante para calibrar la idoneidad de una persona en el factor decisivo para escoger al jefe del Estado.
2) Todavía quedan monarquías, como la española, que practican la discriminación sexista, ya que otorgan a los varones preferencia en el acceso al trono. Tal preferencia manifiesta una mentalidad retrógrada que considera al hombre más apto que la mujer para tareas políticas. A pesar de las críticas recibidas y de las propuestas de reforma, el artículo 57 de la Constitución -que regula la sucesión- aún no ha sido rectificado.
3) La monarquía es también un sistema excesivamente jerárquico, que sitúa a un individuo en la cúspide y al resto los relega a la condición de súbditos. Dentro de este esquema, hay una persona que tiene una posición claramente privilegiada en comparación con el resto de la población. Es cierto que esta situación se ha intentado “suavizar” con las monarquías parlamentarias, pero éstas conservan trazas de la época en que los reyes campaban por sus fueros. Una prueba de la pervivencia de algunos privilegios reales es que la Constitución establece en su artículo 56 que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.”
4) Hay que señalar, asimismo, que la monarquía es una forma política contradictoria con la democracia. En una democracia los representantes políticos son elegidos, mediante votaciones, por los ciudadanos. Á‰stos tienen la posibilidad de apoyar con su voto a los dirigentes que trabajan por el bien común y deponer a los dirigentes mezquinos y cínicos. En cambio, la monarquía supone la adjudicación vitalicia de la jefatura del Estado a una persona simplemente por ser “hijo de”; este sistema hereditario choca con el sistema democrático de elección de representantes.
5) En el contexto de la democracia parlamentaria actual, la monarquía no desempeña una labor verdaderamente relevante e imprescindible. Es más un añadido ornamental que un instrumento útil al servicio de los ciudadanos.
Los monárquicos recalcan que “el rey es el principal embajador de España”. Ante esta observación hay que decir que la sociedad española no necesita un embajador real. Si queremos tener buenas credenciales ante el mundo, en lugar de recurrir a un conseguidor campechano, lo que tenemos que hacer es trabajar activamente por los derechos humanos y el respeto al medio ambiente.
Los monárquicos también aducen que el rey trabaja por la concordia entre los españoles y el buen funcionamiento de las instituciones. La contribución del rey a la concordia no es determinante ni es imprescindible. Lo que sí es determinante e imprescindible para la concordia es que los ciudadanos asuman valores y normas cívicas y que se reduzcan las clamorosas desigualdades sociales. En cuanto al buen funcionamiento de las instituciones, la contribución del rey ha sido escasa e ineficaz a juzgar por el deterioro que manifiestan las principales instituciones actualmente, incluida la monárquica.
6) Por último, se nos ha ocultado y se nos sigue ocultando cuánto cuesta mantener la monarquía. Una muestra de ello es la página web de la casa real, donde a fecha 06/03/2014 aparece la asignación económica directa consignada en los presupuestos generales, pero no las partidas provenientes de varios ministerios. La ocultación sistemática del coste total de la monarquía colisiona frontalmente con el principio de la transparencia.
Los defectos e inconvenientes de la monarquía, que acabo de repasar, son lo suficientemente graves como para demandar la implantación de un sistema político alternativo, más acorde con la democracia y la igualdad de oportunidades. En mi opinión, ese sistema es la república.
Hay quienes, al leer la palabra “república”, pensarán:»ya se intentó y mirad cómo acabó». Tal opinión parece suponer que las experiencias vividas han agotado todas las posibilidades del republicanismo y que ya se ha dicho la última palabra sobre la república. Eso no es cierto. Lo vivido es un capítulo a tener en cuenta, pero no es el final ni la conclusión definitiva.
En lugar de infundir temor con la frase: “ya se intentó y mirad cómo acabó”, aprendamos de nuestras experiencias históricas y construyamos una república moderna, abierta e incluyente, un sistema renovado que pueda encauzar las aspiraciones regeneracionistas que laten en la sociedad actual.
Una de las cuestiones que habría que abordar en la fase de diseño de esa nueva república es la siguiente: ¿es necesario establecer una presidencia de la república además de la presidencia del gobierno? A favor de la existencia de un presidente o una presidenta de la república se puede alegar que es una figura capaz de arbitrar en situaciones conflictivas, que fomenta la colaboración y los acuerdos en temas fundamentales y que representa a la república en eventos internacionales.
En contra del establecimiento de esta figura se puede aducir que su labor no es decisiva para el buen funcionamiento de la república; lo que sí es decisivo es que la ciudadanía piense y participe con ánimo constructivo, los partidos vean más allá de sus intereses electorales y los órganos judiciales operen sin interferencias políticas.
Hay que señalar, además, que las respectivas funciones de la presidencia de la república y de la presidencia del gobierno, si no se delimitan con precisión, se pueden solapar en algunos aspectos. Tampoco debemos olvidar que la presidencia de la república supone un coste económico añadido para el sistema republicano.
Una vez repasados varios pros y contras, considero que se podría prescindir de la presidencia de la república porque no es una institución esencial, hace más complejo el sistema republicano e incrementa su coste económico.
Para finalizar, es preciso advertir que una república sólo es una forma de Estado y, por sí sola, no garantiza mejores condiciones de vida para las personas. El establecimiento de una república, lejos de asegurar una etapa más próspera, podría ser un cambio puramente formal, una modificación institucional sin efectos apreciables en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Para evitar que una hipotética transición hacia la república se limitara a un mero cambio de decorado, sería necesario que el cambio de sistema político fuera acompañado por otros cambios políticos y sociales que favorecieran la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, la independencia del poder judicial, la adecuación de la administración a las necesidades sociales, la protección de los servicios públicos, la economía del bien común y la sostenibilidad.
