Por decreto divino de las autoridades que Gobiernan la provincia de Alicante (PP), los alicantinos no tenemos derecho a ponernos enfermos durante el verano: deciden que los hospitales de la provincia cierran medio millar de camas durante la estación estival, y posiblemente si el invento les sale bien, terminarán poniendo las camas en el jardín porque por los pasillos ya no se puede circular.
Cuando el PP consiguió el Gobierno de algunas comunidades autónomas del país, su euforia se centraba en poner primeras piedras en hospitales, colegios y residencias. Al parecer esas obras públicas (por otro lado muy necesarias) eran vistas por algunos políticos ahora, condenados, encausados o investigados, como la mejor forma de financiarse, y los más espabilados enriquecerse con el dinero de los contribuyentes.
Ahora la fórmula, al haber sido descubierta, ya no sirve, y se inician las privatizaciones (otra forma de montar empresas y colocar amigos, con sueldos millonarios). Y con ello, las promesas de que los servicios no sufrirán alteraciones y un largo etc. de promesas políticas que ya nadie se cree. Los economistas calculan que un servicio privatizado nos cuesta a los contribuyentes un 70% más caro que siendo público. El Estado español es el más endeudado de toda la UE, y cada vez que coloca, que suele ser cada mes, miles de millones en bonos del Estado, esos mismos millones aumentan la deuda.
¿Y cuál es el resultado final? Cierre de camas en los hospitales, obligación de volver a la Universidad a profesores que llevan años haciendo suplencias, igual a despido, coste del agua duplicado y las demás cosas que hacen unos pocos más ricos y muchos en riesgo de exclusión social…