Mariano Rajoy alcanzó la presidencia del Gobierno favorecido por una crisis económica mundial de la que responsabilizó casi en exclusiva al anterior mandatario, José Luis Rodríguez Zapatero, insistiendo en que bastaba con relevar al socialista de La Moncloa para que la situación mejorase. En aquellos tiempos y con una ufanía sin límites, el líder del Partido Popular aseguraba -tanto si se lo preguntaban como si no- que con él sentado en el Gobierno los mercados recuperarían la confianza en España y la economía retornaría a la senda del crecimiento, todo lo cual sería suficiente para garantizar la creación de empleo. A estas alturas de la historia, sería bueno recordar que la ahora denostada “herencia” de los socialistas consistía en unas cifras de paro del 21,5 por ciento y una prima de riesgo en 162,9 puntos (6 de mayo), datos frente a los cuales Zapatero acabó por realizar un giro total de su política económica, acometiendo una rebaja del sueldo a funcionarios y empleados públicos, una reforma laboral y la congelación de las pensiones. No fue suficiente: cuando Rajoy fue investido presidente (22 de diciembre), la prima de riesgo había escalado a los 341,9 puntos, presagiando el mantenimiento de la desconfianza sobre España.
Un poder que obnubila y posibilita dar la vuelta, como a un calcetín, al país en su conjunto, como se evidencia con las iniciativas que los conservadores emprenden desde el primer día no solo en economía, sino en políticas sociales, especialmente. La regresión en materia de libertades y derechos individuales ha sorprendido incluso a los propios votantes del Partido Popular, que no esperaban que un ministro aparentemente tan “progresista” como Alberto Ruiz-Gallardón, antiguo “verso suelto” entre los conservadores, fuera el artífice de una reforma de la ley del aborto que retrocede prácticamente a los tiempos en que, salvo en supuestos muy restringidos, estaba prohibido. Se vuelve a sustraer a las mujeres la capacidad de decidir sobre su maternidad, un derecho ya arraigado entre la población, salvo en aquellos sectores más reaccionarios y beligerantes contra la libertad sexual y de costumbres de la sociedad española.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Mariano Rajoy también se apresura a suprimir la asignatura de Educación parala Ciudadanía del currículo escolar y el ministro del ramo, José Ignacio Wert, consigue el raro privilegio de ser el primer responsable gubernamental al que dejan plantado en una Junta de Rectores universitarios que debía presidir. Con él, la educación pública sufre los mayores envites de la historia, con el endurecimiento de los requisitos para la concesión de becas, el encarecimiento de las matrículas universitarias, la modificación de la enseñanza secundaria y el bachillerato, la recuperación de las antiguas reválidas al final de cada etapa educativa, la reforma de las plantillas docentes y, en definitiva, la apuesta por la enseñanza privada en detrimento de la pública, a cuyo profesorado no se tiene empacho en tildar de vago e incompetente. No es de extrañar que ante semejante “vuelco” en la enseñanza, el profesorado elevara su protesta, en forma de huelga, consiguiendo la participación de todos los niveles educativos, desde infantil a la universidad, en toda España. Tampoco resulta sorprendente que, a causa de esta agresión, en nueve autonomías comience a verse reducido el número de docentes por primera vez en 23 años, a pesar del incremento de alumnos. La calidad de lo público se resiente con estas medidas nada improvisadas.
En Sanidad, lo más valorado por los españoles, se mete la tijera a destajo y, con la excusa del ahorro en la provisión de un derecho (a la salud) que al parecer es insostenible, se deja sin cobertura sanitaria a los inmigrantes, se aumenta el copago en las recetas, incluyendo a los pensionistas, se eliminan medicamentos de la financiación pública y se pretende establecer una cartera de servicios única a todas las autonomías, menospreciando la potestad de éstas a administrar unas competencias transferidas. Sin embargo, a Andalucía se le obstaculiza la subasta de medicamentos con la que se ahorrarían muchos millones en gasto farmacéutico. Para la derecha, pues, sobran médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y administrativos dedicados a velar por la salud de la población en un sistema público que hasta ayer era la envidia del mundo. Y, del mismo modo que en educación, la emprenden con medidas que, previo deterioro intencionado, obliguen a los ciudadanos a optar por una sanidad de titularidad privada que les ofrezca lo que comienza a negárseles en la pública: calidad y prestaciones.
La estrategia es idéntica en cualquier servicio público que se contemple y en materia de derechos y libertades. Se reducen las ayudas a la Dependencia y las prestaciones por desempleo. Se legisla para establecer la pena de prisión permanente revisable (cadena perpetua) y se endurece la actuación policial ante las manifestaciones ciudadanas, aunque estuvieran constituidas por escolares de bachillerato (como en Valencia, el pasado mes de febrero), proyectándose una reforma del Código Penal que pretende castigar más severamente los delitos de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, con lo que toserle a un policía puede derivar en penas de prisión. Y por si fuera poco, la información se controla férreamente mediante una Televisión pública adscrita nuevamente al Gobierno, que asume el nombramiento del presidente de la RTVE entre afines bajo el subterfugio de la mayoría simple, por falta de acuerdo parlamentario para una mayoría cualificada que garantice su independencia gubernamental. Es así como una televisión que estaba alcanzando cotas de neutralidad informativa y calidad profesional relevantes comienza a decantarse por el sectarismo y la mediocridad, bajo la batuta del nuevo presidente, Leopoldo González-Echenique, y un equipo de “urdacitas” seleccionados en Tele Madrid o Intereconomía, que expulsa (por las buenas o las malas) a responsables de programas de la talla de Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas, Toni Garrido, Ana Pastor y Fran Llorente (director de informativos). Hasta los documentales y las series retornan, para no desentonar con la mentalidad, al “El hombre y la Tierra” y “Curro Jiménez”. Pero hay más: se amenaza a organizaciones cívicas por criticar los recortes que Rajoy ha decretado, con la finalidad de impedir que entes, cuya razón de ser es velar por los derechos de los consumidores, como la Federación de Consumidores Facua, informen de la posibilidad de ejercer recursos de inconstitucionalidad contra muchas de esas medidas indiscriminadas que lesionan derechos.
¿A dónde nos quiere llevar Rajoy? Aparte de la vuelta al pasado en servicios y derechos conforme a una ideología conservadora que se impone al conjunto de la sociedad, Rajoy y sus medidas económicas nos conducen abiertamente al rescate de Bruselas y a la quiebra del país. Con todas sus reformas estructurales y su capacidad para generar «confianza» en los mercados, raro es el día que la prima de riesgo no alcance la mayor subida de la historia y la Bolsa de Madrid se hunda en el pozo de las pérdidas. Con sólo siete meses en el poder, el paro aumenta hasta rozar los 6.millones de personas, la prima de riesgo se balancea alrededor de los 600 puntos básicos (Irlanda fue intervenida con 544, Grecia con 500 y Portugal con 517) y los recortes nos mantienen en una recesión de la que costará salir sin un empobrecimiento general de las clases medias y trabajadoras.
Los “ajustes” de Rajoy, que ya lleva dos reformas del sector financiero, una draconiana reforma laboral, recortes en sanidad y educación, subida del IVA y otros gravámenes, supresión de innumerables subsidios y bonificaciones a la industria (carbón) y trabajadores (a la contratación), eliminación de la deducción por vivienda, asfixia económica de la administración autonómica y municipal, nueva rebaja de sueldo a empleados públicos, despido o no sustitución de funcionarios, aumento de la jornada laboral en el sector público, liberalización de horarios comerciales, rescate bancario tras la ruina de Bankia, y planes para recortar en pensiones, elevar la edad de jubilación y continuar las tijeras en la función pública, no han servido hasta la fecha para frenar el paro, evitar la recesión y reducir significativamente el déficit de las cuentas del Estado.
Antes al contrario, el Gobierno se encamina directamente hacia un nuevo rescate en otoño a causa de la parálisis de la actividad económica, que se ha agravado con sus políticas de austeridad a rajatabla. Desechada cualquier otra manera de combatir la crisis, como es el estímulo al crecimiento que promueven los partidos de izquierdas, el Gobierno de Mariano Rajoy se deshace en llamamientos dramáticos para que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se decida a comprar deuda soberana que rebaje la presión de los mercados sobre la prima de riesgo. Con una recesión activa, las políticas de austeridad exprimen donde no se puede rascar más: en el bolsillo de unos ciudadanos que ya comienzan a sentir frustración ante la incapacidad y las mentiras de Rajoy para afrontar con éxito la salida de la crisis económica.
Ni queriendo podría Rajoy orientarnos al rescate por camino más directo. Todas y cada una de sus medidas nos acercan más y más a una situación que requerirá más recortes y mayores sacrificios de la población, hasta despojarnos de cualquier servicio financiado por los Presupuestos y de derechos que precisen de recursos públicos. Movido por su ideología neoliberal, sus iniciativas desmantelan los socorros que el Estado de Bienestar prestaba a los más desfavorecidos y entrega a la iniciativa privada la prestación de los mismos en condiciones mercantiles. Europa entera está a merced en estos momentos del apetito voraz de un capitalismo que nos doblega en nombre del mercado, y Rajoy está convencido de la bondad de los mordiscos. Tan narcotizados estamos que no nos damos cuenta de ello hasta que nos hayan comido vivos… con ayuda de Rajoy.
