Hacer que la ciencia sea un derecho humano vale la pena pero, ¿cómo lograrlo? ¿Podrá cumplirse? Jan Piotrowski investiga.
Foto: El Bibliomata
Al menos ese es el estatus dado a la ciencia por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por su sigla en inglés) de 1966 impulsado por la ONU, que establece los derechos que todos los seres humanos deberían disfrutar. Proteger legalmente el acceso a la ciencia es una idea poderosa, particularmente cuando se aplica al desarrollo, donde muchas áreas —incluyendo la agricultura, la salud y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) — dependen en gran medida de la incorporación de los progresos científicos.
La ciencia también puede ser usada para proteger a otros derechos humanos básicos, y ha sido utilizada para monitorear y tratar de evitar los abusos a estos derechos durante conflictos.
Pero, ¿cómo se está implementando este derecho alrededor del mundo, y quién está impulsando la agenda basada en derechos para el acceso a la ciencia? Y, ¿por qué los tomadores de decisión no usan una agenda basada en los derechos para llevar la ciencia a su población?
Un esfuerzo internacional
El cimiento brindado por el ICESCR podría ayudar a diseñar políticas de desarrollo, basadas en derechos humanos, que combatan las amenazas para el acceso a la ciencia. Por ejemplo, los costos de las revistas y las patentes pueden poner precio a una información que a menudo no es accesible para las sociedades más pobres.
Pero a pesar del potencial de un enfoque en derechos humanos, aún es poco claro en qué consistiría, y muchos gobiernos no están convencidos exactamente de cómo una perspectiva de derechos humanos puede mejorar el acceso a la ciencia, o incluso que es políticamente factible de implementar.
Para abordar estas preocupaciones y desarrollar principios concretos que guíen la política, los gobiernos y las organizaciones científicas han explorado qué significa el derecho a la ciencia en la práctica. La ONU y sus agencias, en particular la UNESCO [la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura], están muy involucradas en esta área, tratando de desarrollar un marco legal que la comunidad internacional pueda aceptar.
«La ciencia, siempre y cuando esté apropiadamente estructurada por un marco ético, puede hacer una contribución positiva indispensable a las necesidades humanas, los intereses y los valores», dice John Crowley de la División de Á‰tica y Cambio Climático de la UNESCO. «Visualizar el acceso a la ciencia a través de los derechos humanos nos da exactamente ese marco».
A través de dos órganos asesores, compuestos por expertos independientes que trabajan en paralelo, la UNESCO está explorando cómo el derecho a la ciencia puede encajar en las políticas nacionales e internacionales.
Estos órganos —la Comisión Internacional de Bioética (CIB) y la Comisión Mundial sobre la Á‰tica del Conocimiento Científico y Tecnológico (COMEST, por su sigla en inglés) — asesoran a los gobiernos de los estados miembro a través del panel ejecutivo y la asamblea general de la UNESCO, así como también a varias organizaciones intergubernamentales que usan a la UNESCO como foro de discusión.
La CIB se preocupa por cuestiones relacionadas con la salud, como el acceso a medicamentos, y está ampliando su alcance para ver el potencial de marginalización y discriminación que podrían generar las aplicaciones de las tecnologías biomédicas emergentes. La COMEST cubre temas surgidos de las TIC, la nanotecnología y las preocupaciones éticas de problemas ambientales como el cambio climático.
Poniéndolas en práctica
Un enfoque en derechos humanos al acceso a la ciencia ya se está usando en algunos proyectos.
El cambio climático depende mucho de la ciencia tanto para la caracterización como para las soluciones, pero es tan complicado que solo un puñado de centros de investigación tiene la capacidad de investigarlo apropiadamente, dice Crowley, quien es también secretario de la COMEST.
Muchas regiones en desarrollo, -como África occidental-, tienen recursos inadecuados, y se les niega esencialmente el derecho a acceder y a generar información científica, agrega.
Sobre ese tema, la COMEST determinó que como el acceso a la información científica era un derecho humano, los países desarrollados estaban obligados éticamente a mejorar la disponibilidad de estos datos, y a aumentar la capacidad de las naciones más pobres afectadas por el cambio climático para conducir su propia investigación.
Después del Informe de 2010 de la COMEST, «Implicancias éticas del cambio climático», que formalizó el deber ético de ayudar a las naciones en desarrollo para hacer frente al cambio climático, la UNESCO ha promovido una serie de iniciativas para fortalecer la cooperación regional en África occidental.
Una de ellas, el Proyecto Adaptación al Cambio Climático en las Zonas Costeras de África Occidental (ACCC, por su sigla en inglés), reúne a delegados de Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Mauritania y Senegal para discutir soluciones a los problemas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la erosión de zonas costeras.
La UNESCO también está impulsando un proceso, liderado por la Organización Meteorológica Mundial, para conectar a los usuarios de los países en desarrollo con los servicios del cambio climático derivados de la información del clima y meteorológica a largo plazo.
En esfuerzos independientes, la CIB ha respondido a las exigencias de estándares internacionales en bioética jugando un papel central en el desarrollo de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005.
La declaración representa el espíritu del pacto ICESCR al exigir el acceso universal a los progresos en el área de la salud, la tecnología de diagnóstico y de tratamiento, y la información científica, y brinda un imperativo poderoso para alentar a los gobiernos a considerar el derecho humano a la ciencia.
Desde entonces, la UNESCO ha trabajado para aumentar la influencia de esta idea capacitando a comités nacionales de bioética y redes regionales en muchos países en desarrollo que usan la declaración de 2005 como guía.
El tipo correcto de ciencia
Pero así como el acceso a la ciencia tiene un gran potencial para mejorar la calidad de vida, también puede hacer daño si no se usa correctamente.
La gente debe estar preparada para el «lado oscuro» de los nuevos desarrollos, dijo el presidente de la CIB Stefano Semplici.
Crowley también está de acuerdo en destacar que la meta no es simplemente mejorar el acceso a la ciencia, sino mejorar el acceso al tipo correcto de ciencia.
Por ejemplo, se pregunta, ¿es positivo llevar caros filtros de agua derivados de la nanotecnología a una aldea rural en África, cuando la tecnología tradicional puede tener un impacto mayor?
Dar una perspectiva de derechos humanos puede ser un gran motivador para que las personas luchen por su derecho a la ciencia, dijo a SciDev.Net Bhanu Neupane, especialista de programa en la División de la Sociedades del Conocimiento (KSD, por su sigla en inglés) de UNESCO.
Mientras trabaja para mejorar el acceso de las personas a la ciencia, ha visto cómo se puede crear una sensación de derecho solo etiquetando a la ciencia como un derecho humano: «La gente ahora puede luchar por sus derechos».
Obstáculos para la implementación
Neupane reconoce que las consideraciones de derechos humanos ahora son fundamentales para las actividades de las Naciones Unidas, pero cree que la COMEST y la CIB deben hacer que la idea del acceso a la ciencia sea más visible e impactante.
«Ellas [COMEST y CIB] se han limitado a trabajar a un nivel muy alto, sirviendo como foro intelectual y político. Ahora este trabajo necesita llegar al nivel de implementación», dijo Neupane.
Stephen Rudgard, de la Oficina de Intercambio de Conocimientos, Investigación y Extensión de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, que ha estado trabajando con UNESCO, concuerda en que falta un marco político para poner la idea en acción.
Á‰l no está solo. Este sentimiento se ha hecho eco en una reciente reunión (16 y 17 de julio) de la Coalición Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por su sigla en inglés), donde un descontento subyacente surgió de una clara falta de liderazgo gubernamental en el área, dijo Jessica Wyndham, directora asociada del Programa de Responsabilidad Científica, Derechos Humanos y Derecho de la AAAS.
«No hemos visto un marco mundial fuerte para garantizar que los gobiernos estén cumpliendo sus obligaciones respecto a este derecho [al acceso a la ciencia]», dijo Wyndham.
Wyndham, sin embargo, es optimista sobre el futuro, señalando el gran impacto que las asociaciones como la AAAS — que tienen una gran influencia y alcance en la comunidad científica— pueden alcanzar incluso sin una política concreta.
El programa de la AAAS busca dar forma a la conversación de los propios científicos y profesionales del desarrollo que están implementando los proyectos, y ya ha empezado a hacerlo, con una serie de grupos focales y planes de una encuesta mundial.
¿Es necesario que sea un derecho?
Sin embargo, no todos en la reunión de la AAAS quedaron impresionados con el valor práctico del enfoque en derechos humanos.
Luego de la conferencia, Bob Freling, director ejecutivo del Fondo de Energía Eléctrica Solar (SELF, por su sigla en inglés), dijo a SciDev.Net que los derechos tienen un valor simbólico que podría ayudar a reunir a los gobiernos para hacer frente a cuestiones clave relativas al acceso a la ciencia y el desarrollo.
Pero cuando se trata de proporcionar soluciones de desarrollo, en los gobiernos y las agencias de cooperación pesan más los ejemplos prácticos del impacto del acceso ciencia, dijo.
Este punto de vista es común entre los profesionales del desarrollo en el campo, reconoce Wyndham. La conversación sobre el «derecho a la ciencia» aún es joven y todavía tiene que filtrar de manera significativa a las organizaciones más pequeñas centradas en soluciones prácticas, agrega.
Crowley, sin embargo, piensa que el enfoque basado en los derechos es una base sólida para la acción práctica, lo que sugiere que es posible avanzar con los principios que ya existen.
No obstante, si el enfoque es desarrollar un nivel político, la UNESCO desempeñará un papel central, dice Crowley. Aunque las organizaciones científicas como la AAAS están haciendo un trabajo admirable, no tienen el poder para impactar significativamente en la política más allá de sus miembros, señala.
«Lograr el consenso político es muy difícil, pero una vez conseguido recibe mucho impulso», agregó. «Si no lo hacemos, nadie lo hará».
**Este artículo es parte del Especial sobre El vínculo entre derechos humanos, ciencia y desarrollo. Jan Piotrowski. SciDev.Net
