Adelgazar ante los excesos siempre es positivo, pero no podemos confundir los objetivos y cruzar la línea que separa la buena forma física de la anorexia, porque si en el primer estado se mantiene la eficiencia de las finanzas públicas, en el segundo se aligeran en exceso las defensas públicas ante los abruptos, aunque legítimos, intereses de los mercados que sólo buscan su propio beneficio, como no podía ser de otra manera.
El sector público debe de existir para resolver las ineficiencias del mercado, dotando de rigor al concepto último de solidaridad y de Estado del Bienestar, e intentar reducir en exceso su peso no es sino caer en una batalla sin cuartel en favor siempre del más fuerte, dejando fuera de juego a todo aquél que no sale beneficiado de los juegos del mercado.
Dicho lo cuál, no me queda por menos que aplaudir las medidas del Gobierno de intentar recortar el exceso de peso de las administraciones públicas en nuestro país, tratando de eliminar las duplicidades evidentes que se han generado en los últimos años y dotar de eficiencia a la labor pública, con el objetivo último, inalcanzable, mucho me temo, de que cada euro que los ciudadanos pagamos en forma de impuestos cuente realmente y nos sea devuelto en forma de unos servicios públicos de calidad.
Porque cada euro que se pierde por las cañerías de la burocracia administrativa es un euro que no se utiliza en dar el servicio que todos merecemos, por lo que debemos de apostar por la eficiencia en la gestión de nuestro dinero como única forma de actuación admisible, condenando a aquellos que esquivan las buenas formas y exigiendo, como no solemos, calidad de servicio, de atención y de prestaciones.