No, no se trata de él que yo desde aquí lance una soflama o pretenda arengar a nadie para enardecerle y que después de las multitudinarias manifestaciones del pasado día 19 desee que el siguiente paso sea el de ir a la huelga general. A lo que en realidad me quiero referir es a la intención de la patronal expuesta por su máximo representante, Juan Rosell, el cual después de deshacerse en alabanzas por la, según él, acertada decisión del Gobierno de fijar nuevas normas de contratación y despido, por cierto Rosell también ha dicho que esto traerá más contratados indefinidos, aunque con los despidos tan baratos, que por cierto la mayoría de ellos no le cuestan un céntimo a los empresarios ya que los paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), contratos indefinidos que pueden durar menos que un caramelo a la puerta de una escuela pues con despidos tan baratos y como antes he dicho pagados la mayor parte de ellos por el Fogasa, ese contrato indefinido tiene la “definición” de que puede ser muy corto. Pero como iba diciendo, Rosell después de hacer pública su gratitud al Gobierno ha dicho que el siguiente paso es que habría que reformar también el decreto de 1979 que regula el derecho a la huelga para que “por defender los derechos de algunos se estropeen y machaquen los derechos de otros”. O sea, que hay que “descafeinar” también el derecho a la huelga. Hay que desarmar a los trabajadores quitándoles, mejor dicho robándoles, sus derechos, unos derechos que les costaron sangre, sudor y lágrimas. Es de esperar que no pidan también que se decreta la prohibición de que la gente se lance a la calle para manifestar sus quejas o protestas cada vez que le asestan un golpe en salva sea la parte. Después de haber fallecido aquel que dijo que “la calle es mía” hay que reconocer que ha quedado un tanto en el aire de quien es propiedad la calle. Posiblemente la patronal, caso de presentar esta propuesta de prohibir las manifestaciones callejeras, alegue el que lo hace por defender los derechos de los peatones y conductores que no se manifiestan. No me sorprendería que plantearan el que cualquier tipo de manifestación se celebre en un local cerrado. Si siguen con esta dinámica no sería de extrañar que los señores empresarios pidieran el que se reinstaure el derecho de pernada, el “derecho del señor”, que fue abolido un 4 de agosto de 1789 coincidiendo con los primeros meses de la Revolución Francesa. Puede que alguien se tome a broma lo que digo, pero tiempo al tiempo.
En cualquier caso Rajoy ha dejado contentos a los empresarios, así lo ha manifestado su presidente Juan Rosell, con esta reforma que el propio Rajoy ha califica de “justa” y “buena”. Por lo que desde el sector de la patronal se desprende no hace falta esforzarse mucho para saber para quien ha sido “justa” y “buena”.
