El Gobierno de Mariano Rajoy no se cansa de repetir que todas las medidas que adopta vienen determinadas por las excepcionales circunstancias en que ha encontrado al país, castigado por una crisis económica que lo hunde en una segunda recesión de consecuencias sin duda aún más dramáticas para los ciudadanos de a pie. La política económica tendente a la reducción del déficit a cualquier precio, necesariamente elaborada al gusto alemán, obliga a “ajustes” drásticos que paralizan la actividad y provocan el estancamiento económico del país. Es una de las alternativas posibles para combatir la crisis, no la única, y es la que aplica el Gobierno del Partido Popular, amparado en la mayoría parlamentaria que consiguió en las últimas elecciones generales. Algo legítimo en democracia, aunque no cumpla con las promesas electorales.
Distinto es que, en el ejercicio de su legitimidad para decidir las medidas de austeridad que estime convenientes, adopte decisiones que afectan a derechos y libertades consagrados en nuestra sociedad. Como advertía Javier Pérez Royo, la unilateralidad en tales decisiones puede derivar fácilmente en la imposición autoritaria. Existen múltiples ejemplos de estar ya comportándose así el Gobierno, gracias a esa mayoría absoluta de que goza el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, lo que le posibilita legislar sin necesidad de buscar el consenso ni puntos en común con las demás fuerzas políticas, guiándose sólo en función de sus preceptos ideológicos y con claro menosprecio de la pluralidad y diversidad existentes en la sociedad.
Porque ya no se trata de que se abuse del Decreto Ley cuando desea con urgencia injustificada modificar escenarios legales que no le son favorables, sino de arrasar e invalidar derechos fundamentales que limitan la discrecionalidad de su labor ejecutiva. Es decir, endurecer el Código Penal para castigar el vandalismo callejero y anunciar una propuestas para responsabilizar criminalmente a partidos políticos o sindicatos por los daños que causen los convocados en una manifestación, es retroceder en cuanto a derechos cívicos hasta épocas de caudillaje totalitario, máxime cuando tales excesos están tipificados penalmente en la ley vigente, que también exige la proporcionalidad en el uso de la fuerza represiva y una conducta policial ajustada a derecho que evite cualquier atropello o abuso de autoridad.
Pero si lo que se persigue es la impunidad en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en su labor represora de la conflictividad social, la deriva autoritaria se convierte en un recurso intencionado. Las imágenes de policías aporreando a jóvenes estudiantes en Valencia dejan en evidencia la idoneidad de tal endurecimiento penal, porque lo que delatan es la necesidad de un mayor control de los procedimientos policiales. Más aún: no conforme con ello, el Gobierno pretende además limitar el acceso a la información que la televisión pública facilita a los ciudadanos. Con la excusa de reducir la deuda de las administraciones, tanto Televisión Española como las televisiones autonómicas están sentenciadas a la privatización o al cierre de sus emisoras. Los ataques desaforados de que es objeto RTVE por parte de la derecha mediática son paradigmáticos de lo que consideran “libertad de información”, aquella que sólo se limita a la loa gubernamental, sin ningún resquicio a la crítica. De ahí la urgencia –otra vez- por romper el consenso alcanzado para que su presidente no sea fruto de una decisión unilateral del Gobierno, sino de una mayoría cualificada del Parlamento. Cuando al fin parecíamos disfrutar de una televisión equiparable en independencia y profesionalidad a las más acreditadas del mundo, como es la BBC inglesa, viene el Gobierno a devolvernos aquella TVE que era la mejor de España en su tiempo, porque era la única, controlada por el comisario gubernamental de turno. Las privadas, ya se sabe, respetarán la mano que les “mueve” la licencia…, salvo rarísimas excepciones, sin capacidad de competencia. Y todo con prisas, por vía del Decreto Ley para la imposición autoritaria en ese control de la televisión pública, cuyos informativos intentaban reflejar lo que sucede en la realidad, aunque no fuera del gusto de quien gobierna. Es lo que tiene la libertad y la independencia informativa: no guarda compromisos con ningún poder.
Es así que, más allá de recortes económicos y mordazas a la información, la situación excepcional que el Gobierno arguye le viene de perlas para imponer de forma francamente autoritaria, sin ningún procedimiento deliberativo, no sólo medidas económicas, sino también una regresión de derechos, como el derecho al aborto, la práctica eliminación de la Ley de Dependencia, el encarecimiento de los estudios universitarios, requisitos más restrictivos para la concesión de becas, la limitación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, una “reforma” laboral que despoja de derechos a los trabajadores, el “copago” en las recetas farmacéuticas a los pensionistas, la reducción del personal en la enseñanza, la sanidad y las administraciones públicas, lo que se une a una enésima disminución de sus salarios, la subida de impuestos vía IRPF (queda pendiente la del IVA), recortes en la Ayuda a la Cooperación y el Desarrollo, la brutal reducción de las inversiones en ciencia e investigación, etc.
En definitiva, la deriva autoritaria que ha emprendido el Gobierno del PP puede que, viendo cómo nos tratan los «mercados» (hundimento de la bolsa, la prima de riesgo por las nubes, el «expolio» argentino, etc.), sea inútil para contener el paro o la recaída en esa segunda recesión por la que despeña nuestra economía, pero está consiguiendo que retornemos ala España agria y gris del estraperlo, aquella donde los señoritos pegaban tiros en sus cotos de caza (a elefantes o lo que se moviera), con la bendición de la santa madre Iglesia (cubierta de privilegios) y al amparo de un ejército que no se ve concernido por leyes de transparencia ni de austeridad, mientras el pueblo intenta sobrevivir de las migajas, carente de derechos que dignifiquen su condición de desfavorecidos gracias a la existencia de servicios públicos. Pero según Rajoy, “no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos”. Y de ahí su empeño en aplicar unos «ajustes» con deriva autoritaria. ¿Qué dejará para el año que viene?
