Voy a hacer un futurible. No es descabellado adivinar esta posibilidad, que no es tan improbable ni tan absurda, aunque el silencio que rodea el asunto, del que ni se especula, genera precisamente la sospecha de que está siendo sopesado y reservado para su debido momento.
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Es más, muchos estarían encantados de que se produjese porque dispondrían, al fin, del “arma” definitiva para alcanzar el triunfo largamente perseguido y jamás conseguido: conquistar la Junta de Andalucía. Y es que sería todo un “bombazo” que la juez Mercedes Alaya se convirtiera en la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas.
No sería algo inédito. Se repetiría la jugada que ya hiciera Felipe González cuando incorporó al juez Baltasar Garzón en el segundo puesto de la papeleta madrileña del PSOE en las elecciones generales de 1993, lo que supuso todo un revulsivo que contribuyó a que los socialistas ganaran aquellos comicios, pero defraudó las expectativas del magistrado, que acabó dando un portazo.
Pero la juez Alaya parece más convencida de sus afinidades políticas y de las posibilidades reales para cumplir tal objetivo. Nunca ha declarado semejante intención, pero se deduce de su actuación como instructora del caso de los ERE que investiga en su juzgado.
Y es que es sumamente imposible no hacer una lectura política de su proceder sumarial, en el que hace coincidir la publicación de sus autos con fechas claves de la iniciativa política del PSOE, partido que gobierna la Junta de Andalucía. Su talante y su trayectoria parecen delatarla.
Mercedes Alaya Rodríguez (Á‰cija, 1963) es la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde 1998, donde comenzó a investigar el caso Mercasevilla, del que deriva el caso de los ERE irregulares financiados por la Junta de Andalucía.
Está casada con un auditor que trabajó hasta 2002 precisamente en Mercasevilla y quien podría, casi con toda seguridad, asesorarla a la hora de desbrozar las cuentas y partidas presupuestarias del Gobierno andaluz que le permiten determinar el alcance y volumen de la malversación de caudales públicos en los ERE fraudulentos.
La resonancia de este caso –el mayor caso de corrupción conocido en Andalucía- ha convertido a la juez Alaya en un personaje público, con el que los medios se recrean a la hora de difundir la imagen de su inevitable “paseíllo” cada vez que entra y sale del Juzgado, arrastrando el “trolley” en el que transporta los documentos de su trabajo.
Precisamente esos minutos mediáticos, su variado vestuario y su hieratismo físico despiertan comentarios encendidos en las tertulias, pero ninguno objetivo. Seria, distante, discreta y perseverante, Mercedes Alaya, como juez, se está labrando una reputación de látigo de socialistas, ya que anteriormente, en 1990, siendo juez en Fuengirola (Málaga), encausó al alcalde socialista de la localidad, Sancho Adam, por otro presunto delito de malversación de fondos públicos.
En 1992 recala en Sevilla y desde 1998 es titular del Juzgado 6 de Instrucción. Su investigación del caso de los ERE, el de mayor volumen tramitado en Sevilla, causa polémica por los modos, las coincidencias cronológicas y el amplio número de implicados que caracterizan el sumario, con cerca de 70 personas imputadas, 136 millones de euros desviados en ayudas directas a empresas, sobrecomisiones a intermediarios y pagos a “intrusos” con las indemnizaciones.
Más que un caso de corrupción, ciertamente complejo, parece un enjuiciamiento contra la política de subvenciones de la Junta de Andalucía, institución a la que la juez Alaya acusa de haber ideado un mecanismo completamente ilegal y, por tanto, presuntamente indiciario de delitos penales, con el que estuvo durante más de diez años concediendo ayudas sociolaborales sin el respaldo de la Intervención y sin apenas control.
En la instrucción de un sumario de esta envergadura, que ella asume de manera individual y directa sin permitir la ayuda de ningún otro juez, llama poderosamente la atención las “coincidencias” cronológicas de sus autos, que se hacen públicos en fechas que benefician en cada momento al Partido Popular, formación personada como acusación particular en el caso y presidida en Andalucía por Juan Ignacio Zoido, actual alcalde de Sevilla y magistrado en excedencia que anteriormente fue juez decano de Sevilla, cuando Alaya estaba al frente de otro juzgado.
Esa confluencia de intereses fue puesta de manifiesto por Alfonso Guerra, en una conferencia pronunciada en el Club Antares de Sevilla, al afirmar que existía una “relación incluso fuerte, personal” entre ambos magistrados, refiriéndose a algún expediente común.
De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es que algunos autos de la juez Alaya, tal vez los más llamativos y de mayores repercusiones jurídicas y mediáticas, han sido dictados en fechas que perjudicaban notoriamente al PSOE, a sus iniciativas políticas o a sus estrategias electorales.
Así, Mercedes Alaya ordena la detención de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal acusado en el caso, el primer día de campaña de las elecciones autonómicas, en febrero de 2012, y a su chófer, el de la cocaína, lo llama a declarar cinco días antes de los comicios.
La casualidad se repite cuando Susana Díaz celebra su toma de posesión como presidenta de la Junta de Andalucía, fecha en la que la juez Alaya hace público otro auto por el que invita a personas aforadas, entre ellas los presidentes anteriores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a que declaren voluntariamente en el caso, si lo desean, no teniendo potestad para imputarlos sin elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o al Supremo de Madrid.
Tantas “casualidades” en la instrucción del caso de los ERE y su dilación en el tiempo –lo que ha ocasionado advertencias del Poder Judicial, de la Fiscalía y del consejero de Justicia de Andalucía, aparte de innumerables quejas y críticas tanto de implicados como de compañeros de la carrera judicial- obligan a deducir cierta intencionalidad cronológica con los tiempos de la política.
Porque imputar ahora, al cabo de tres años de instrucción, a veinte altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía e “invitar” a declarar a aforados sin llegar a imputarlos, por no tener competencia para ello, demuestra, al menos, un manejo de los tiempos intencionado y, lo que es más grave, injustificado e impropio en una juez imparcial y rigurosa, que siempre ha de tener presente el derecho a la defensa de cualquier imputado.
Si la justicia fuera el interés prevalente, la celeridad de las actuaciones judiciales (hay imputados que llevan más de tres años pendientes de ser llamados a declarar) y su remisión a las instancias jurisdiccionales competentes (en caso de aforados imputados) serían las características del caso de los ERE, cosa contraria a la realidad.
Queda, por tanto, el interés inconfesado por alargar un proceso hasta el momento más cercano posible a las próximas elecciones autonómicas y presentar de candidato a una personalidad que se encumbra como adalid de la lucha contra la corrupción y martillo de herejes socialistas.
Si ese fuera el desenlace de esta conjetura, independientemente del enjuiciamiento de los culpables por robar dinero público, la juez Mercedes Alaya merecería la reprobación ciudadana, pues habría administrado la justicia al servicio de sus propósitos políticos. Algo indigno y espurio al servicio honesto y leal de la justicia.
