EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
En el caso “GÁ¼rtel” todos los días surge algo novedoso y que sirve para “ilustrarnos” a los ciudadanos sobre las cosas extrañas que pasan en esta cosa de la política.
Mira por donde ahora me entero de que los contratos que la Generalitat Valenciana firma con empresas de servicios o de cualquier otra índole, son documentos de “alto secreto”. Los socialistas en la oposición han pedido al Consell presidido por Francesc Camps, todos los contratos que esta institución o cualquier otro organismo dependiente de la Generalitat haya firmado con las empresas implicadas por el juez Garzón en su investigación sobre la trama de corrupción les sean facilitados. A este respecto el Consell ha contestado que no solo uno, el de la Volvo Ocean Race de Alicante como había trascendido hasta ahora, sino once son los contratos sobre los que Presidencia pactó con las empresas cláusulas de “confidencialidad” que impide, según el Consell, que su contenido trascienda a la opinión pública. También el Gobierno valenciano del PP ha aprobado declarar el carácter “no público” de 23 del total de los expedientes pero que podrán ser visualizados por un diputado de la oposición pero este no podrá llevarse copia, pudiendo, eso si, tomar notas. Advirtiendo que 11 son “confidenciales” por lo que el diputado socialista no podrá desvelar su contenido. Tampoco podrá ir acompañado de asesor alguno y deberá comprometerse a no divulgar el contenido de los documentos que se le muestren. Por otro lado el Consell no señala cuales son los contratos “no públicos” y los secretos. Eso sí, uno de los diputados del PP ha dicho que todos los documentos se ponen a disposición y resaltó que, de los 70 que reclamaban los socialistas, en más de cuarenta de ellos si podrá hacer fotocopia. Del resto solo podrá tomar notas y comprometerse a no divulgar su contenido. No obstante si el diputado de la oposición denuncia que ha visto irregularidades en esos contratos cuyo contenido no se puede divulgar, es claro que no podrá denunciarlo ya que serán unas simples notas tomados por él, la única prueba que puede aportar y esto no se sostiene ante los tribunales y la opinión pública. Camps, lo tiene todo atado y bien atado. Pero que se ande Camps con cuidado, hubo “alguien” que lo dejó todo “atado y bien atado” y al final le dio muy mal resultado. Para él y los suyos, claro.
Dicen que los diputados a cualquier nivel institucional son los representantes de los ciudadanos, lo que velan por sus intereses, dicen, si esto es así está claro que en este caso a los ciudadanos se les hurta el derecho a tener conocimiento del contenido de unos simples -¿o no tan simples?- contratos que la Administración autonómica valenciana ha firmado con empresas privadas para que estas les presten los servicios objeto del contrato. Cuesta creer que unos simples contratos de prestación de obras o servicios puedan tener un contenido que haga que los mismos sean considerados como “no públicos” y “secretos”. Si esto es así es que nos hallamos en un país donde la divulgación de los “secretos de Estado”, que los hay, pueden acarrear serios problemas al que así proceda.
Aunque no entiendo muy bien todo esto, ni veo por parte alguna esa transparencia de que habla el PP a la hora de negar todo lo que el juez Garzón ha imputado a unos e implicado a otros miembros del PP. No obstante es de esperar que el Consell, dentro de 25 o 30 años “desclasifique” estos documentos y nos podamos enterar todos de si es cierto lo que ha dicho Camps, de que el se ha pagado todos sus trajes. Tiempo al tiempo.
