La sanidad ya no es universal ni gratuita para los 153.000 inmigrantes en situación irregular que residen en España. El Real Decreto 16/2012 aprobado por el actual Gobierno los ha dejado sin tarjeta sanitaria. A todos menos a los menores de 18 años y a los que acudan por cuestiones de urgencia o de embarazo. Una perversión más de la crisis actual que conduce a los gobernantes a maquillar con excusas lo que en realidad es el desmantelamiento de la sanidad pública.
La ciudadanía, apoyada por partidos de izquierda, ONGs y Asociaciones Sanitarias, no está de acuerdo con la medida. Miles de médicos y trabajadores del Sistema Nacional de Salud han firmado ya la objeción de conciencia y atenderán a los inmigrantes sin papeles que pasen por sus consultas. Comprenden que impedir que no atender un problema de salud de personas es un ataque frontal contra los Derechos Humanos.
Mejorar el sistema sanitario es el argumento que emplea el Gobierno para justificar la decisión. Sin embargo, varias mentiras y contradicciones desmontan su discurso. El Ejecutivo prevé ahorrar 500 millones de euros, pero los inmigrantes en situación irregular apenas acuden al médico porque son jóvenes y porque temen ser expulsados del país. Varios estudios revelan que los españoles asisten a los centros de salud una media de 8,3 ocasiones al año frente a las 4,7 de los inmigrantes. Si el motivo principal fuese el ahorro económico, más eficaz sería perseguir el fraude fiscal llevado a cabo, en su mayoría, por grandes empresas. Operación con la que el Estado ahorraría 72.000 millones de euros anuales.
Otra explicación que esgrime el Ejecutivo es que la medida se lleva a cabo para paliar el problema del turismo sanitario. Pero los inmigrantes sin papeles no son los protagonistas de esta práctica, sino los ciudadanos ricos residentes en la Unión Europea, a los que ya no se les regala la atención sanitaria, pues la factura que hayan acumulado en España se carga a su país de procedencia. Si se quisiese combatir, la solución pasaría por aplicar un mayor control y mejorar la gestión del servicio. El argumento de que los inmigrantes en situación irregular no contribuyen a sostener el Sistema Sanitario es otra razón envenenada que alimenta a la opinión pública.
La sanidad ya no se financia con las cotizaciones sociales que se detraen de la nómina de los trabajadores, sino con impuestos que cualquier residente de nuestro país abona al Estado al consumir un producto.
El discurso del Gobierno respecto a este tema cae por su propio peso. Además puede volverse en su contra y crear más problemas que los que pretende solucionar. Las enfermedades contagiosas pueden transmitirse al resto de ciudadanos y cualquier enfermedad leve que no sea tratada derivará en algo más grave que tendrá que ser atendido por vía de urgencia. Es seguro que causará más costes que si se hubiese atajado de raíz.
La sanidad es un Derecho fundamental, inalienable, inherente a cualquier persona sea de dónde sea y tenga la capacidad económica que tenga. Debe de ser pública, gratuita y para todos. No se puede negar, corromper ni convertirse en un negocio. Pero al final es lo que interesa a los agresores de traje y corbata que, como buitres a la espera de carne fresca, aguardan una oportunidad como ésta. Con la destrucción de la sanidad universal, las aseguradoras privadas se frotan las manos. Dónde hay dinero, hay salud. Los inmigrantes sin papeles podrán acceder a las consultas si abonan la cantidad de 710 euros anuales. Sin embargo, es una cifra poco competitiva ya que las pólizas de salud privadas ofertan precios desde 360 euros. El negocio perfecto.
La inmigración irregular es un drama social, una lacra del sistema capitalista empeñado en obtener beneficio de todo cuanto cae en sus garras. Incluso de las personas. Ninguno de estos seres humanos abandona sus raíces, su entorno y a su familia por razones de apetencia. Es una huída forzada, la única suerte que les queda para sacar a los suyos adelante. Son de carne y hueso, tienen sentimientos, albergan emociones, también sufren enfermedades y también tienen derecho a curarse.
Marta González Borraz
Periodista
