El Gobierno español tiene que dar una salida a los presos de ETA. Abandonaron el uso de las armas y han pedido mediadores de instituciones competentes. No todos los que están encarcelados son culpables en el mismo grado ni en las consecuencias de sus actos. Algunos eran jóvenes y estaban condicionados. En la cárcel da tiempo a pensar, y soy testigo de la enorme coacción por parte de líderes de ETA. Hace unos veinte años, el Director de un Centro Penitenciario, al que acudía todas las semanas, me pidió si podía hablar con alguien. Sería en secreto. Pusieron aceite en la falleba de su puerta para aprovechar la hora de la siesta, entrar en su celda y escuchar, hacer silencios, y hablar de lo que fuera. Hasta que un día, el director me dijo que no quería recibirme. Pero fui. Me regaló un libro con poemas de Celaya que guardaba bajo el colchón. “Al hombre con el que aprendí a mirar”. Luego lo trasladaron. Nunca más supe de él.
Algunas asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo lamentan que no exista la cadena perpetua, y hasta han hablado del restablecimiento de la pena de muerte. Pero en democracia no rige la Ley del Talión. La mayoría de ellas fueron utilizadas por políticos del Partido Popular que tuvieron que digerir que el abandono de las armas sucediese bajo un Gobierno socialista.
Ahora que gobiernan los conservadores suya es la responsabilidad de culminar el proceso. Es asombroso que una de sus primeras preocupaciones ha sido la de reimplantar una cadena perpetua “revisable”. Cosa que no tiene cabida en la Constitución española.
Ante el abandono de la lucha armada por ETA, es preciso dialogar con sus responsables para ese “único acuerdo” que tanto esgrimían los grupos de poder de la derecha: que aceptaran el sistema democrático para dirimir sus diferencias. Ahora la banda ha accedido a hacerlo, en gran parte por el acoso de las fuerzas del Estado en España y en Francia. Es inaplazable abordar el destino de esos presos dispersos por cárceles españolas y alejados de sus familiares que viven en el País Vasco.
La grave confusión arranca de considerar a todos los presos que pertenecieron o colaboraron con ETA por un mismo rasero, como si sus culpas hubieran sido idénticas.
Muchos opinamos que los que no tengan delitos de sangre y estén presos por participar en kaleborrokas, algaradas, manifestaciones, propaganda, envío de cartas, banderas, deberían ser acercados a donde viven sus familiares. Bastantes están en cárceles de las Islas Canarias, a miles de kilómetros del País Vasco. ¿Qué culpa tienen que padecer sus familiares?
Y no creo que deba exigírseles “arrepentimientos” ni regresar cabeza gacha y de rodillas para padecer el escarnio público como muchos intransigentes desearían, ya que no pueden mantenerlos en prisión a perpetuidad.
Todo tiene un tiempo y unas circunstancias. Como también lo tienen algunas asociaciones de familiares de víctimas que a veces dan la impresión de convertirse en un lobby con el que tuviera que contar el Gobierno. Ya se ha juzgado y condenado a los culpables que cumplen sus penas, muchos familiares de víctimas han sido generosamente indemnizados. Que no vayan a dar la impresión de un victimismo inaceptable.
Lo que importa ahora es la reinserción social del mayor número posible de condenados con arreglo a derecho. No se trata de amnistía alguna, sino de aplicar con inteligencia y equidad los reglamentos que existen. Pero a lo que sí tiene derecho todo preso es a cumplir su condena en centros próximos a donde viven sus familiares. Por razones de humanidad, de justicia y de sentido común.
La única institución que no sufrió ni secuestro, asesinato, bombas, ni cartas de extorsión ha sido lo Iglesia. Sí lo fueron magistrados, militares, alcaldes, concejales, periodistas, policías y guardia civiles. Siempre he echado de menos que los obispos no se hayan preocupado también por las familias de los encarcelados, por acercarlos, por echar una mano en el diálogo de comprensión o, al menos, de acercamiento para su reinserción en la sociedad. Ese es el fin de la pena de prisión: la recuperación del condenado más que la venganza social. Esta no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si los clérigos organizan manifestaciones sobre la familia, el divorcio, la educación, la sanidad, las parejas de hecho, el sexo, la interrupción del embarazo no deseado, el uso de medios anticonceptivos, yo pido que se aborde el problema de los presos teniendo en cuenta sus diversas culpas, sus condenas, sus plazos y sobre todo su nivel personal de evolución…
Ni la venganza, ni la honra ni el odio ni el desprecio de la justicia podrán prevalecer ni ser más útiles que la misericordia con los culpables y responsables de sus acciones. Pero siempre permanecerá “bendito tú porque estaba en la cárcel y me visitaste”.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
