Las calles de Atenas ardían mientras el parlamento griego aprobaba los recortes que le exigían el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) para el pago del segundo “rescate”.
Las imágenes de Atenas en llamas simbolizaban el posible fin de una era que tiene su origen en ese espacio con el surgir, hace siglos, de los primeros gérmenes de la democracia como forma de entender la vida y la política. Incluso una organización policial, la Federación Panhelénica de Oficiales de Policía, exigía que se ordenara el arresto de los principales representantes de la llamada troika – FMI, BCE y UE -. Los acusaban de extorsión y de injerencia en las políticas democráticas y la soberanía nacionales.
“Están poniendo en peligro la democracia griega y la supervivencia de su pueblo”, declaraba la policía en una carta publicada por la prensa griega y enviada a los representantes de la troika. Las protestas se mantienen aún después de que se haya aprobado el “rescate” millonario.
Nadie puede sentirse ajeno a lo que ocurre en Grecia. La bomba griega se fabricó con la corrupción de sus “representantes” políticos que falsearon las cuentas públicas y con la evasión fiscal de sus principales fortunas. También con la venta de armas promovidas por Alemania y Francia y contra las que cargó el eurodiputado Daniel Cohn- Bendit. La evasión fiscal, la manipulación de las cuentas públicas y el despilfarro militar que provocó la crisis griega se da en muchos otros países.
Los ciudadanos de Grecia, Irlanda Portugal, Italia y España han visto cómo sus gobiernos cedían su soberanía a los mercados financieros, lo que contradice a los recelos nacionalistas con los que se ha obstaculizado la construcción de un proyecto europeo federal. Los gobiernos de algunos países se declararon antieuropeístas pocos años después de haber ingresado en la Unión Europea. Quedó paralizado durante meses el proyecto de una nueva constitución, que al final culminó en el Tratado de Lisboa.
Se aceleró la incorporación de nuevos Estados en la UE a pesar de que no cumplían con algunos baremos en materia política, fiscal, económica, jurídica y de derechos humanos. Esta fragmentación proyectaba una Europa debilitada y sin voz propia para poder contribuir a un equilibrio político mundial en un planeta cada vez más bipolar.
Al firmarse el Tratado de Lisboa, los jefes de gobierno impusieron a Catherine Ashton como Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en sustitución de Javier Solana. La laborista apenas conocía las instituciones europeas y otros países del mundo. Hay quién se pregunta por el sentido de tener una “alta” representante de exteriores europea cuando no hay una política exterior común a todos los países y cuando cada Estado tiene sus propios representantes en el resto del mundo. Como primer presidente del Consejo Europeo, eligieron a Herman Van Rompuy, un político al que le gusta hacer haikÁ¼s y retiros espirituales, y al que se le ha calificado de gris. Estas figuras “discretas” a las que nadie conocía mantenían la hegemonía de los Estados más fuertes en los asuntos europeos. La prensa la resume con humor en la palabra Merkozy.
Este vacío de poder en las instituciones europeas ha permitido que agencias de calificación estadounidenses y los llamados “mercados” pusieran de rodillas a pueblos soberanos. Los gobiernos nacionales han emprendido las “reformas” y los recortes que les imponían, en detrimento de su democracia interna y de derechos conquistados que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, no se puede culpar sólo al FMI, al BCE, a la UE, a Angela Merkel y a Nicolas Sarkozy por el desmantelamiento de las estructuras estatales que protegían las pensiones, la sanidad y la educación públicas, y los derechos de las personas dependientes. Los gobiernos de muchos países no implicaron a su ciudadanía en la construcción de un proyecto europeo que antepusiera a las personas y frenara la voracidad de los mercados. El abstencionismo en las últimas elecciones parlamentarias europeas evidencia ese alejamiento de la vida política por el que ahora pagan los ciudadanos.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista, coordinador del CCS
