Así como el populismo provino en una época de La Rioja, y hoy emana de Santa Cruz ¿puede que el futuro nos depare alguna otra provincia desde donde se repita la misma saga populista? De igual modo, así como el populismo corrompió a numerosos empresarios, ¿puede que mañana nuevos populismos corrompan a nuevos empresarios? ¿Qué podemos hacer para alcanzar una república sin populismo y evitar la reiteración de esta patología contagiosa?
Foto: felipesp
¿Se puede frenar el continuismo populista sin acudir a un intenso debate que ponga en tela de juicio todo lo hasta aquí ensayado y fracasado? ¿Puede acaso sustituirse el debate y la discusión con actos proselitistas o mediáticos atiborrados de mecanismos y estereotipos anquilosados y de oratorias auto-referenciales? ¿Puede acaso refundarse la República (la de Domingo F. Sarmiento) sin apelar a la conciencia crítica de cuadros intelectuales probadamente meritorios e íntegros? ¿Pero que hacer si una gran parte de esa intelectualidad yace corrompida o amedrentada por el miedo infundido desde el poder? ¿puede acaso refundarse la república con intelectuales miedosos o corruptos que como derivación de esa patología generan chatarra académica? ¿puede refundarse la república sin recrear una intelectualidad progresista y meritocrática? ¿puede refundarse la república y la cultura argentina sin un amplio frente opositor que tenga en el epicentro de su discusión el cuestionamiento de la herencia recibida, con énfasis en aquellos dramas vinculados con la producción de cultura y conocimiento científico?
¿Es posible construir una alternativa al proyecto populista sin poner en tela de juicio al actual sector de CyT? ¿Por que razón ninguna fracción de la oposición ni ningún programa ni medio periodístico se manifiesta al respecto? Más precisamente, por que razón no se nombra al Ministro Barañao? ¿está exento el Ministro Barañao de acusaciones de corrupción? ¿Conocen los dirigentes y los periodistas la conducta desplegada por el Ministro Barañao durante su gestión al frente de la SECYT? ¿Conocen la denuncia que fue formulada en enero de 2006 cuando se reveló que medio centenar de funcionarios de la Agencia (ANPCYT) se asignaron a sí mismos cuantiosos subsidios de investigación pertenecientes a un préstamo del BID (U$S 1240 millones)? Amén de los funcionarios que cobraron subsidios de investigación ¿conocen acaso que muchos de los beneficiarios de dichos subsidios operan a su vez como asesores de dirigentes opositores o como colaboradores periodísticos en los grandes medios? ¿es decir se trata de sujetos que medran o parasitan desde ambos lados del mostrador? ¿No será esta la razón última por la cual rige la omertá y nadie se atreve a ventilar el pantanal científico-académico argentino?
¿Conoce la oposición y el periodismo el fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal Penal (Cattani, Irurzun, Farah) que ratificó la sentencia del Juez Martínez de Georgi (2010) y ordenó archivar a la semana siguiente del triunfo electoral de CFK (2011) la denuncia interpuesta contra el Ministro Barañao? ¿Conoce la oposición la crítica pública a ese fallo titulada Obsecuencia de los jueces al poder político en Argentina?
De dicha crítica resulta que el fallo del juez Martínez de Georgi (2010) sería nulo de nulidad absoluta por haber convalidado en el proceso penal como testigo único y exclusivo a un testigo falso, el del Lic. Carlos E. A. Cassanello (cuyo vínculo sanguíneo con el nuevo juez Sebastian Casanello se ignora), pues ocultó su verdadera identidad como funcionario superior de la Agencia (ANPCYT), cometiendo falso testimonio agravado por el rango que detentaba, y vicios graves del acto al producir afirmaciones falsas y dolosas, incurriendo por tanto en delitos de abuso, fraude procesal, falsedad ideológica y prevaricato.
En suma, ¿es posible refundar la república que supo honrar Domingo Faustino Sarmiento sin previamente formular una profunda autocrítica que incluya la reapertura de todos aquellos procesos judiciales que hayan incurrido en nulidades absolutas? Sin duda, la república jamás podrá ser refundada si no se quiebra el blindaje judicial, el mismo que ha encubierto el incremento de una Nomenklatura intelectual que adultera el conocimiento y concentra y malversa la renta académica argentina. Recién entonces, una vez desmalezado el campo, podremos comenzar a arar con la esperanza de cosechar frutos no contaminados.
