El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE situaba a España casi a la cola de Europa; un recorte del 50% con respecto al año anterior nos ha llevado a niveles de los años 80: tan sólo un 0,15% de la RNB se dedica al desarrollo. Ni siquiera países que han sido rescatados -como Portugal- o en una situación aún más complicada que la española -como Grecia- han realizado un recorte de tal magnitud; Irlanda incluso ha mantenido su compromiso.
Mientras el presidente Rajoy defendía frente a Ban Ki-Moon su compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo como “política de Estado fundamental”, las ONGD veníamos alertando sobre su desmantelamiento desde hace meses. Mientras cientos de delegados y delegadas de Organismos Internacionales, de redes y plataformas de la sociedad civil debatían sobre cómo erradicar el hambre en esta generación, la importancia del empoderamiento de las mujeres y de la sociedad civil y su participación como herramienta esencial, oíamos a Rajoy afirmando que “sólo podremos asegurar el bienestar global si somos capaces de asegurarlo para todas las personas que comparten con nosotros el planeta y los recursos”. Las ONG de Desarrollo y la ciudadanía española nos preguntamos cómo va a ser eso posible con la brutal reducción española a la AOD que se acaba de hacer pública. ¿Conocerá el presidente Rajoy los impactos en las vidas de millones de personas que está teniendo la reducción de fondos de la cooperación española? Estamos cada vez más lejos del compromiso adquirido de contribuir a la cooperación con un 0,7% de nuestra RNB.
España logró consolidarse como país donante reconocido internacionalmente por sus compromisos en cooperación al desarrollo. Ahora, todos esos progresos se están tirando por la borda.
En su discurso, Rajoy aseguró “creer firmemente que lo importante, lo que no debemos perder de vista, son las personas”. Estamos de acuerdo con que las personas y sus derechos deben ser el centro de las políticas públicas. El ejercicio democrático y responsable de la actuación política exige una escucha activa y receptiva de las demandas sociales.
Pero muchas de esas demandas no son escuchadas. Estudios como el Euro barómetro de 2012, arrojan datos esclarecedores sobre el apoyo de los españoles a la cooperación: el 82% de las personas está de acuerdo en mantener o incluso aumentar los fondos destinados al desarrollo. Fondos que deberían destinarse a los países menos favorecidos y a los sectores más empobrecidos (de los países) de renta media. La apuesta del gobierno por los países de renta media parece responder más a los intereses financieros y comerciales de España que a las necesidades reales de la población.
El compromiso de la ciudadanía y la claridad en las prioridades se observa en multitud de acciones. Acaba de iniciarse la campaña de la declaración de la renta en la que miles de personas marcan la casilla de fines sociales para que sus impuestos vayan a proyectos de cooperación y acción social. Es la única partida social que no sufre recortes sino que aumenta, mostrando el compromiso ciudadano con las cuestiones sociales. El año pasado se recaudaron 50 millones de euros con para proyectos de salud, educación, agricultura, en Asia, África y América Latina. Confiamos que el gobierno gestione con transparencia la gestión de esos fondos que la ciudadanía ha destinado al desarrollo de las personas y la garantía de sus derechos.
La cooperación no es una dádiva, es una responsabilidad ética y política recogida en múltiples documentos de obligado cumplimiento. En el Preámbulo de la Constitución Española se establece la obligación de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. España ha firmado acuerdos internacionales y nacionales que se están incumpliendo; empezando por el Pacto de Estado contra la Pobreza. ¿Qué puesto real ocupamos en un mundo con retos globales de enorme magnitud?
Lo más grave son las que estas decisiones tienen sobre las personas. Se verán truncados cientos de procesos que suponían mejoras en las vidas millones de personas. Se tirarán por la borda años de trabajo y de avances internacionales.
Los derechos ciudadanos se debilitan, se multiplican las declaraciones huecas y se incumplen compromisos asumidos. La ciudadanía exige decisiones políticas responsables y comprometidas con la garantía de los derechos de las personas.
