Ya han empezado a salir a cotización en bolsa las primeras cajas de ahorros “bancarizadas”, proceso establecido por el gobierno español sin consultar con la población y entregándose sin más a los intereses privados. Es un auténtico robo al Estado y al pueblo por varias razones.
Para facilitar la entrada de capital privado, se han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo fraudulentos que van a representar una pérdida de entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo.
Las cajas han consumido cuantiosos recursos públicos en los últimos meses, y los seguirán recibiendo en el futuro, que ahora simplemente van a servir para que el capital privado obtenga altos rendimientos.
Con la excusa de la mala gestión de los políticos ahora se ponen las cajas en manos de los especuladores y del capital privado, aunque las cajas no se han comportado peor que los bancos en la crisis, mantienen más empleo que estos últimos (representan el 50% del mercado y ocupan a un 20% más de trabajadores), y realizan inversiones sociales en mucha mayor medida que los bancos privados. Muchas siguen dando beneficios.
Si algo han hecho mal las cajas en los últimos años ha sido precisamente que se hayan limitado a copiar el modo de funcionamiento y la lógica de los bancos privados. Si se hubieran comportado como lo que deben ser, como entidades financieras al servicio de intereses sociales, no se hubieran encontrado en la situación actual, que ni siquiera es peor que la de los bancos.
Como la banca privada ha provocado la crisis, privatizar el escaso sector financiero de carácter semi público que queda es avanzar en la dirección contraria a evitar nuevas crisis en el futuro.
Con la bancarización progresiva de las cajas no solo se pone en manos del capital privado a bajo precio el capital y el patrimonio social acumulado durante años sino que además se terminará pronto con su labor social, fundamental en la lucha contra la exclusión social.
Incluso antes de convertirse en bancos son muchas las cajas de ahorros que ya han reducido el presupuesto de la Obra Social, o que han cerrado centros de atención a mayores, educativos y de servicios sociales de todo tipo.
La bancarización también conlleva el desarraigo de las cajas respecto de los territorios en los que operaban, algo que ha sido fundamental en los últimos decenios para garantizar que se mantuvieran inversiones más relacionadas con las necesidades de sus clientes. Este proceso se ha querido justificar en los altos sueldos de los directivos de las cajas y en la excesiva politización pero lo que ocurre al convertirse en bancos es la asignación de sueldos mucho más elevados.
Al concentrar aún más la propiedad financiera y al someter en mayor medida al antiguo sector de las cajas a la lógica de la banca privada, se producirá un mayor racionamiento del crédito y una mayor deriva aún de recursos hacia las actividades especulativas que provocan crisis y pérdida de empleo y de riqueza productiva.
El robo al Estado y al pueblo ha sido calculado y bien pensado. Se ha forjado una clase política cómplice de los intereses financieros más poderosos y que ha actuado a su servicio para a hacerse con el patrimonio y el capital acumulado durante años por cientos de miles de pequeños y medianos ahorradores.
La ciudadanía debe reaccionar ante este nuevo expolio y hacer que paguen sus responsable; que se forme una comisión que investigue el coste real de esta operación y sus beneficiarios, que se paralicen inmediatamente las privatizaciones de las cajas y el uso de los fondos públicos que han recibido para salir de la crisis en beneficio del capital privado. Hay que reclamar su nacionalización para crear un nuevo tipo de banca pública, ética, transparente, comprometida con la financiación a las empresas y la creación de riqueza. Y hay que obligar a los directivos que se han concedido a sí mismos premios, sueldos y bonus millonarios a que devuelvan ese dinero a las cajas.
Los ciudadanos podemos recurrir a muchas formas de sabotaje pacífico: sacando los depósitos, haciendo manifestaciones de protesta antes las sucursales, por ejemplo, acudiendo días determinados sencillamente a pedir información sobre los nuevos propietarios de las cajas o sobre el destino de los ahorros, a preguntar si las cajas utilizan tienen fondos en paraísos fiscales o si realizan inversiones en armas o en negocios especulativos. Y también reclamando una ley de responsabilidad financiera que ponga a los banqueros en su sitio, que les impida que actúen por encima de las instituciones representativas y, en suma, que ponga las finanzas al servicio de las personas. Impedir que se produzca la “bancarización de las cajas de ahorros sería un paso decisivo para avanzar hacia la democracia real a la que aspiramos.
Juan Torres López
Catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla
