Estamos inmersos en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y ya comienzan a relucir difamaciones, acusaciones y estrategias de desprestigio contra el adversario político y contra aquellos territorios que aún no están “controlados” por la ideología dominante.
Es por ello que en Andalucía se libra una batalla sorda, con dos objetivos prioritarios: ganar estas elecciones y socavar la credibilidad de los socialistas para desalojarlos del poder en la Comunidad en un futuro inmediato e impedir así la confrontación de políticas que desde la Junta de Andalucía disienten y contradicen las medidas de austeridad y recortes que impulsa el Gobierno conservador de Mariano Rajoy desde Madrid. Tan a degÁ¼ello se plantean estos comicios que el Partido Popular designa candidato para estas elecciones a un miembro andaluz del Gobierno con proyección poco erosionada para atraer el voto en la región, el jerezano Miguel Arias Cañete, y, de paso, dar la vuelta a los sondeos que vaticinan un gran desgaste de los populares. Se teme que el resultado de las europeas sirva de termómetro de la tendencia en las generales del próximo año. Por tanto, se van a jugar todas las cartas, y utilizar todas las artimañas posibles, para ganar como sea.
Por lo pronto, Rajoy ha retrasado el nombramiento del candidato popular hasta el último minuto para mantenerlo en el Gobierno. Reúne así la doble condición de ministro y candidato, lo que le permite disponer de una tribuna gubernamental para hacer campaña electoral, un privilegio que deja a los demás contrincantes en inferioridad de condiciones, al no poder contrarrestar tan potente presencia mediática. La Junta Electoral Central está maniatada para impedir este abuso de poder por parte de un Gobierno que “apura” los plazos y se sirve de hechos consumados que no pueden ser revocados a tiempo, aunque sean denunciados.
Foto: Marta Caballero Lobatón
Y por otra parte, incidiendo en una estrategia de descrédito, desde el Ministerio de Interior se propala un nuevo caso de presuntas irregularidades por parte de la Junta de Andalucía en relación con subvenciones a cursos de formación. Se difunde, muy oportunamente, que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Policía y Fiscalía Anticorrupción (ambas dirigidas por el Gobierno), está investigando un supuesto fraude cometido por empresas de Málaga, en su mayor parte, para cobrar subvenciones por cursos de formación que en realidad no han realizado, malversando así más de 2.000 millones de euros de fondos públicos aportados por la UE para un programa de fomento del empleo, según relatan estos funcionarios del Ministerio de Interior. Se trata, en realidad, del “adelanto informativo” de una investigación policial que todavía ningún juez instruye, pero que sirve ya para “acusar” a la Junta de Andalucía, en manos de los socialistas, de organizar otra trama de corrupción de proporciones considerables, diez o veinte veces mayor que la de los ERE. De nada vale que la propia Junta aclare que lleva siete meses investigando las subvenciones, que ha revisado más de 4.000 expedientes de fondos de formación y que desde febrero está colaborando con la Policía para determinar el verdadero alcance de las irregularidades detectadas. Llueve sobre mojado. Aún no hay acusaciones sustentadas en indicios e imputaciones judiciales, pero se pone en marcha el ventilador de la corrupción y se lanza la sospecha generalizada que, cuando se dilucide en los juzgados, ya habrá obrado el efecto deseado: desacreditar y hacer perder la confianza en los acusados -el Gobierno andaluz-, no sin parte de culpa, pero en la misma medida que la de cualquier otro Ejecutivo en el que se detectan irregularidades, pero con menos “aspavientos” mediáticos. ¿Será por la campaña electoral?
Y para terminar, no me extrañaría tampoco que la jueza Alaya haga acto de presencia e impute a nuevos cargos de la Junta de Andalucía (aunque la Audiencia Provincial se los anule por falta de concreción en las imputaciones), multiplique autos que involucren a personalidades que están aforadas (sin poderlas imputar, pero a las que invita a declarar) y obligue a “pasear” ante las cámaras a todo un abanico variopinto de testigos de todas las causas que lleva investigando desde hace años, con pocos resultados “carcelarios” hasta la fecha: un solo encarcelado (un exdirectivo de la empresa Vitalia) de un total de 166 imputados.
Lo más probable es que la actuación de la magistrada durante este proceso no esté coordinada en el tiempo para beneficiar al Partido Popular, pero las múltiples coincidencias que dan esa sensación y esos resultados hacen despertar la curiosidad por ver qué sucede ahora con ocasión de las elecciones europeas. El personal está “mosca” aguardando la confirmación o el rechazo de esta sospecha, muy atento a las iniciativas de Mercedes Alaya, como si se tratara de otro frente de la pugna partidaria.
Un frente que no se agota en los infundios, acusaciones y estrategias que se ponen en marcha durante una campaña electoral. Sino que, además, se dirime en los medios de comunicación, donde, según declara un columnista de los considerados “afines” que escribe en el ABC (David Gistau), el periodismo se ve agredido por el poder político, en vista de la vigilancia obsesiva de los grandes directores y editores (que despiden a los gacetilleros díscolos) y ese “aplanamiento” que crea dependencia en una empresa o la hace aniquilar (gracias a las subvenciones y la publicidad institucional).
Precisamente, la falta de un periodismo de calidad e independiente es clara señal de un deterioro de la democracia en la sociedad de la que forman parte, pues sin prensa libre no se puede producir el debate franco y abierto del que se nutre la opinión pública. Cuando éste se cercena es que no interesa que haya democracia, sino otra cosa que persigue y amordaza la crítica e impide la participación ciudadana. ¿Tendrá ello algo que ver con los papeles de Bárcenas que demuestran “ayudas” del PP a la empresa Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, y la ley antimanifestación que promueve Rajoy? Es pura coincidencia.
Lo cierto es que en Andalucía se libra una fiera campaña por los comicios europeos que no duda en utilizar cuántos instrumentos tiene a su alcance para conseguir el respaldo de los votos, sin que los candidatos ofrezcan aún ningún argumento ni promesa sobre lo que piensan hacer en Bruselas para defender los intereses de esta región y este país. Aún no se habla de lo que verdad importa y ya se mueven todos los hilos para “dirigir” la intención del confuso y vapuleado votante. Es todo un espectáculo digno de cualquier alumno de Maquiavelo y Goebbels.
