Hasta no hace demasiado tiempo tenía la costumbre de enviar, al inicio de cada año, una carta a los reyes magos. Como es lógico, jamás me respondieron ni hicieron caso a ninguna de las peticiones que les hacía. A la vista de ese estrepitoso fracaso, tomé la decisión de mandar cada año una carta a los hombres y mujeres de buena voluntad, pero jamás obtuve respuesta alguna. Este año he decidido enviar mi carta a los políticos, a ver si tengo más suerte y me conceden mis deseos. Antes de ponerme a escribir, me ha parecido muy importante que sus destinatarios sean solo los políticos honrados, ya que el resto (es decir, la mayoría) no se merece que le dediquemos un solo minuto. El fruto de mi esfuerzo lo tienen ustedes en los siguientes párrafos.
Al ser ustedes unos políticos honrados, espero que devuelvan lo antes posible el importe de su salario, de las dietas y de los restantes complementos que han cobrado a lo largo del año 2016, a pesar de que durante doce meses el parlamento y el senado han estado inoperantes. Asimismo, espero que firmen lo antes posible un acuerdo en el que renuncien a todos y cada uno de los privilegios que el común de los mortales no tenemos: salarios dos o tres veces superiores a la media, amiguetes colocados como asesores, superdietas, viajes gratis sin limitación, pensiones máximas de jubilación por pocos años dedicados a la política profesional siendo que a los demás se les exige un montón de años cotizados, etc, etc. Y, por supuesto, en tanto que políticos honrados también espero que cumplan todo lo que prometieron en las tres últimas campañas electorales.
Como parto del supuesto de que ustedes, al ser unos políticos honrados, quieren evitar los gastos inútiles e improductivos que generan las instituciones públicas parásitas, les pido que a lo largo de este año hagan cuanto esté en sus manos para que desaparezca el senado, las diputaciones provinciales, los entes comarcales y, en general, todas las empresas y corporaciones que, aunque pagadas con dinero público, se rigen por la legislación privada con el único propósito de colocar en ellas a los amiguetes y de librarse del control del cuerpo de interventores y de inspectores del estado. Asimismo, no tengo más remedio que pedirles también que se esfuercen para que desaparezcan cuanto antes los altos cargos que carecen de competencias: por ejemplo los defensores del pueblo y otros más que yo desconozco, pero que, en cambio, ustedes los conocen bien.
En tanto que políticos honrados, estoy convencido de que ustedes desean que todas las corporaciones públicas funcionen con la mayor productividad y con el menor gasto posible. Por ello, les pido que trabajen hasta la extenuación para conseguir:
Que sean arrebatadas, de inmediato, las competencias educativas a aquellos gobiernos regionales que se valen de ellas para inculcar en los niños el odio hacia el gobierno central elegido democráticamente, que impiden a los alumnos ser enseñados en el idioma nacional (el español), que las usan para obligar al profesorado a enseñar a los alumnos todo tipo de falsedades históricas y que malgastan el dinero en la compra de materiales didácticos favorecedores de una determinada ideología.
Que sean devueltas las competencias sanitarias al gobierno central para conseguir abaratar los elevados costos del sistema de salud sin perder un solo ápice de su calidad y, sobre todo, para evitar lamentables desigualdades y discriminaciones sanitarias entre los españoles por el mero hecho de vivir en una o en otra región.
Que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad dependan de unos mandos centralizados a escala estatal y no de los regionales o municipales, no solo para lograr que funcionen mejor y con un óptimo rendimiento, sino también para prevenir que en cualquier momento algunos desaprensivos mandatarios regionales puedan enfrentar a los cuerpos policiales que dependen de ellos contra los de otras regiones, o incluso contra los de obediencia estatal.
Que, de una vez por todas, se logre la independencia del poder judicial y que se elaboren códigos jurídicos claros y precisos para evitar que los jueces corruptos (por desgracia los hay como en todas las profesiones) se valgan de la imprecisión de dichos códigos para dictar sentencias favorables a sus correligionarios, a sus amigos y a los ciudadanos que pueden permitirse pagar a los abogados mejor preparados y marrulleros. Probablemente sea necesario para el buen funcionamiento del sistema judicial la existencia de fiscales, pero quizás su labor sería más provechosa si se dedicaran a la instrucción de las causas en lugar de pasarse la vida acusando a supuestos y problemáticos culpables. ¿No creen ustedes, en tanto que políticos honrados, que la dialéctica entre acusación y defensa debe ser soportada por los abogados y no por los fiscales?
Que en esta legislatura un significativo ramillete de universidades españolas se encuentren entre las cien mejores del mundo. Como profesor universitario que he sido durante cuarenta años, sé que les va a ser muy difícil conseguir este deseo, pues para lograrlo sería necesario poner patas arriba a todos los centros universitarios españoles. No obstante, pienso que sería suficiente con que aprueben una partida económica importante para incentivar a los grupos de investigación más punteros y a los profesores que, a pesar de las trabas que les ponen sus colegas más ineptos, no cejan en el empeño de dar lo mejor que tienen para que sus alumnos adquieran las competencias más relevantes en sus respectivos campos profesionales. Asimismo, contribuirían ustedes a la mejora de la calidad de las universidades españolas si elaboran una ley consensuada por todos los grupos políticos cuyos objetivos más fundamentales fueran: a) acabar con la endogamia existente en la selección del profesorado, lo cual exige que todos los tribunales estén integrados por docentes ajenos a la universidad que convoca las plazas y nombrados por sorteo; b) eliminar toda la burocracia improductiva en la gestión, lo cual implica que los administrativos se dediquen exclusivamente a la gestión y que las jefaturas sean cubiertas a través de concursos de méritos con tribunales procedentes de otras instituciones, nombrados por sorteo; c) elevar el nivel de los títulos de doctorado, lo cual conlleva que los tribunales de tesis doctorales estén integrados por los especialistas más relevantes en cada campo científico y que todos ellos pertenezcan a universidades e instituciones ajenas a los departamentos donde se hayan elaborado dichas tesis; d) aprobar un nuevo protocolo para la elección de los cargos directivos, que logre rebajar sustancialmente el peso que hoy tienen las mafias políticas y sindicales.
Que pongan en práctica las reformas que sean necesarias de la legislación laboral y fiscal para lograr: a) un aumento sustancial del número de puestos de trabajo y de contratos estables; b) unos salarios equivalentes a la media de los países de la Unión Europea; c) unas condiciones de trabajo saludables; d) acabar con la discriminación laboral por sexos, por el color de la piel, y por el nivel de dependencia; e) aprobar una ley, sin importar si dará más o menos votos, que garantice el cobro de una pensión digna cuando las personas tengan que ser jubiladas, padezcan cualquier grado de dependencia, o no encuentren un puesto de trabajo.
Es evidente que podría extender esta mis peticiones hasta límites insospechados, pero no lo voy a hacer con el fin de no cansar más a mis lectores. Por esa razón, voy a terminar esta carta abierta, haciéndoles una última petición. He podido constatar que todos los políticos honrados, independientemente del partido al que pertenecen, afirman que ya ha llegado el momento de modificar la vigente Constitución. Dado que ninguno de ustedes nos dice qué artículos son los quiere cambiar y el sentido de ese hipotético cambio, estimo que ninguno lo tiene claro. Otra posible interpretación podría ser la de admitir que son ustedes unos trileros y que, por tanto, sí saben lo que quieren cambiar pero nos lo ocultan a la ciudadanía. Sin embargo, esta segunda interpretación no me parece posible porque he partido de la base de que los destinatarios de esta carta abierta son los políticos honrados. Por consiguiente, solo me queda admitir que no saben lo que quieren, lo cual me lleva a concluir que es absurdo que difundan por doquier la necesidad de una modificación de la Constitución teniendo tan confusas sus ideas. A la vista de esa lamentable confusión mental en que se encuentran, les pido, por favor, que primero se aclaren y que cuando tengan claras las ideas lleguen a un consenso con el resto de partidos políticos. Solo si alcanzan ese consenso será el momento de que nos expliquen de la forma más clara posible en qué puede consistir ese cambio constitucional.
SANTIAGO MOLINA GARCÁA
