Más de 200 personas piden a la puerta de la fiscalía que investigue el robo de niños durante el franquismo. Los familiares piden que se investiguen casos desde 1950 hasta los años noventa. «Me vendieron por 200.000 pesetas, de las de entonces», declaró una mujer de 45 años. Y esto sucede en un país desarrollado, culto y muy católico, lo cuenta N. Junquera, así como en medios de comunicación de España. Se sabía, se sospechaba pero nadie se atrevía a hablar. Porque se empeñan en enterrar la memoria histórica, la que revela la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo, régimen dictatorial que duró 40 años con la complicidad manifiesta de la jerarquía católica y del Vaticano, que hoy denuncian y piden partidos políticos que condenen las leyes del matrimonio civil, del aborto, de la unión entre personas del mismo sexo, los medios anticonceptivos y las escuelas mixtas. Por razones morales, dicen.
Durante la dictadura se cometieron crímenes cometidos por médicos, enfermeras, curas y monjas que, en los hospitales, les decían a las madres que “sus hijos habían nacido muertos”, y luego los vendían al mejor postor.
Esto se había hecho sistemáticamente en las prisiones de mujeres que entraban embarazadas, pero que por ser “rojas” era más conveniente dar sus hijos en adopción a matrimonios católicos.
Pero ahora, más de 200 personas han pedido frente a la Fiscalía General del Estado que se investigue la desaparición de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia. El Fiscal General del Estado tiene sobre su mesa una denuncia por 261 casos ocurridos en distintas oleadas desde 1950. La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir) ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan.
Entre los manifestantes estaba Josefa Berdejo, que busca a una de las gemelas que dio a luz en 1976 en la clínica 20 de Noviembre de Alicante. «Dijeron que había muerto pero nunca vimos el cadáver. Dijeron que era mejor. Pero yo siempre he tenido esa pena».
“Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia”, augura el abogado Enrique Vila. “La mayoría, unos 80 casos, ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en otras comunidades”.
En la denuncia se argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben.
Existe un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.
En una clínica que fue cerrada en 1981 después de que Interviú publicara la estremecedora fotografía de un bebé muerto. La misma fotografía que durante años enseñaron a las madres de niños robados para explicarles por qué no podían llevarse a casa al bebé al que acababan de dar a luz.
Los precios iban de las 50.000 pesetas en los años cincuenta hasta un máximo de un millón, prosigue el abogado. “Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es sólo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio».
La mayoría de los casos se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica el abogado Vila. El presidente de la Asociación, Antonio Barroso, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden al Fiscal General que «como poder judicial se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados». «Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si el Fiscal General dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», denuncian los afectados. Lo más indignante era la participación de monjas y de curas en este tráfico de bebés, a cambio de dinero.
Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
