Comunidades forestales se ven atadas ante la burocracia estatal

RIO DE JANEIRO_ A pesar de la gran variedad de reformas de tenencia realizadas los últimos 20 años que han abierto canales legales a las comunidades, permitiéndoles obtener derechos sobre sus bosques, la distribución justa de las responsabilidades del manejo forestal entre la población local y los gobiernos continúa siendo un gran problema, asegura un nuevo estudio de CIFOR.

“Nuestro estudio muestra cómo la transferencia de derechos ha sido generalmente incompleta, de manera que las reformas que hubieran facilitado la participación legal de las comunidades en el sector forestal se ven limitadas por complicadas normativas y costos iniciales que en realidad crean barreras a la participación comunitaria,” dijo Peter Cronkleton, científico del Centro para la Investigación Forestal Internacional y coautor del estudio, publicado en la revista Conservation and Society.

“Si los grupos comunitarios están tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deberían apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obstáculos o imponer engorrosos trámites”.

Las comunidades estudiadas en Bolivia, Filipinas, India y Guatemala operan en el marco de diferentes modelos de cogestión, en donde las responsabilidades así como los beneficios obtenidos de la gestión de los recursos forestales se comparten entre el Estado y otros actores y, donde en teoría, la experiencia técnica de las entidades gubernamentales se combina con el conocimiento indígena de la población local para mejorar la gestión y fortalecer la gobernanza forestal.

Cronkleton observó que, a pesar de que las comunidades habían tenido éxito al obtener derechos legales sobre sus recursos forestales, el peso de las normas regulatorias vinculadas a estos arreglos de cogestión, como por ejemplo renovar autorizaciones o demostrar que se satisfacen estrictos estándares técnicos, por lo general recaen en forma desproporcionada sobre los residentes de las comunidades forestales.

“Si los grupos comunitarios están tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deberían apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obstáculos o imponer engorrosos trámites”

El estudio destaca la lucha del pueblo guarayo en las tierras bajas de Bolivia, uno de los grupos indígenas más importantes de la región amazónica del país. Después de la reforma de tenencia de 1996, el gobierno boliviano reconoció la demanda presentada por los guarayo otorgándoles una superficie de 1.3 millones de hectáreas de propiedad comunal. Algunas comunidades indígenas guarayo vieron en la gestión forestal una oportunidad para generar ingresos y también aumentar el control sobre su territorio. No obstante, debido a que los bosques aún son propiedad del Estado, ellos debían presentarle planes de manejo para su aprobación.

Después de una importante inversión en términos de tiempo y dinero para demarcar las áreas de manejo forestal, llevar a cabo inventarios y censos de madera con valor comercial, así como inscribir a las organizaciones comunitarias para satisfacer los requisitos técnicos estipulados por el gobierno, los guarayo tuvieron que soportar largas y repetidas demoras del gobierno para aprobar sus planes de manejo. Al mismo tiempo, las entidades gubernamentales responsables de este proceso fueron muy débiles al defender los bosques indígenas de los madereros ilegales. Para poder convencer a las autoridades respectivas de cumplir con sus actividades de fiscalización en el campo, las comunidades debían por lo general asumir los gastos generados por dicha visita.

Agricultora dedicada a la siembra de arroz en Guarayos, Santa Cruz, Bolivia. Fotografía de Neil Palmer/CIAT.

Aunque siete comunidades guarayo obtuvieron la aprobación de sus planes de manejo forestal, representando apenas 11 % de la tierra demandada por la comunidad, la mayor parte se sintió desalentada con todo el proceso y decidió abandonar estos esfuerzos; muchas comunidades vecinas incluso decidieron no adoptar planes similares.

Cuando los gobiernos imponen barreras que, en efecto, restringen la capacidad de las comunidades de ejercer sus derechos y no pueden cumplir con sus responsabilidades para facilitar la participación comunitaria, la carga que implican los requisitos de la cogestión en realidad supera los beneficios,” dijo Cronkleton.

Generalmente, la cogestión surge como parte de un proceso de reforma de tenencia forestal en el que los gobiernos reconocen los derechos que la población local tiene a los recursos forestales. Sin embargo, en lugar de un solo derecho, los derechos otorgados a la población deberían entenderse como un conjunto de derechos diferentes, como el derecho a manejar los recursos, de excluir a otros de ese recurso o incluso de vender derechos a otros, explicó Cronkleton.

En ocasiones, los gobiernos retienen ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a transferir la propiedad a otros cuando quieren saber quién es el responsable de conservar los bosques. Aunque los gobiernos con frecuencia otorgan el derecho de manejar los recursos forestales a grupos comunitarios y a individuos, el Estado retiene la propiedad de los bosques para poder controlar la forma en que se lleva a cabo la gestión.

“Si bien la cogestión puede aumentar los beneficios percibidos por los grupos comunitarios, generalmente implica mayores responsabilidades y obligaciones. En la práctica, cuando el Estado otorga derechos de manejo de forma parcial, impone también barreras, importantes y prolongadas, a la adopción de la silvicultura comunitaria y, con frecuencia, limita los beneficios de los participantes locales”.

“Para que la cogestión alcance todo su potencial, los gobiernos necesitan ser más flexibles, deben aprender lo que funciona y lo que no y adaptar las normas técnicas así como las políticas para apoyar una mayor participación de las comunidades en los programas, garantizando así sistemas de manejo más equitativos y efectivos,” añadió.
Editado por Michelle Kovacevic.