¿En qué medida es moralmente lícito que un ayuntamiento dedique fondos de sus presupuestos a proyectos de cooperación internacional? ¿Es razonable que exista una dispersión de esfuerzos y fondos creando y apoyando proyectos de entidades sin ánimo de lucro de ámbito municipal destinados a países en ultramar?
Son dudas que me vienen al leer sobre las subvenciones que conceden muchos ayuntamientos -si no todos- a organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de ayuda humanitaria o de desarrollo en países del tercer mundo, en países con economías emergentes o en paraísos fiscales.
Generalmente, los presupuestos municipales son bastante limitados y deben destinarse a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de estos municipios. La población demanda también una oferta de servicios muy variada, tanto en el plano médico-sanitario como en el cultural o de la información.
Así resulta lógico y deseable que existan asociaciones vecinales y culturales que ofrezcan y organicen actividades que abarquen un amplio abanico de materias para satisfacer esta demanda. Igualmente resulta lógico y necesario que los ayuntamientos financien proyectos de dichas asociaciones o, como mínimo, pongan a disposición de ellas instalaciones municipales para poder desarrollar sus actividades.
Otro tema son los proyectos de cooperación internacional. Salvo que un municipio haya establecido lazos con otros municipios en terceros países, en el marco de lo cual tiene que llevar a cabo cierta actividad promocional o incluso de ayuda al desarrollo si tales municipios hermanados se encuentran en una situación de desventaja respecto al primer mundo, considero que es improcedente destinar importantes sumas de dinero de las arcas municipales a proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo y el bienestar del término municipal y de sus habitantes, pues excede las competencias de un municipio.
En este sentido, las entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser asociaciones culturales, políticas, vecinales y fundaciones, sobre todo si son de ámbito exclusivamente municipal, deben de centrar sus actividades en el municipio en el que tienen su sede o, como mucho, en los municipios colindantes. En cambio, las actividades de cooperación internacional deberían de limitarse a entidades de ámbito nacional o de una comunidad autónoma para evitar una dispersión excesiva de los esfuerzos, la multiplicación de los gastos de gestión y de cargos y para mejorar la comunicación con organismos del estado o internacionales para canalizar los proyectos de ayuda o difusión. De sobra son conocidos los casos de despilfarro de fondos de algunas organizaciones no gubernamentales en viajes, administración y alojamiento que absorben grandes sumas de los donativos y de las subvenciones recibidos. Sorprende que ayuntamientos como él de Alcobendas -y sin duda todos los municipios de mayor tamaño- dediquen fondos y esfuerzos a actividades en ultramar que nada tienen que ver con estos municipios. Pero también resulta lamentable que cada equipo de gobierno destina subvenciones a entidades afines con tal de recomepensar a los suyos por algunos servicios prestados al partido gobernante, sin que estos gastos supongan un beneficio para los vecinos del municipio. Es comprensible que, de establecerse subvenciones para tales actividades, éstas sean solicitadas y concedidas, por lo que su solicitud es lícita y justificada, pero por muy profesional que sea la ejecución de los proyectos, suelen primar las afinidades políticas de las organizaciones que las solicitan. Dado que esta práctica parece ser generalizada, resulta difícil que se pueda llegar a un sistema de ecuanimidad e independencia ideológica o de grupos de intereses creados cuando se decide el reparto de las ayudas. Sobre todo se utiliza la posibilidad de conceder subvenciones para colocar a gente afín y -más que esto- a amiguetes de los gobernantes sin buscar un beneficio social. En consecuencia, los ánimos se crispan, como en el caso de Fundación Triángulo de Alcobendas, cuando estas prebendas se pierden por evidentes incompatibilidades de afinidad política. Todos ganaríamos mucho más si los gobernantes y los ediles de la oposición tomaran las decisiones sobre proyectos culturales, sociales y de cooperación con una mentalidad de ecuanimidad y siguiendo criterios objetivos y si las entidades beneficiarias de las ayudas se dedicaran a fondo a los proyectos que proponen sin intentar incidir en la opinión pública sobre unos y otros partidos por razones ideológicas. Una solución alternativa sería la democracia directa aplicada a decisiones sobre la concesión de ayudas. Así serían los vecinos del municipio que deciden qué destino dar a los fondos de los que dispone el ayuntamiento, con lo que se respondería con mucha más eficacia a la demanda social. Deben de ser los ciudadanos los que decidan por mayoría y no los partidos gobernantes ni las entidades afines a éstos, porque el dinero de los impuestos es de todos y no debe servir para satisfacer intereses particulares o sectoriales. Con una participación ciudadana más intensa en las decisiones municipales todos ganaríamos.
En este sentido, las entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser asociaciones culturales, políticas, vecinales y fundaciones, sobre todo si son de ámbito exclusivamente municipal, deben de centrar sus actividades en el municipio en el que tienen su sede o, como mucho, en los municipios colindantes. En cambio, las actividades de cooperación internacional deberían de limitarse a entidades de ámbito nacional o de una comunidad autónoma para evitar una dispersión excesiva de los esfuerzos, la multiplicación de los gastos de gestión y de cargos y para mejorar la comunicación con organismos del estado o internacionales para canalizar los proyectos de ayuda o difusión. De sobra son conocidos los casos de despilfarro de fondos de algunas organizaciones no gubernamentales en viajes, administración y alojamiento que absorben grandes sumas de los donativos y de las subvenciones recibidos. Sorprende que ayuntamientos como él de Alcobendas -y sin duda todos los municipios de mayor tamaño- dediquen fondos y esfuerzos a actividades en ultramar que nada tienen que ver con estos municipios. Pero también resulta lamentable que cada equipo de gobierno destina subvenciones a entidades afines con tal de recomepensar a los suyos por algunos servicios prestados al partido gobernante, sin que estos gastos supongan un beneficio para los vecinos del municipio. Es comprensible que, de establecerse subvenciones para tales actividades, éstas sean solicitadas y concedidas, por lo que su solicitud es lícita y justificada, pero por muy profesional que sea la ejecución de los proyectos, suelen primar las afinidades políticas de las organizaciones que las solicitan. Dado que esta práctica parece ser generalizada, resulta difícil que se pueda llegar a un sistema de ecuanimidad e independencia ideológica o de grupos de intereses creados cuando se decide el reparto de las ayudas. Sobre todo se utiliza la posibilidad de conceder subvenciones para colocar a gente afín y -más que esto- a amiguetes de los gobernantes sin buscar un beneficio social. En consecuencia, los ánimos se crispan, como en el caso de Fundación Triángulo de Alcobendas, cuando estas prebendas se pierden por evidentes incompatibilidades de afinidad política. Todos ganaríamos mucho más si los gobernantes y los ediles de la oposición tomaran las decisiones sobre proyectos culturales, sociales y de cooperación con una mentalidad de ecuanimidad y siguiendo criterios objetivos y si las entidades beneficiarias de las ayudas se dedicaran a fondo a los proyectos que proponen sin intentar incidir en la opinión pública sobre unos y otros partidos por razones ideológicas. Una solución alternativa sería la democracia directa aplicada a decisiones sobre la concesión de ayudas. Así serían los vecinos del municipio que deciden qué destino dar a los fondos de los que dispone el ayuntamiento, con lo que se respondería con mucha más eficacia a la demanda social. Deben de ser los ciudadanos los que decidan por mayoría y no los partidos gobernantes ni las entidades afines a éstos, porque el dinero de los impuestos es de todos y no debe servir para satisfacer intereses particulares o sectoriales. Con una participación ciudadana más intensa en las decisiones municipales todos ganaríamos.
