Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, la corrupción no tiene un gran impacto sobre los resultados electorales. Dependiendo de la ideología del encuestado, este suele tolerar más o menos el que los políticos se forren, mientras que la ciudadanía sufre las consecuencias de semejante depredación de las arcas públicas en beneficio propio o, en algunos casos, para pagos de interminables campañas electorales.
Un estudio realizado en Canarias cifra en 40.000 millones anuales el coste social de la corrupción en España. Semejante cifra, una enorme barbaridad que costeamos todos los contribuyentes, y la merma de servicios públicos y recortes que arruinan a buena parte de la población española, en mi opinión ha despertado y concienciado a la ciudadanía sobre semejante problema.
No hay un solo día que la Fiscalía Anticorrupción, la policía y la Prensa no nos anuncien que han cazado a algún nuevo corrupto y, en su mayoría, suelen ser de un mismo partido político, posiblemente porque en los últimos años se le entregó el mayor poder municipal y autonómico que nunca se haya tenido.
Metroscopia ha realizado un estudio sobre el reflejo electoral de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Después de 19 años gobernando —15 gracias a cuatro victorias consecutivas por mayoría absoluta—, el PPCV se alejaría de la presidencia del Consell, según la estimación electoral. Lo más probable: volvería a ganar pero por una mayoría simple que abriría la puerta a posibles pactos postelectorales que dejarían a los populares al margen. ¿Cómo es posible que con los miles de millones de sobrecostes en las obras publicas volviera a ganar las elecciones, aunque fuera solo por mayoría simple?
Posiblemente la oposición necesite ganarse una mayor confianza del electorado, haciendo propuestas firmes contra la corrupción. Hasta ahora solo Toni Gaspar, candidato a las primarias del PSPV, ha hablado sobre la necesidad de eliminar el privilegio de los aforados.