Allá por el 2013, tuve la ligereza, aunque con algunas reticencias, de celebrar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Minera Sulliden en Cajabamba. Ligereza digo porque desde entonces mucha agua no ha corrido bajo el puente. Los personajes que actúan en ese pequeño depósito andino de oro siguen siendo los mismos: Sulliden Shahuindo y su anuncio ya rancio de las etapas ejecutadas de formalización y construcción previas a la producción, y su gran disgusto de tener que esperar a que el precio internacional del oro se dispare otra vez y así poder ofrecer la venta de la concesión a alguna empresa minera real que sí quiera, y pueda, arrancar el oro de la tierra; los pobladores de la zona comiendo las mismas ansias por posibles negocios con la minera de turno, indiferentes a los efectos que la futura producción pueda causar en su tierra, su agua o su aire; y los mineros ilegales en franco proceso de emigración ahora que se acabó el oro a flor de roca, evidentemente sin planes de poner un solo centavo para remediar los daños que causaron con su producción a cielo abierto.
A propósito de estos últimos, desde hace algún tiempo se dejan escuchar tambores que propugnan formalizar al ejército de mineros ilegales ─ergo delincuentes─ que sienten placer en las injundias cuando se les llama mineros informales o artesanales, más aún cuando muy pocos siquiera iniciaron el manoseado proceso de formalización minera. O sea, a la legalización de procesos simplificados para todo aquel que quiera aventurarse a cavar donde otros exploraron para hacerse de minerales al menor costo posible, se suman ahora una retahíla de voces «autorizadas» a favor de la reducción de los requisitos de protección ambiental. Vamos usando al más conservador de los diarios peruanos, «El Comercio», como fuente de información.
1) En marzo del 2014 una horda de supuestos mineros inundó plazas y calles de Lima exigiendo a voz en cuello y garrote en mano que se ampliara el tiempo de formalización. Algunos políticos, como Keiko Fujimori, se aunaron a la irracional exigencia. Mientras, el Diario El Comercio le daba su apoyo a la posición del gobierno, no se amplió el tiempo y empezaron las interdicciones (ver http://goo.gl/inhUhD). Sin embargo, en diciembre el mismo medio de comunicación se inclina por formalizar a ultranza lamentando que sólo 230 de los 300,000 pequeños productores mineros en el Perú se han formalizado; el diario presenta posibles salidas del «entrampe» que van desde la obvia crítica a la lenta burocracia gubernamental hasta la campaña del ex-asesor de dictadores Hernando de Soto para la rebaja de los requerimientos de formalización, como si los estándares ambientales no se hubieran ya bajado más de lo ecológicamente recomendable (ver http://goo.gl/UJqlvR).
2) En mayo del 2014, la República Suiza anuncia su programa llamado «Oro Responsable» con la intención de conectar a 100,000 pequeños productores mineros con las cuatro grandes refinerías de oro en Suiza (Pamp, Metalor, Argor Heraeus y Max Havelaar Suiza). El programa, orgullosamente anunciado por el embajador helvético en el Perú, Hans-Ruedi Bortis, tiene la intención de «colaborar con la formalización de la minería nacional». Es decir, los suizos compran oro a productores no formalizados, por ende ilegales ahora que todos los plazos de registro de formalización están vencidos, y todos felices: los compradores evitan intermediarios y los vendedores mejoran sus ingresos por la venta de su oro sucio, dada la informalidad de su producción (ver http://goo.gl/nmcFHO). En mayo se da el lanzamiento del programa suizo en Chala, Arequipa, y en agosto del mismo año 400 «mineros informales» atacan con dinamita a un puesto policial que brindaba protección a una mina de esa misma zona arequipeña; resultado: un policía muerto y varios heridos, ¿oro responsable? (ver http://goo.gl/qXRYfs). Que la Policía Nacional fracase en brindar seguridad mínima a la actividad minera en las regiones fuera de Lima no sólo se explica por la baja operatividad y corrupción del gobierno central, sino también de la palpable renuencia de los gobiernos regionales a fiscalizar las mismas actividades económicas que ellos mismos autorizan (ver http://goo.gl/vleZc0).
3) En diciembre del 2014, César Ipenza publica un artículo como abogado ambientalista (ya que «abogado ecologista» sería un oxímoron). En su artículo olvida la existencia legal de reservas naturales nacionales en la selva y también olvida los detalles ambientales, su especialidad, como elementos básicos de la formalización. Hechas las omisiones, la emprende contra la inoperancia tramitaria del gobierno central y los gobiernos regionales. Según esta opinión, debe formalizarse «lo que sea formalizable», recuperar a cuenta del estado lo destruido por los mineros ilegales y, como si fuera poco, a invertir dinero de todos los peruanos a ayudar a los destructores de nuestro medio ambiente a conseguir otra chamba (ver http://goo.gl/cSvVBc). De hecho, ya el gobierno central viene consiguiendo dineros onerosos del Banco Interamericano de Desarrollo para reparar el crimen ambiental sin inculpados (ver http://goo.gl/GlLuCr).
4) Ese mismo mes, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, anuncia su participación apoyando a unos 300,000 mineros no identificados. Solicita el funcionario que no se destruyan las dragas y perforadoras incautadas a los destructores de la selva amazónica, sino que se proceda a la «reutilización de la maquinaria y equipos incautados a la minería ilegal» para subvencionar los costos de formalización de los mismos mineros ilegales sujetos de interdicción (ver http://goo.gl/KvKllr). Interesante procedimiento de devolución de bienes incautados a delincuentes.
La bulla de los tambores de la minería ilegal ─o informal o artesanal─ busca dejarnos sordos a nuestra propia racionalidad personal. No creo ser el único peruano que se da cuenta que la pequeña producción minera artesanal es económica y logísticamente inviable si queremos conservar el medio ambiente y la salud pública. Las razones lógicas no pueden ser acalladas por la estridencia de los «expertos» que defienden intereses menores a la nación entera. Dos de muestra: (i) la inversión para un proyecto minero responsable es altísima, pues no sólo incluye maquinaria y procesos extractivos de alta factura sino también garantías financieras de remediación post-cierre y (ii) la fiscalización de los entes gubernamentales regionales y nacionales es casi nula.
