Cuando los medios hablan sobre la falta de libertad en Internet se suelen referir a la censura que ejercen ciertos estados contra el acceso y la difusión de opiniones polÃticas en la red. A diario se publican noticias sobre las restricciones gubernamentales en China, Cuba, Irán o Siria, se organizan recogidas de firmas contra la censura a través de plataformas online y se crean campañas de sensibilización y denuncia social exigiendo libertad de expresión, información, acceso y difusión en otros paÃses. Se contrapone la falta de libertad de los internautas en los regÃmenes autoritarios a la libertad que tenemos en democracia. Sin embargo en las llamadas «democracias occidentales» se está restringiendo cada vez más la libertad en la red: en Occidente también se monitorea y se censura la actividad de los usuarios en internet.
En los paÃses democráticos la mayor amenaza contra la libertad en Internet proviene de la industria del entretenimiento, es decir, de las corporaciones que gestionan los derechos de autor y las obras con copyright. En Estados Unidos opera el «Copyright Alert Systemâ€, un sistema de vigilancia online que monitorea la actividad de los internautas y que, en caso de descarga de contenidos protegidos por copyright, tiene la potestad de advertir telefónicamente a los usuarios asà como de limitar la velocidad de la conexión e incluso bloquearla. En Canadá están tratando de legalizar el spyware (software espÃa) para controlar lo que hacen los consumidores de productos de entretenimiento.
En Europa existe el mismo problema respecto a la libertad en Internet. En Francia la ley Hadopi permite también fiscalizar a los internautas y controlar la información y archivos que comparten en la red. En caso de infracción de derechos de autor la ley permite mandar avisos y desconectar la lÃnea del usuario, y se está estudiando la posibilidad de poder demandarles y multarles. En España la ley Sinde-Wert tiene como principal objetivo el control de las subidas y descargas de los usuarios. La comisión se encarga de vigilar tanto las redes de intercambio de archivos P2P como de exigir el cierre de páginas de enlaces a contenidos que según ellos violen la ley de propiedad intelectual. En el Reino Unido la Ley de EconomÃa Digital también permite bloquear la conexión a los que compartan archivos y contenidos con copyright cerrar webs de enlaces e incluso dar los datos personales de los infractores a las sociedades de gestión de derechos de autor. Lo mismo sucede en Finlandia y Suecia, en otros.
Sin embargo esta capacidad legal y tecnológica de vigilancia y monitorización de la actividad tanto privada como pública de los usuarios en Internet no parece suficiente para las entidades de gestión de derechos de propiedad. Tras los datos sobre «piraterÃa» del 2012 las principales sociedades pro-copyright han exigido medidas más duras contra el intercambio de archivos entre particulares en la red. Teniendo en cuenta que ya existe, al menos en gran parte de los paÃses democráticos, la capacidad de controlar la actividad de los internautas, la potestad de cerrar páginas web, eliminar enlaces, bloquear lÃneas e incluso demandar a los infractores, es difÃcil saber hasta donde llegarán sus demandas contra la compartición de obras en Internet.
La libertad en Internet tiene dos grandes amenazas: los gobiernos y la industria. En los paÃses con regÃmenes autoritarios se persigue y censura la libertad de expresión y el libre acceso a información polÃtica o de actualidad. En los paÃses supuestamente democráticos el intercambio de contenidos culturales está cada vez más restringido por la ambición de la industria de contenidos y, sobretodo, por culpa unos gobiernos incapaces de entender el nuevo paradigma cultural creado a partir de la aparición de Internet.