La inmigración ilegal es un problema, no hay duda, pero no para los ciudadanos españoles que la recibimos sino para el que la sufre en sus carnes, para el pobre hombre, la pobre mujer o el inocente niño que abandonó su país de origen en busca de un futuro mejor y ahora se encuentra sin futuro en absoluto, exactamente igual a como estaba cuando decidió embarcarse en ésta, su aventura.
Una aventura que fue bienvenida por nosotros cuando requeríamos de sus servicios, cuando nuestros empresarios, seguro que algún familiar tienes, los explotaban sin cotizar y con salarios ínfimos, o cuando nuestros vecinos, seguro que algún familiar tienes, disfrutaban del tiempo que compraban en las tareas domésticas, pero que ahora, ahora que la crisis nos azota queremos darla por terminada.
Ignorantes de la vida, pensamos que nos roban los trabajos, tremenda falacia económica, que se adueñan de los lugares de nuestros hijos en los colegios, execrable excusa insolidaria, y buscamos tres pies al gato para sentirnos víctimas, en lugar de verdugos.
Porque nosotros, y nadie más que nosotros, hemos propiciado su aventura, les hemos obligado a apostar la vida por la nada esperanzadora gracias a nuestra estrangulación económica y tenemos una deuda moral con ellos.
Una deuda moral que se salda facilitándoles la integración en nuestras comunidades, otorgándoles oportunidades que puedan aprovechar, y enseñándoles nuestra cultura, no temiendo la suya.
Flaco favor nos hacen medidas como la de los ayuntamientos de Vic o Torrejón, medidas de carácter electoralista que olvida uno de los principales valores que se le debe exigir a un político: la responsabilidad social.
Una responsabilidad social que se esfuma tan pronto como se huele la cercanía de unas elecciones, y, entonces, todo vale por un voto, se echa mano de la demagogia más patética y se intenta arañar seguidores con debates perniciosos.
Bien, amigos concejales, empadronar a los inmigrantes ilegales es, en primer lugar, una obligación legal, después, un compromiso moral, y, por último, una inversión económica.
Los ayuntamientos reciben dinero, más o menos, en función de las personas empadronadas en su municipio, y personas empadronadas son personas que pueden regularizar su situación y, por tanto, comenzar a pagar tasas municipales que terminen en las arcas del ayuntamiento.
Basta ya de confundir al ciudadano y aprendamos a educar en la concienciación social y cívica que nos permita aprender de las culturas que nos vienen y fomentar la fusión de razas y conocimientos. No olvidemos, jamás, que nosotros, sí nosotros, los españoles venimos de la fusión racial y cultural.
