Legislar mal es tan negativo como no legislar, y el honesto empeño del Partido Popular por regular y desrregular a la velocidad de la luz ante la atenta mirada de los mercados internacionales le lleva a acertar en algunas cosas y a equivocarse, de lleno, en otras, no tanto por hacerlo, como por hacerlo mal, o mejor dicho, por no hacerlo en la profundidad que se requiere.
En el día de hoy Luis de Guindos, el medio Ministro de Economía, dicho con todo tu respeto, y puede que el mío, ya veremos, ha anunciado que el Gobierno implementará una dación en pago descafeinada aplicable a las hipotecas venideras y en función de unos parámetros económicos objetivos, en definitiva, un gesto de cara a la galería que no resuelve nada pero que da titulares en la prensa amiga, y enemiga, por supuesto.
Para los despistados, que todavía los hay, recuerdo que bajo el pomposo nombre de dación en pago no se esconde otra cosa más que la figura jurídica en virtud de la cuál un préstamo hipotecario queda cancelado con la entrega de la vivienda que sirvió de garantía durante el proceso de formalización del mismo, y se contrapone a la legislación española actual en la que los préstamos hipotecarios se conceden en forma de préstamos personales, de manera que los hipotecados responden de la deuda con todos sus bienes, presentes y futuros, conservando una deuda con la entidad financiera, a pesar de entregar la vivienda, basada en la diferencia entre el precio de subasta y la cantidad adeudada en el momento del embargo.
Durante los años de bonanza económica nadie reclamaba la dación en pago, presente en nuestra legislación hipotecaria, porque ello encarecía el tipo de interés, y la carrera por la vivienda más grande o el pelotazo más importante era demasiado encarnizada como para pararse a pensar, pero con el estallido de la burbuja todos hemos echado la mirada atrás y comprendido lo que firmamos, exigiendo responsabilidades a todos menos al tipo del espejo
De cualquier forma, la dación en pago se presenta como la única solución plausible para solucionar los dramas sociales que se viven un día sí y otro también en todas las ciudades españolas, pero no una dación en pago futura, sino retroactiva, y no por parámetros económicos objetivos, sino por estudios técnicos económico-sociales de cada caso individual, para evitar la picaresca y que empiece a actuar el coste de oportunidad de estar trabajando en lugar de en situación de desempleo.
Por tanto, se equivoca el Partido Popular por legislar de cara a la galería en el caso de la dación en pago, porque para hacer lo que ha insinuado que va a hacer, mejor que no haga nada.
