¿Qué modelo de Estado queremos en España? ¿Se lo hemos preguntado a alguien? ¿Nos lo ha preguntado alguien? Creo que no, creo que los políticos se han lanzado a la caza y captura de las cuotas de poder y en ningún momento se han parado a pensar en nosotros, los pobres ciudadanos que les votamos sin saber a ciencia cierta con quien acabarán pactando una vez que se queden cortos en porcentaje de representatividad.
España se está dirigiendo hacia un estado Federal, un modelo de Estado que, como todos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, permite que cada zona, cada región pueda hacer frente a los problemas económicos y sociales de su propia idiosincrasia, sin ceñirse a medidas generales y generalistas que acaban por no beneficiar a nadie.
Por otro, sin embargo, genera una multiplicación del gasto público, al eliminarse las sinergias positivas de la centralización, y ahonda en la desigualdad entre regiones, produciendo diferentes obligaciones y diferentes derechos en función del Estado Federal en el que se resida.
Ambos problemas pueden ser paliados, no sin cierta dificultad. El más problemático es, evidentemente, el primero ya que el político, por definición, sólo está interesado en su cuota de poder, la cuál viene determinada, sí o sí, por el groso del presupuesto que maneja. Es decir, a más dinero, más cuota de poder, a más cuota de poder, político más satisfecho, aunque ciudadanos pagando más impuestos.
El único estado Federal (revestido eufemísticamente como Estado de las Autonomías) que puede llegar a funcionar alguna vez en España es aquel que otorgue unos derechos fundamentales en igualdad a todos los residentes en el territorio español y que conceda libertad a los estados autonómicos o federales a gestionar aquellos otros aspectos diferenciales de cada zona geográfica.
Son derechos fundamentales la educación, la sanidad, la seguridad social y la defensa. Cuatro pilares básicos que deben de ser exactamente iguales en todo el territorio nacional, para no potenciar desigualdades injustas. Estos cuatro derechos deberían de ser centralizadas de manera inmediata, para que fuera el Estado el que se ocupara de que todos los ciudadanos fueran iguales.
El resto de cuestiones, como, por ejemplo, la fiscalidad, las normas laborales, los convenios colectivos, etc, deberían de fijarse en función del lugar en el que se residiera, porque no son derechos fundamentes inherentes a la propia persona, sino a su actividad.
El verdadero problema, no obstante, es que en España no nos atrevemos a debatir sobre los temas fundamentales. Preferimos lanzarnos a la calle a manifestarnos y a impedir que se mantenga un debate sereno y riguroso, que es la única posibilidad que tenemos para avanzar como país y no quedarnos en lo que somos, una república bananera.
