Las repercusiones por los embargos de viviendas y los desahucios, derivados del impago de las hipotecas, están alcanzando en España proporciones dantescas. La dramática situación de verse en medio de la calle, sin ningún techo que cobije la misera, empuja a algunas personas a actuar a la desesperada y, en ocasiones, al suicidio. Las entidades financieras, que acudieron como moscas al ladrillo, ven volatizar su solvencia y hasta su propia viabilidad por los agujeros que les provocan miles de préstamos hipotecarios que, a consecuencia de la crisis económica (desempleo) y el estallido de la burbuja inmobiliaria (pérdida de valor), son un lastre para sus balances. No se pueden cobrar por mucho que presionen y amenacen a los deudores. Unos pierden dinero, pero otros sacrifican la vida. ¿Qué es preferible?
El mes pasado, el Gobierno tenía decidido votar en contra de una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago que se había presentado en el Congreso mediante la recogida de un millón y medio de firmas y que coincidía en el tiempo (¿casualidad?) con un proyecto de Ley Desahucios que había impulsado. Sin embargo, en el último momento los parlamentarios del Partido Popular cambiaron de criterio y rectificaron su voto en el sentido de, gracias a su mayoría absoluta, permitir la tramitación conjunta de ambas propuestas. ¿Qué les llevó a rectificar?
Sólo ese mes hasta cinco personas se habían quitado la vida por culpa de los desahucios de viviendas. Un matrimonio de jubilados, de 67 y 68 años, se suicidaba acuciado por la pérdida de su vivienda en un pueblo de Mallorca. Un hombre de 55 años se ahorcaba en Alicante y otro de 56 se quitaba la vida en Basauri a consecuencia de los desalojos de sus viviendas. En Córdoba, un hombre de 36 años entregaba su vida desesperado por la reclamación de una deuda de 22.000 euros con Hacienda originada por los trámites de una dación en pago.
Hubiera supuesto un auténtico escándalo que el partido del Gobierno votara en contra de la iniciativa legislativa popular en medio de este drama. Es triste reconocerlo, pero sin muertos ni se hubiera molestado en abordar el mayor problema que afecta, junto al paro, a los españoles en la actualidad. Un problema que enfrenta a dos bandos: bancos y deudores, entre los que el Gobierno debe arbitrar medidas que posibiliten el entendimiento.
En una comparecencia parlamentaria, ante la Comisión de Economía del Congreso, quedaron de manifiesto estas posturas radicalmente enfrentadas. Por un lado, el representante de la banca, Javier Rodríguez Pellitero (secretario general de la Asociación Española de Banca), negaba la gravedad de la situación e insistía en que no era necesario modificar la legislación para el cobro de las hipotecas, mientras que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colan, tildaba de “criminal” a la banca por rechazar la alternativa de la dación en pago y por haber causado este problema. Y negaba que fuera verdad que la dación en pago que impulsa la ILP (dación retroactiva, paralización de los desahucios y la creación de un parque de viviendas en alquiler social) supusiera el hundimiento del sistema: “El sistema se ha hundido solo y lo hemos rescatado los ciudadanos”. De paso recordó que la condonación de deuda ya existe: “Las inmobiliarias y las constructoras no pagan, algunos partidos tienen su deuda condonada y las entidades financieras también son morosas”.
En estas circunstancias sólo cabe plantearse nuevamente el dilema entre perder dinero o la vida: ¿Qué es preferible? Por lo visto, el Gobierno no lo tuvo claro hasta que cinco muertes en una semana, un millón y medio de firmas y una espontánea manifestación frente al Congreso el día que debía votar la admisión a trámite de la ILP les hizo rectificar. Ojalá responda a una decisión sincera y admita su responsabilidad en la magnitud y gravedad del problema que los desahucios representan en España.
Ojalá apueste por la dación en pago y por la vida, no por el dinero.
