El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado “ilegal” y “abusiva” la ley hipotecaria española, que se cambiará para adaptarla al derecho europeo, según reconocía el ministro de justicia.
Esta sentencia tiene su origen en la lucha del marroquí Mohamed Aziz para evitar que lo expulsaran de su casa. Cuando firmó su hipoteca ganaba un sueldo que le permitía pagarla. Pero le ocurrió lo mismo que a otras personas: perdió el trabajo a causa de la crisis. Después de no pagar tres cuotas, el banco inició la ejecución del desahucio, que se produjo en enero de 2011. En junio de 2012, un juez español admitió a trámite la demanda que planteó su abogado para solicitar al Tribunal Europeo una cuestión prejudicial. ¿La ley española que permitió el desahucio de Aziz se ajustaba a la normativa europea sobre los derechos de los consumidores?
El tribunal se ha pronunciado en contra de muchos aspectos de la ley española que ha permitido la expulsión de decenas de miles de personas. A partir de ahora, los jueces podrán suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución hipotecaria y evitar desalojos cuando consideren que hay cláusulas abusivas en un contrato. Además, el tribunal fija una serie de principios para determinar si existen esos abusos en la “letra pequeña”. Además de proteger a personas sobre las que se cierne la amenaza de un desahucio, estos criterios obligarán a los bancos a cambiar las condiciones en sus contratos de préstamo hipotecario.
Los motivos de esperanza radican más en el origen de la sentencia y en sus posibles consecuencias que en la propia sentencia. Aziz no estaba solo en su lucha. Lo acompañaban personas que han promovido otras iniciativas colectivas que abordan tragedias personales. En lugar de encerrarse, muchas personas han dado el salto para denunciar las injusticias que han sufrido con la ayuda de las tecnologías de la información. Crece la conciencia de que una iniciativa personal puede ayudar a otros que se encuentran en la misma situación. Ayudar para ayudarse a uno mismo. Ayudarse a uno mismo para ayudar a los demás.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha utilizado las redes sociales para alertar a la gente de desahucios inminentes y las animaba a acudir al lugar para evitar la expulsión. Con esta movilización, junto con las labores de asesoramiento para los afectados por hipotecas abusivas, se ha hecho hueco en los medios de comunicación, algunos de los cuales han tomado partido por contar el testimonio de las víctimas. Esto ha influido en un inicial estado de indignación y en la posterior respuesta solidaria de vecinos, amigos y “desconocidos”. A cualquiera se le puede torcer el camino en este ambiente que muchos perciben de incertidumbre absoluta, de desasosiego, de falta de referentes y de respuesta política.
Los efectos del austericidio no se limitan a España. Por eso, las víctimas de un posible desahucio en Portugal, Grecia e Italia también tienen motivos para celebrar el paso que se ha dado con la sentencia del Tribunal Europeo, pues la jurisprudencia tiene efecto en el resto de países de la Unión Europea.
La sentencia reivindica el papel que pueden tener instituciones supranacionales como la Unión Europea a la hora de defender principios basados en derechos humanos universales. Además de la dimensión monetaria y financiera, las instituciones europeas se crearon para crear un espacio común de convivencia y de respeto de ciertos principios que, en la actualidad, chocan con el rumbo que han elegido las grandes instituciones financieras con la complicidad de los “líderes” de algunos países.
El tribunal europeo ha mostrado ha demostrado una sensibilidad que muchos gobiernos no han tenido hacia una cuestión que afecta a miles de personas cuyas circunstancias han cambiado desde que firmaron una hipoteca abusiva. Ni una mala decisión, ni la pérdida del trabajo ni otras circunstancias amparan los abusos de los bancos, ni tampoco deben condenar a nadie a renunciar a un derecho fundamental.
