Los derechos sociales son una construcción ideológica que justifica y potencia la donación indirecta de recursos de ciertas personas a otras, a través del aparato del Estado y sin contra prestación alguna.
En la práctica, los derechos sociales se establecen sobre la premisa de que las personas deben acceder a ciertos bienes sociales por el simple hecho de ser personas, sin que haya que considerar ninguna circunstancia ajena a este hecho.
Una de las diferencias prácticas entre los derechos sociales y los derechos fundamentales se encuentra en el papel que se atribuye al Estado como garante del ejercicio de ambos.
Los ciudadanos suelen esperar que el Estado ejerza la función de remover los obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado es, por tanto, un “vigilante” que garantiza que los ciudadanos ejercen esos derechos sin impedir o limitar gravemente el ejercicio de los derechos de los demás (por ejemplo, estableciendo normas para que la libertad religiosa no impida la libertad de circulación por las calles en los días de culto).
La adjetivación de ciertos derechos como fundamentales es un asunto de ideología y no de Derecho Natural –o si se prefiere, de Derecho Universal-. Por ejemplo, mientras las constituciones liberales afirman que la propiedad es un derecho fundamental de las personas, las constituciones socialistas rechazan la individualidad de tal derecho, considerándolo un derecho fundamental de la colectividad, administrado por el Estado. En el mismo sentido, la libertad religiosa se considera un derecho fundamental individual en ciertos Estados laicos o no confesionales, mientras en otras sociedades, la libertad religiosa no existe o está radicalmente restringida al ámbito doméstico y castigada en ocasiones con la muerte.
En lo que se refiere a los derechos sociales, el papel del Estado no se limita a una función de guardián sino que se extiende al desarrollo de políticas activas de intervención, las cuales alteran el ecosistema con el objetivo declarado de garantizar un cierto nivel de bienestar a ciertos ciudadanos, sin contra partida alguna.
El modelo de protección de los derechos fundamentales no permite a las Instituciones públicas elegir la orientación ideológica de sus acciones; es decir, no permite privilegiar a un colectivo o grupo con respecto a otro. La Constitución y las leyes establecen cuáles son los derechos y libertades, establece cuál es la prelación en caso de conflicto y establece cuáles son los procedimientos en caso de que no sean respetados. Todos los ciudadanos son iguales, y por tanto, no hay distintos grados de protección de sus derechos fundamentales. El tratamiento desigual se considera disfuncional, y el aparato del Estado actúa para corregirlo.
Sin embargo, la protección de los derechos sociales permite a los dirigentes establecer criterios de selección de los sectores e individuos merecedores de protección, priorizar la cantidad y calidad de los recursos empleados, y, lo que es incluso más importante, determinar qué grupos sociales financiarán los recursos que serán utilizados para poner en práctica las políticas de derechos sociales.
Pero además, la realidad nos ha mostrado reiteradamente que la política activa de promoción de los derechos sociales ha significado que una parte –muchas veces significativa- de los recursos tomados de los financiadores (de quienes pagan impuestos, para ser más claros), se ha quedado en el camino de la gestión, intermediación, consultoría, asesoramiento, promoción etc.; y muchas veces se han dirigido torticeramente a los bolsillos de los gestores públicos y elementos circundantes, contribuyendo a aumentar patrimonios individuales; por no hablar de su uso comprobado –recordemos que estamos hablando del dinero de los contribuyentes- para aumentar las arcas de los partidos políticos que controlan los procesos.
Hay dos características interesantes del modelo de ejecución de derechos sociales de nuestro país: No se considera la forma en que los donantes –los contribuyentes que pagan impuestos- obtuvieron sus propios recursos; y no se considera la conducta previa y posterior de los receptores de los recursos.
Los ciudadanos que no sólo pagan impuestos, sino que además realizan los esfuerzos y sacrificios necesarios para adquirir mediante el trabajo los recursos que les permitan obtener mejores bienes sociales, son sistemáticamente obligados a compartir dichos recursos con tres clases de ciudadanos: Con los que reciben las prestaciones sociales a titulo gratuito, con los gestores que se quedan torticeramente con una parte, y por último, con los listillos que, a título particular o a título de testaferros de partidos políticos y otros grupos sociales, se aprovechan de la situación para sacar su propia tajada. Además, la propia Administración también utiliza una parte de esos recursos en la gestión del proceso, no siempre teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y eficacia.
El resultado perverso de este proceso –el proceso en sí mismo también es perverso- es que el ciudadano recibe a diario mensajes disonantes con la idea de que el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo honrado son el medio para mejorar la calidad de vida propia y de sus allegados; toda vez que personas alrededor que se esfuerzan menos, se sacrifican menos y trabajan menos –incluso las que no trabajan nada- adquieren los mismos bienes sociales con igual o mayor facilidad.
En lo que se refiere a la conducta de los receptores de los bienes sociales redistribuidos, resulta interesante y fácilmente explicable que no se establezca un sistema de control del merecimiento y uso de dichos bienes por sus receptores y, lo que desde un punto de vista objetivo sería fácil de ejecutar, que no se les exija –al menos a cierta clase de receptores- algún tipo de actividad que sirva como contra prestación justa a la ayuda recibida. Un ejemplo: supongamos que el Estado dona una vivienda social a una familia cuyos cuatro componentes están en paro de larga duración. ¿Sería excesivo que a cambio de una vivienda para su familia, al menos uno de dichos componentes trabajara durante algunas horas diarias en alguna dependencia oficial aportando alguna tarea que pudiera desempeñar?
Para terminar esta entrada, otra vez el administrador nos llama la atención por pasar de las 1300 palabras, planteamos la hipótesis de que la inexistencia –o ineficacia- de los sistemas de control sobre las prestaciones sociales puede explicarse porque el control y la supervisión eficaz harían aflorar los procesos de desvío de fondos hacia los bolsillos particulares y las tesorerías de los partidos que controlan dichos procesos. El asunto de los ERE de Andalucía puede ser el paradigma de la situación de arbitrariedad combinada con ausencia de control; que acaba convirtiéndose en impunidad indefinida.
Las prestaciones sociales se declaran como un medio de redistribución de la riqueza a los ciudadanos más desfavorecidos, pero existe un objetivo oculto tras este objetivo declarado: desviar dinero público, es decir, dinero de los contribuyentes, es decir, dinero de quienes pagan impuestos directos e indirectos, es decir, dinero de todos, hacia los bolsillos de quienes controlan esos procesos. Esta conducta se llama robo.
El discurso de las personas favorables a la redistribución de recursos mediante los derechos sociales argumenta la injusticia de un sistema social que favorece a unos pocos y perjudica a muchos; pero la realidad nos muestra que son muchos los que financian el sistema y que son pocos los que realmente reciben una ayuda necesaria, mientras que una proporción notable de los receptores e intermediarios simplemente utilizan los recursos que reciben o gestionan como medio de mejorar su aceptable nivel de vida… y a veces para pegarse una vida de lujo, siempre a cambio de nada.
Ahora bien, no creemos que son los destinatarios de los recursos gratis total y sin justificación alguna los que han quebrado el Sistema; ni los turistas que vienen de Europa a operarse gratis de cataratas a Barcelona, ni las inmigrantes que acuden a parir a La Paz sin haber cotizado, ni los autónomos que no facturan el IVA, ni los dueños de furgonetas que ofrecen transporte barato sin impuestos a las puertas de los centros comerciales, ni los inmigrantes ilegales que quieren matricular a sus hijos en los colegios públicos…
Quienes han quebrado el sistema son quienes, faltando a los deberes de sus cargos de representación popular y servicio al ciudadano, han robado los recursos públicos y los han incorporado a sus propios bolsillos y a los de sus mentores y cómplices.
