Una nueva (y vieja a la vez) perspectiva del problema de la economía en todo el mundo pero, con especial interés en España, es el acumulamiento de la deuda privada (más la pública en la retaguardia). La deuda privada en España, es decir, las deudas sumadas de las empresas más la de los hogares o de los particulares es superior, con creces, a las pública aunque de esta segunda se habla mucho más, por intereses y otras razones que expondré más tarde. Como se indica en El Economista [1], la deuda total agregada (suma de todas las deudas en España) en el 89 era de tan sólo el 133% mientras que en la actualidad, datos de 2011, ascendía a los peligrosos 363%. Este incremento ha supuesto el cierre del crédito por los mercados, y con razones además.
¿Qué nos importa, al Estado, la deuda contraída por los particulares y las entidades en manos privadas? Mucho. En suma, los bancos han concedido créditos “imposibles” por su viabilidad a todos los agentes (empresas, organizaciones, hogares, Estado). Esta riada de crédito, precisamente, se ha ido desarrollando durante los tiempos de la burbuja pero, aun con esta, podría no haberse creado la situación actual ya que, si el crédito hubiera sido concedido más consecuentemente, muchísimas obras, construcciones y miles de razones más se hubieran paralizado y, por tanto, el grueso de la “ficción” económica, sin más remedio, hubiera moderado su peso y su salud. Cuando todos esos créditos con poco sustento han desvelado su verdadera identidad, el sector se ha dirigido a la quiebra inevitablemente y el Estado ha actuado como amortiguador socializando pérdidas de los bancos e, indirectamente, de la sociedad civil. En este trance, la deuda soberana ha escalado lo nunca escalado pero aun así es inferior a la media de la Unión Europea, la que no es inferior es la deuda privada.
La situación de los demás países es comparable viendo el post en GurusBlog [2] a propósito de este hecho encubierto de la deuda privada. Se puede ver como España es el cuarto país del mundo desarrollado con más nivel de deuda total. Otros países aun están en situación de soportar la situación pero, incluso, algunos a los que consideramos alejados de todo peligro, en realidad, se encuentran al borde del abismo. Los bancos, en efecto, han prestado de más, mucho de más y con pocos controles: las llamadas “hipotecas basura” o los bonos y activos tóxicos. Se ha premiado mediante las regulaciones del sector a la invención de productos financieros con capacidad de ocultar su contenido, forma lícita de hacer pasar los activos tóxicos al mercado y extenderlos. El sector financiero se ha visto con la capacidad de crear riqueza por sí mismo cuando no es su función (su función es la captar y redistribuir recursos en la economía). La insolente realidad insulta desde lo más hondo con el fenómeno social e ideológico de que, “lo que es bueno para el sector financiero o la bolsa es bueno para la economía y la sociedad”. Esta frase, de otra manera, la he nombrado en otras ocasiones y no está de más repetirla para los despistados y verificar empíricamente cuán falsa es.
Socialismo envenenado de corporativismo financiero: los políticos más “creyentes” del Estado en su papel de modulador del juego económico y social han caído en la trampa de unir los términos intervencionismo en la economía con proteccionismo y privilegios a distintos sectores económicos. En los países donde el Estado representa una parte de la economía importante y donde los servicios sociales y otras prestaciones son la base del llamado “Estado del bienestar” el palo ha sido mayor con diferencia. La causa es la confusión, por ejemplo, el hecho tan reprobable de salvar a los bancos que han errado es propio de pensar que, sin éstos, la economía no funciona (cosa que es cierta hasta cierto punto) y que es un atrevimiento en un mundo liberal y libre -valga la redundancia- crear bancos nacionales y líneas de crédito pertenecientes al Estado. En consecuencia, los rescates a los bancos han representado la tónica general de las intervenciones “sociales” de los Estados, los cuales, en mente, mantenían que salvándolos evitaban el Apocalipsis y la destrucción de la sociedad civil, la ruptura de la cohesión social, etc. En realidad, los bancos habrían, por justicia social y por la firme defensa de la libertad, de haber sucumbido a sus errores con cero costo a la sociedad. EL Estado hubiera garantizado los depósitos y cuentas de los ciudadanos y los hubiera trasladado a un ente público hasta la solución del problema.
Al final, se cae en la falacia de la maldad del Estado, que, en verdad, ha actuado muy mal pero no es el culpable ni tampoco el que más ajuste requiere -al menos en el caso español-. Los entes privados han pecado de ese extraño deseo pecuniario y han, eso sí, socializado las culpas y reservado su providencia e integridad, nombrados los santos de la creación de empleo y de la riqueza en contra del Estado socialista e intervencionista. Atengámonos a las consecuencias.
