El exdictador de Egipto, Hosni Mubarak y dos de sus hijos (Alaa y Gamal) que formaban parte del destituido gobierno de facto.
Sólo después Perú consiguió encerrar a Rambo Fijimori fugado a Japón, y el temor de todo el mundo, si llegare a ganar la hija en las elecciones del domingo próximo, es tener otro indulto en puertas. Pero ni el Paraguay de Stroessner, ni el Uruguay, ni el Chile de Pinochet consiguieron ese sano ejercicio del derecho mínimo que requiere un pueblo que ha sido forzado, humillado, castigado económicamente y masacrado: el derecho a juzgar los actos criminales como se hace con cualquier ciudadano que infringe la ley.
Por eso es importante este nuevo juicio en agosto en El Cairo, y es un hecho de relieve que el Tribunal Internacional de La Haya sentenciara “en esfigie” a Gadafi por crímenes probados contra su propio pueblo al que dice amar exponiéndolo a bombardeos. Y será importantísimo el juicio a otro criminal como Ratko Mladic, otrora comandante de las milicias serbio-bosnias y responsable de masacrar a no menos de 7000 musulmanes en 1995 durante la guerra civil bosnia, refugiados que estaban bajo la protección de la ONU, desarmados y entre los que había mujeres y niños. Después de estas hazañas, el glorioso militar se escondió como una rata durante diez años en sótanos y caserones abandonados.
Esas 7 mil víctimas absolutamente inocentes (ya que ni siquiera estaban armadas) exigen a la conciencia de la civilización el juicio y castigo a los culpables, pero especialmente a este furibundo militar ideólogo de una “limpieza étnica” en base a la sangre de mujeres y niños.
Los partes médicos informan que padece varias enfermedades: con más razón y agilidad debe responder la justicia de la Corte Internacional, como lo está haciendo, no sea que una enfermedad natural lo mate antes de comparecer y explicar sus decisiones. Lo mejor, lo más sano para la ciudadanía, sería verlo morir en la cárcel, como corresponde.
Después se le hará misa y todas las vituallas, pero los asesinos deben estar donde la ley lo determina: en la cárcel, por más gobierno o poder que detenten, nadie, absolutamente nadie debe estar sobre la ley o la república, que se basa en el principio de igualdad jurídica, se resquebraja y cede desde sus cimientos.