Ser pobre es no poder ir al colegio
Uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. El 27,5% vive en riesgo de pobreza relativa. Desde que comenzó la crisis económica, “la gran mayoría de los indicadores sociales respecto a la situación de la infancia no ha hecho sino empeorar”. Así lo señala el último informe de Unicef, La infancia en España 2014.
Foto: diegodacal
“Ser pobre es, por ejemplo, no poder ir a un colegio y pasártelo bien como todos los demás niños porque tú, a lo mejor, no puedes ir a excursiones donde te lo pasas bien y otros sí”. Así define Sandra, una pequeña de 10 años, la situación en la que se encuentra el 32,6% los niños españoles. Los recortes sociales llevados a cabo por el Ejecutivo no contribuyen a mejorar esta realidad. Más de dos millones de menores viven bajo el umbral de la pobreza.
“Las políticas de austeridad presupuestarias han continuado reduciendo los recursos económicos en los ámbitos de las políticas educativas y sociales que afectan especialmente a los niños y niñas”, denuncian desde Unicef. Las cifras dibujan “un retrato muy desfavorable de la situación de los hogares con niños” y demuestran “la creciente insuficiencia de recursos para escapar del riesgo de pobreza”.
No poner freno a la pobreza infantil tiene consecuencias a corto y largo plazo. “Estamos generando desde la infancia una desigualdad que de no corregirse sólo puede devenir en una sociedad todavía más desigual e injusta en el futuro”, advierten desde la organización. Sin embargo, los responsables políticos parecen haber perdido de vista la vital importancia de proteger a los más pequeños. La escasa inversión pública del Estado español en políticas de protección social de infancia y familia está “a mucha distancia de la inversión media de la Unión Europea (UE): un 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a un 2,2% de la UE”. Desde 2009, la inversión destinada a los más pequeños y sus hogares “se ha reducido significativamente tanto en términos absolutos –1.462 millones de euros menos– como relativos”, alertan desde la ONG.
“El sistema español de impuestos y prestaciones ha sido tradicionalmente uno de los menos efectivos en redistribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea”, aseguran Olga Cantó y Luis Ayala, autores del informe Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: análisis de impacto. Así, España es el segundo país de la UE, tras Grecia, en el que menos capacidad tiene la intervención del Estado para reducir la pobreza.
Las ayudas y becas destinadas a la educación han sufrido el batacazo de los recortes. Entre 2008 y 2013, el monto total destinado a mantener los sistemas de préstamos y ayudas al estudio ha pasado de 303,5 millones a 166,3, lo que se traduce en un recorte del 45%. Con estos datos, recogidos en un informe realizado por el Defensor del Pueblo, se alerta sobre el incumplimiento de la propia Constitución española que invita a “mantener los programas y sistemas de apoyo a la gratuidad en la enseñanza obligatoria”.
Desde 2007 la inversión en infancia se ha reducido un 6,8%, y un 14,6% desde 2010, señalan desde Unicef. La dotación presupuestaria dirigida a la infancia ha disminuido en 6.370 millones, lo que se traduce en 772 euros menos por niño.
“Esta reducción –explican desde la organización– no sólo ha sido muy importante en términos económicos, sino que ha supuesto una significativa reducción del esfuerzo presupuestario en la infancia”.
“Los datos, en sí mismos, no cambian el mundo. Pero si posibilitan el cambio”, concluye Unicef. Gracias a las cifras recogidas por la organización es posible “detectar las necesidades, impulsar las labores de promoción y evaluar los progresos”. Desde la ONG llaman a un “cambio de paradigma en relación a la responsabilidad sobre los niños, su bienestar y sus derechos”. Este año, además, se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea de la ONU. Unicef Comité Español hace una “llamada de atención a las administraciones públicas y a la sociedad española sobre las consecuencias a medio y largo plazo en los niños, no sólo de la crisis, sino de un modelo de políticas de infancia que ha puesto en evidencia su debilidad”.
